Interior pone la formación policial en manos de una universidad católica
La Dirección General de la Policía firma un contrato con la Universidad Católica de Ávila "porque es más barata" que la de Salamanca, tras 28 años de relación con esta última
Una diferencia de 18 euros por hora de clase ha propiciado que la formación de los nuevos inspectores de policía la impartan a partir de ahora docentes de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) en lugar de catedráticos de la Universidad de Salamanca (USAL), como sucedía desde hace 28 años. La escuela de policías de Ávila, Dirección General de Policía (DGP) mediante, ha firmado un contrato de colaboración con esa entidad privada y religiosa. “Es la oferta más barata”, justifican. El ministerio dice haberse “mantenido ajeno” a este acuerdo.
Nadie parece querer hacerse responsable de una decisión que ha generado ampollas en el ámbito educativo porque lo que está en juego no es una mera cuestión económica —supuestamente la Universidad de Ávila rebaja casi a la mitad el coste del “servicio”, de 200.000 a 100.000 euros— sino el modelo de formación policial español y, en consecuencia, los valores que defenderán en el desempeño de sus funciones los futuros agentes.
30 puntos para todas las concursantes
La Mesa de Contratación que analiza las ofertas presentadas a concurso por las universidades para colaborar en la educación de los inspectores de policía de la academia de Ávila le dio la misma puntuación a las tres concursantes en los aspectos técnicos: “30 puntos”, según el vicerrector de docencia de la USAL, José Ángel Domínguez. No le dio más valor al hecho de que la universidad de Salamanca lleve casi 30 años de colaboración con la academia, que tenga por ello un Centro de Ciencias de la Seguridad (con un Grado de Criminología y un laboratorio de criminalística incluido) o la relación recíproca fraguada en este tiempo con una veintena de profesores-policías de la academia que ya imparten clases en la USAL.
“Nunca serán lo mismo el aborto, la eutanasia o la llamada Ley mordaza explicados por un catedrático de una universidad pública que por uno de una católica y privada, en la que manda el obispo”, señala uno de los profesores de Derecho Penal de la USAL que hasta ahora daba clases en la academia de policías.
El Ministerio del Interior, pese a las buenas relaciones que mantiene su titular en funciones, Jorge Fernández Díaz, con el prelado Jesús García Burguillo, se desmarca del acuerdo y habla de “decisión delegada” en la Dirección General de la Policía (DGP). Y esta se remite a la “resolución de una mesa de contratación” responsable de dirimir si las universidades que se presentan al concurso cumplen con los requisitos. “Tienen las mismas condiciones técnicas, pero ante un máximo de 100 euros la hora, Salamanca ofreció 98, Sevilla 95 y Ávila 80”. El obispo, por su parte, dice: “Lo más oportuno es que se dirija a la Escuela de Policía”. Y en la UCAV se niega a hacer declaraciones.
Históricamente existía un convenio de colaboración entre la USAL y la academia de policías, pero la Ley de Contratos obligó a sacar el servicio a concurso hace cuatro años. Hasta ahora ganaba Salamanca sin competencia. Pero este año la balanza se decantó hacia Ávila, “de un total de 100 puntos, 65 se le dan a la mejor oferta económica”, explican en la DGP.
Pero la decisión de la mesa de contratación —formada por un miembro de la División de Formación de la Policía, otro de la Intervención Delegada de Hacienda y un abogado del Estado—, no entra a valorar el carácter laico de la educación en una universidad pública frente a una católica. Tampoco el hecho de que se privatice ese servicio. Ni que se cambie un funcionamiento histórico y común a todas las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos acuerdos de colaboración en los planes de estudio están ligados a las universidades públicas de referencia (el ejército y la Guardia Civil con la UNED, por ejemplo).
Tampoco parece tener en cuenta este contrato de finales de septiembre el hecho de romper una relación de 28 años con una de las universidades más prestigiosas de España. “Se han primado los criterios económicos sobre el prestigio académico y una colaboración de décadas”, decía Daniel Hernández Ruipérez, rector de la USAL, que al enterarse del acuerdo el 24 de septiembre convocó a los vicerrectores y decidieron que ninguno de los 19 profesores de la USAL que van a la academia volvería, pese a que el curso ya había empezado.
La guerra está abierta. La primera batalla se librará en los tribunales. El decano de la Facultad de Derecho de la USAL, Ricardo Rivero, prepara un recurso “por falta de solvencia técnica”. Desde la DGP abren la puerta: “Lo estudiaremos con rigor”.
Formación policial y Estado de derecho
¿Cuál es el perfil idóneo para formar a los policías en un Estado constitucional? Hasta ahora se consideraba que sus docentes debían ser expertos en temas de seguridad, identificados con los valores de los derechos humanos, conocedores de las líneas de investigación más avanzadas en cuestiones técnicas (informática, estadística). También psicólogos especializados en criminología, por supuesto, preparados para despejar prejuicios discriminatorios de todo tipo.
Muy difícil sería aceptar que profesores de centros privados o empresarios particulares se ocuparan de dar clase a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Menos aún, que alguien sin experiencia alguna asumiera la responsabilidad de transmitir convicciones sensibles en disciplinas tan relevantes como el Derecho Penal o el Procesal. ¿A quién se le ocurriría algo así? ¿Quién podría frivolizar con la preparación de quienes son garantes de las libertades?
El Ministerio del Interior ha adjudicado a una universidad privada de la Iglesia la formación de los futuros inspectores de policía. Casi tres décadas de trabajo conjunto de la Universidad de Salamanca con el Centro de Formación de la Policía Nacional se ponen en riesgo con esta decisión. Si hasta ahora sus profesoras y profesores eran funcionarios y contratados —doctores y doctoras—, este curso académico la dirección general ha decidido que sean los de una institución de base religiosa católica. A mi juicio, los principios del marco normativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España impiden la externalización y privatización de la enseñanza oficial de los funcionarios policiales. Por eso, seguramente, las condiciones técnicas de esta contratación excluyen a las universidades que no acrediten contar entre su plantilla a profesores de los cuerpos docentes regulados en la Ley Orgánica de Universidades. ¿Cómo puede cumplir este requisito una privada?
De no haber documentado su solvencia, debería haber sido excluida del proceso de selección. Si no aportara evidencias suficientes sobre la capacidad profesional acreditada de miembros de su plantilla, ni siquiera podría haber sido admitida su oferta. Es muy difícil de concebir un resultado positivo cuando no se dan los elementos imprescindibles de la suma. ¿Cómo aceptar la privatización de una actividad que requiere necesariamente funcionarios?
Más allá de la verosímil discusión sobre la ilegalidad de la adjudicación, el punto de fondo es trascendente: ¿Qué mensajes formativos queremos que reciban los policías de la escala ejecutiva, es decir, quienes van a llegar a ser al avanzar en su carrera nada menos que comisarios? Hasta ahora —Salmantica docet— se les insistía en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, desde la más transparente de las neutralidades partidistas y el respeto al interés general.
¿Les importa a ustedes? A mí mucho y no solo como profesor con docencia allí desde el año 1993, como catedrático de Derecho Administrativo preocupado por la falta de cumplimiento de la legalidad, como decano de una facultad destacada en la investigación criminalística. Soy un ciudadano que quiere vivir en una democracia y un Estado de derecho de calidad, así que considero fundamental la formación de nuestra excelente policía.
Ricardo Rivero Ortega es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
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