Los arrepentidos de la trama Gürtel incriminan al exmarido de Ana Mato

Dos acusados arrepentidos del juicio del caso Gürtel, el empresario Alfonso García-Pozuelo y el economista Roberto Fernández, incriminaron este martes directamente al exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exsenador del PP Jesús Sepúlveda. Ambos relataron ante el tribunal que Sepúlveda, exesposo de la antigua ministra de Sanidad Ana Mato, recibió sobornos del supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Parte de estos fondos sirvieron para financiar la campaña electoral del PP en las elecciones municipales de 2003. Fernández, que fue concejal de Hacienda con Sepúlveda, llegó a contar que vio personalmente cómo Correa le entregaba un sobre con dinero el exregidor, para quien la fiscalía pide una pena de 15 años y cuatro meses de prisión por diversos delitos de corrupción.

La primera sesión del juicio propiamente dicho, tras cuatro jornadas dedicadas a cuestiones previas, permitió a las fiscales anticorrupción Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, apuntalar una serie de aspectos de sus escritos de acusación. La declaración más sustanciosa, por larga y detallada, la prestó Roberto Fernández. Este profesional, exdecano de Económicas de la Universidad CEU San Pablo y exvicerrector de la Complutense, enmarcó su declaración —una verdadera carga contra Jesús Sepúlveda— en un intento de mostrar a sus hijos que se puede salir adelante "después de haber tocado fondo".

Tras reconocer, con carácter general, que los hechos relatados por la fiscalía en su escrito de acusación son "ciertos", Fernández aseguró que el alcalde Sepúlveda, su jefe en el Ayuntamiento, le dijo que Francisco Correa le daba fondos en efectivo para sufragar los gastos electorales de la campaña de 2003, que se habían "disparado". El exedil de Hacienda y Contratación aseguró que un emisario del líder de la trama Gürtel acudió "en tres o cuatro ocasiones" con sobres con dinero negro. "Sé que [desde las sociedades de Correa] se le dio 100.000 euros a Sepúlveda para la campaña electoral", dijo Fernández a preguntas de la fiscalía.

La representante del ministerio público profundizó en esta idea, y preguntó directamente a Fernández: "¿Ha visto cobrar comisiones y recibir regalos al señor Sepúlveda?". La respuesta fue contundente: "Sí, dinero que venía en sobres. Se entregaba siempre en efectivo en su despacho y en El Barrial [centro comercial de Pozuelo]. En muchas ocasiones no sé quién lo entregaba, y en otras sí: gente del grupo Correa. En una ocasión Correa en persona y en otra Isabel Jordán. Viajes, comidas... eran pagados por el grupo Correa. Un día [Sepúlveda] me pidió que le acompañase a Serrano a comprar un bolso de Loewe y me dijo que lo pagaba Paco Correa".

El exedil apuntó asimismo la posibilidad de que la trama corrupta estuviera al tanto de las investigaciones contra ella. En una reunión, afirmó, Sepúlveda prohibió a sus concejales "volver a contratar con las empresas de Correa". "Estábamos todo el grupo municipal, había constancia de un seguimiento policial y escuchas policiales y no querían que bajo ningún concepto se establecieran relaciones con las sociedades de Francisco Correa", afirmó.

Las respuestas de Fernández fueron acogidas con indignación por la defensa de Sepúlveda. Su abogado, Alberto García Muñoz, trató de quitar crédito al acusado con insinuaciones personales. El letrado llegó a decir que joyeros, camellos y prostitutas llamaban al Ayuntamiento para reclamarle el pago de deudas.

Previamente, otro acusado, Alfonso García-Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, había lanzado otra andanada contra Jesús Sepúlveda. El empresario también reconoció haber realizado pagos al exmarido de Ana Mato por valor de unos 65.000 euros en el año 2004. Estos fondos forman parte de una mordida mayor supuestamente pagada a través de Correa al extesorero del PP Luis Bárcenas y al exdiputado popular Jesús Merino. Según el sumario, estos supuestamente se concertaron con Correa para adjudicar contratos públicos de construcción de carreteras y tratamiento de residuos a cambio de dádivas. Se supone que Bárcenas cobró 1.248.561 euros en comisiones por intermediar en las adjudicaciones y Merino 331.737 euros.

El primer acusado en sentarse a declarar fue el empresario Jacobo Gordon. Este economista de formación, amigo personal de Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar, reconoció que percibió 300.000 euros en negro de Correa para la compra de una parcela urbanizable en el Monte del Pilar de Majadahonda (Madrid), valorada en cinco millones y cuyo dueño exigía el pago de 750.000 euros en b. La cantidad de Correa se entregó a través de la sociedad Rustfield.

En esta inversión inmobiliaria liderada por Gordon supuestamente participó, también con dinero negro, el entonces alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que puso 150.000 euros a través de la sociedad Sundry. Gordon relató que recibió el dinero de manos del regidor en un sobre en un restaurante y que contó la cantidad "en el baño". La acusación pública pide 50 años y diez meses para Ortega.

Gordon apuntó también Correa le presentó a otro de los grandes protagonistas de la red corrupta, el extesorero del PP Luis Bárcenas, que se planteó entrar en la compra de los terrenos de Majadahonda. "Vimos a varios inversores, uno de ellos fue el señor Luis Bárcenas, con quien me reuní en un hotel. Le enseñé el proyecto y los planos, pero días más tarde me dijo que no estaba interesado en invertir", afirmó Gordon.

Los tres acusados que han confesado esta mañana sus delitos tienen un aspecto en común. Para todos ellos la fiscalía pide penas en torno a dos años de prisión, con lo que si se les aplican atenuantes podrán, en caso de ser condenados, evitar su entrada en la cárcel.

Por la mañana, el tribunal ha escuchado las grabaciones de dos antiguos imputados de la trama que no han podido ser procesados, uno por demencia sobrevenida, el empresario Rafael Naranjo, y la fallecida Mar Rodríguez. La sesión se reanudará el próximo jueves, con la audición de otras dos grabaciones del fallecido arquitecto Leopoldo López y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, cuya causa se ha archivado por motivos de salud mental. Tras este acto, será llamado a declarar Francisco Correa, el cerebro de la trama, que ya ha avanzado su voluntad de reconocer los hechos.