Baltasar Garzón: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo”

Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucción de lo que fue una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo. Todo conduce, de uno y otro modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas —el extesorero del Partido Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la financiación cuando menos irregular del PP, el señalamiento —con creciente insistencia y claridad— de esta formación política como estructura que se prestó a la más evidente degradación y la extensión territorial de la ilícita actuación del grupo criminal investigado.

La consolidación de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia. Hay que añadir como telón de fondo la falta de consistencia de los argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado, incluso con menos garantías de las que yo empleé.

En el caso del franquismo, las sucesivas condenas y denuncias internacionales por la pasividad judicial española, auspiciada desde el Tribunal Supremo pero claramente insostenible jurídicamente por lo que comporta de abandono de las víctimas, han sido no solo abundantes, sino también definitivas para evidenciar, aún más si cabe, su clara posición de garantes de la impunidad más ramplona. Tan solo se salva del naufragio judicial la encomiable acción en Argentina con la tramitación de la querella por tales crímenes, de acuerdo con el principio de jurisdicción universal. Junto a la acción judicial, las exigencias por parte de la sociedad civil, unida en una plataforma de organizaciones, se han concretado en la demanda de una Comisión de la Verdad en España.

En el tercer caso seguido contra mí, por la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York (UNY) en los que participé como director, todavía estoy buscando la base jurídica que justifica que la actuación, cuando menos extraña, del Tribunal Supremo y, especialmente, de quien hoy asume la presidencia de su Sala Segunda, el mismo que demostró —y sigue haciéndolo— una animadversión congénita contra mí no solo en ese proceso como instructor, sino también, y simultáneamente, como juzgador en el caso Gürtel, en varias sentencias de otros casos que yo instruí y también en los de jurisdicción universal.

A lo anterior ha venido a unirse una serie de circunstancias que dan nuevas pistas para desvelar la trama que se urdió en torno a este espacio, con la inestimable colaboración, aunque algunos no fueran conscientes de ello, de los organismos judiciales que no atajaron a tiempo la actuación de determinadas estructuras como Manos Limpias o Ausbanc, con las cuales tuve una confrontación profunda en diferentes ocasiones porque, para mí, sus intenciones torcidas eran evidentes. Unas intenciones que fueron oportunamente aprovechadas, desde la Justicia, por quienes no tienen demasiados escrúpulos para obtener los fines que persiguen.

Allá por los años 2006 y 2007, muy pocos nos enfrentamos a este tipo de organizaciones, que no eran las únicas que instrumentalizaban la justicia. Y pagamos un alto precio. Era un hecho que se utilizaban, y se ha seguido haciéndolo, según convenía desde el aparato judicial, y a su vez aquellas hicieron lo propio con este, en una especie de tortuosa retroalimentación que ha llevado a un deterioro gravísimo de la justicia. Que Manos Limpias y Ausbanc abanderasen ciertas causas judiciales, y que se haya consentido el ejercicio de la acción popular por este seudosindicato y esta extraña organización, lo único que ha conseguido ha sido denostar el ejercicio de la acción popular convirtiéndola en un instrumento de extorsión aceptado por un determinado sector del poder judicial, que no ha sabido discernir entre una acción en defensa de la sociedad y un instrumento de chantaje o coacción.

Por lo demás, si se confirmara —como han informado algunos medios de comunicación— que jueces, fiscales y/o abogados han estado más o menos conectados con esas estructuras, incluso con su financiación, o que se han aprovechado de ellas, supondría el desprestigio insuperable de un sistema que ya hace aguas por demasiadas partes. Aunque para la regeneración de este viciado esquema habrá que esperar mucho tiempo, más que el que le ha bastado al CGPJ para defender los cobros de cursos y conferencias que estas organizaciones, especialmente Ausbanc, han pagado a profesionales de la Justicia. Resulta vergonzoso cómo se justifican comportamientos que quedan muy alejados de la ética judicial.

En este contexto se desarrolló la específica y especialmente diseñada teoría del Supremo para admitir las querellas contra mí. La afirmación de que no es inverosímil que se haya podido cometer el hecho denunciado en la querella no deja de ser cuestionable como atentatorio al principio de seguridad jurídica. No fue ni siquiera una presunción, sino directamente un señalamiento con prejuicio incluido y con una tendencia insistentemente parcial en mi contra desde el principio. Las reiteradas negativas a la abstención para juzgarme, que obligaron a mis defensas a plantear sucesivas recusaciones, nos llevaron hasta la celebración de un juicio en cuyo tribunal se integraron los dos instructores de los otros dos procesos tramitados contra mí —Luciano Varela y Manuel Marchena—, cuya imparcialidad era más que cuestionable, como mi defensa puso de manifiesto en su momento. Si alguna duda tenía de que no sería un juicio imparcial, todas desaparecieron justo en ese momento. Los que me conocen saben que no pienso algo diferente a lo que dije en aquel instante. Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo.

Sí es cierto que hubo algo que me molestó y que, aún hoy, me sigue llamando la atención: la doble moral con la que se comportaron algunos de los magistrados que participaron en las causas que se siguieron contra mí. Que no se abstuvieran los magistrados que habían participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la escena de enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuación a la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garantías necesarias y con la proporcionalidad más exquisita en relación con los bienes jurídicos en juego, era preconstitucional… cuando casi todos ellos venían de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento Nacional. No era mi caso, al ser mi promoción la primera que entró con la Constitución vigente. Aunque nada de ello me gustó, a la postre me ha ayudado a entender muchas cosas. Si algún comportamiento no constitucional hubo fue el de quienes no respetaron la presunción de inocencia y se dejaron guiar por prejuicios contra alguien que no había cometido delito alguno.