María Antonia Munar: “Estoy muerta política, social y económicamente”
La expresidenta del Parlamento balear reconoce el cobro de parte de los 4 millones de euros de un soborno
La expresidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar, ha reconocido entre sollozos el cobro de parte de los cuatro millones de euros exigidos a un empresario para adjudicarle el mayor terreno edificable de Palma. "Pido perdón, me arrepiento muchísimo", ha dicho la que fuera presidenta de Unió Mallorquina, quien ha manifestado que tras una vida "intentando creer en la igualdad" ha perdido todo lo que tenía. "No sólo estoy privada de la libertad física, sino que estoy muerta política, económica y socialmente", ha relatado.
Munar está siendo juzgada por el cobro de un soborno de cuatro millones de euros en un proceso por jurado popular en el que le acompañan el exvicepresidente del Consell De Mallorca, Miquel Nadal, el exconsejero insular de Territorio, Bartomeu Vicens, el empresario que pagó el soborno Román Sanahúja y el intermediario Miquel Llinás. La fiscalía pide para ella cuatro años de cárcel y una multa de siete millones de euros, una pena que su defensa pretende rebajar con su testimonio beneficiándose de varias circunstancias atenuantes, como la confesión, las dilaciones indebidas y la reparación parcial del daño al haber consignado 150.000 euros.
"En estos momentos, pido perdón por todo lo que ha pasado. Si no he confesado antes es porque no he podido. Desde hace un año decidí cooperar con la justicia y declarar. Pensé que podía llegar a un acuerdo global como otros políticos", ha explicado en un discurso entrecortado dirigido a los miembros del jurado.
La expolítica ha negado la posesión de bienes ocultos o de cuentas en Andorra u otros países y ha manifestado que todos sus bienes están embargados por este caso. El dinero que ha consignado en el juzgado, según ha dicho, lo ha recaudado a través de familiares y amigos que se lo han prestado para hacer frente a las multas y la responsabilidad civil.
Relato de un soborno
Durante la primera jornada del juicio, los acusados han expuesto el relato pormenorizado y detallado del proceso que les llevó a repartirse los cuatro millones de euros del soborno. Según lo expuesto por los propios procesados, Munar junto a su mano derecha Nadal y el exconsejero insular Vicens pidieron cuatro millones de euros al empresario Román Sanahúja a cambio de adjudicarle el solar de Can Domenge.
La cantidad viajó desde Barcelona, donde se encuentran las oficinas de la empresa Sacresa, dividida en dos partes por vía aérea. Una vez en Palma el dinero fue entregado en efectivo al intermediario Miquel Llinás, un amigo de Vicens que ha reconocido que se quedó con 35.000 euros y un bolígrafo de marca a cambio de su colaboración. Llinás ha reconocido al fiscal que lo transportó en bolsas hasta el aparcamiento de la sede del Consell de Mallorca, donde se lo entregó a Vicens. Un proceso que repitió en otra ocasión para transportar el resto del dinero. Según ha declarado Nadal, las cantidades se las dieron en "un sobre grande".
Parte de ese soborno, según ha confesado el exconsejero, sirvieron para financiar su candidatura a la alcaldía de Palma en las elecciones de 2007 mientras que el resto fue dividido entre los tres altos cargos de la formación. Ha sido precisamente Nadal quien ha confesado a preguntas de la fiscal Ana Lamas que Unió Mallorquina manejaba una caja B que estaba custodiada por el entonces consejero insular de Hacienda, Miquel Angel Flaquer. "Había dinero negro en UM" ha dicho Nadal.
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