El Constitucional permite al Gobierno eludir el control del Congreso
El Tribunal acepta la petición del Ejecutivo que demora su sentencia
El Tribunal Constitucional permite que el Gobierno en funciones eluda el control parlamentario. El tribunal no lo hace porque haya decidido fallar a favor del Ejecutivo en el recurso que presentó el Congreso en la anterior legislatura, sino porque dilata los plazos y no habrá resolución hasta que termine el periodo de limbo institucional por la investidura de un nuevo presidente del Gobierno o por la disolución automática de las Cortes el 31 de octubre. De facto, el pleno del Constitucional lo decidió así el jueves al estimar una petición del Ejecutivo.
El pleno del Tribunal Constitucional decidió el jueves estimar una petición del Gobierno que, en la práctica, supone permitir que el Ejecutivo en funciones pueda seguir eludiendo el control parlamentario hasta que se disuelvan las Cortes el 31 de octubre o haya una investidura. Mariano Rajoy, presidente en funciones, lo ha conseguido.
El Tribunal decidió estimar la petición del Abogado del Estado —es decir, del Gobierno— para que se practique una prueba. En concreto, que se pidan datos sobre un antecedente de los años noventa y que se solicite documentación al Congreso. Esas referencias ya estaban en los escritos de las Cortes y del propio Gobierno en el conflicto de competencias admitido a trámite el pasado mes de junio por el Constitucional.
Primer pleno con el Congreso en contra
El martes se celebrarán los dos primeros plenos del Congreso de los Diputados de la legislatura, tras el de constitución y el de investidura fallida de Mariano Rajoy.
Ana Pastor hizo que el pleno aprobado por todos, salvo el PP, por el nombramiento frustrado de Soria se retrasara hasta después de las vascas y gallegas.
Luis de Guindos no irá y los portavoces tendrán tres minutos para intervenir y, previsiblemente, arremeter contra el Gobierno.
A continuación se inicia otro largo pleno en el que, entre otras cosas, se aprobará una comisión de investigación sobre “la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos”.
Pero la admisión de las peticiones de prueba supone de facto favorecer al Gobierno o, al menos, permitir que siga eludiendo el control del Parlamento mientras esté en funciones. Lo hará sin necesidad de decidir sobre el fondo porque el fallo con toda seguridad no llegará hasta después del 31 de octubre, fecha límite para la disolución automática de las Cortes si no hay investidura del presidente del Gobierno.
El recurso lo presentó el Congreso con el voto de todos los partidos, salvo el PP, contra el Gobierno, tras el plantón de varios ministros y el propio Mariano Rajoy a las Cortes cuando fueron convocados para someterse a preguntas de los diputados.
La Moncloa entendía que un Parlamento que no ha elegido a este Gobierno no tiene capacidad para someterle a control. Esa tesis la sigue manteniendo el Gobierno tras la repetición en junio de las elecciones y es el argumento al que se agarra para eludir las comparecencias de ministros. El Ejecutivo asegura que debe esperarse a la resolución del Constitucional y este ha decidido tomarse la decisión con calma. Primero, no abordando el asunto hasta finales de septiembre. Segundo, admitiendo la petición del Gobierno que de hecho retrasa el fallo. Y, tercero, demorando la sentencia.
Según el propio tribunal, una vez que se reciban los documentos solicitados habrá un nuevo plazo de alegaciones de las partes y el ponente, Santiago Martínez Vares, empezará la redacción de la sentencia. Según esas fuentes, es habitual que no se presente al debate en el pleno hasta que no haya un borrador redactado, por lo que no es probable que llegue antes de finales de octubre. Para entonces ya no será efectiva la decisión porque el Gobierno habrá eludido el control del Congreso. La decisión quedará solo como doctrina para el futuro.
Nuevo plantón
Este mismo martes, el pleno del Congreso se abrirá con la convocatoria del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que de cuenta del nombramiento en el Banco Mundial del exministro José Manuel Soria. Guindos no irá, como no fueron en la anterior ninguno de los ministros convocados, incluida Ana Pastor, hoy presidenta del Congreso, con el argumento de que es preciso esperar la sentencia del Constitucional. Y a la siguiente semana habrá sesión de control con preguntas, pero sin respuestas porque el simple paso del tiempo favorece al Gobierno en funciones.
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