El fiscal negocia con Jaume Matas una confesión de todos sus delitos

Según fuentes de la acusación, el acuerdo de conformidad ya se ha alcanzado en “dos o tres” piezas del caso Palma Arena, que investiga las irregularidades en torno al velódromo de Palma. En ellas, se acusa a Matas únicamente de delitos de prevaricación administrativa, que no llevan aparejados pena de prisión sino de inhabilitación. En aquellas causas en las que se acusa al expolítico de otros delitos, como la malversación, el acuerdo todavía no se ha cerrado y la negociación prosigue.

De la negociación queda forzosamente fuera el caso Nóos, que ya ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Baleares. En esta pieza, la número 25 de las 28 del macrosumario Palma Arena, en la que están procesados, además de Matas, la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, el fiscal pide para el expresidente balear una pena de cinco años de prisión frente a los 11 que pedía inicialmente al apreciar los atenuantes de colaboración con la justicia y reparación de daño. En caso de resultar finalmente condenado en esta causa, ningún pacto en con el fiscal en el resto de las piezas libraría a Matas de volver a prisión. El expolítico ya cumplió en abril de 2015 una condena de nueve meses de cárcel por tráfico de influencias.

El diario El Mundo informa este martes de que el fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, había dado el visto bueno para un acuerdo ya supuestamente cerrado entre la defensa de Matas y el ministerio público. Fuentes próximas al jefe anticorrupción niegan este haya dado ninguna autorización para un pacto global con Matas.

En los últimos meses, el juez José Castro ha iniciado el procesamiento de Matas en nueve piezas separadas del caso Palma Arena. Entre las más importantes que quedan por juzgar figura la número 24, en la que el juez ha pedido procesar a Maras por un delito de blanqueo de capitales al considerar probado que el incremento patrimonial de matrimonio Matas-Areal a raíz del sobrecoste de las obras del Palma Arena les llevaron a comprar el palacete, así como un piso en Madrid a nombre de un presunto testaferro que fueron reformados según el juez, con dinero en efectivo y sin factura.

Otra de las piezas importantes es la número 27 del llamado caso Over, en la que también está imputada la exconsejera Castillo y que investiga adjudicaciones desde consejerías del Gobierno regional a una empresa que organizó la campaña electoral del PP.

Las negociaciones con el expresidente balear comenzaron hace más de dos años cuando Matas se encontraba encarcelado en Segovia para cumplir una condena de nueve meses de prisión por tráfico de influencias por una pieza del caso Palma Arena. Ahí se iniciaron los contactos entre el fiscal Pedro Horrach y la defensa del expresident, que tras varias reuniones no llegaron a buen puerto porque anticorrupción siempre ha puesto como condición inamovible la exigencia del ingreso en prisión además de la confesión y la devolución del dinero.

El siguiente intento de acuerdo se produjo en septiembre del año pasado, cuando el exministro tenía que declarar por el caso Son Espases que investiga el intento de amaño en la adjudicación de las obras para construir el hospital de referencia de la comunidad, que se concedió por 635 milones de euros a la empresa Dragados en detrimento de OHL. Ese día, Matas estaba dispuesto a explicar su actuación en el proceso, pero horas antes de materializarse la declaración se echó atrás. Es en esta causa donde lo tiene más difícil, porque pesa sobre él la confesión de la que fuera consejera de Sanidad de su Gobierno, Aina Castillo, quien afirmó ante el juez Castro que el entonces presidente había ordenado el amaño del concurso en favor de una de las empresas de Villar Mir, con la oferta más cara y en detrimento de otras más ventajosas.

El último asalto conocido hasta ahora se produjo durante el juicio por el caso Nóos, donde la fiscalía pedía once años de cárcel para Matas. Días antes de arrancar el proceso y avanzando su postura, el exministro puso a disposición de la justicia la mitad de su palacete de Palma para hacer frente a la responsabilidad civil y asegurarse una rebaja en la petición de la fiscalía que entonces era de once años de cárcel. Durante la vista, el expresidente realizó una confesión parcial de los delitos afirmando que contrató a dedo a Iñaki Urdangarin pero descargando gran parte de la responsabilidad administrativa de las decisiones en su subordinado, el director general José Luis Ballester. Anticorrupción pasó a solicitar cinco años de prisión frente a los once iniciales.