Moncloa reúne información detallada sobre asuntos parados por el bloqueo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a los ministerios información detallada de cada una de las decisiones que están pendientes desde que hace casi un año el Ejecutivo pasó a estar en funciones y, por tanto, no pueden tomarse.

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La mayoría de ellas tienen que ver con nombramientos y supone que más de un centenar de cargos de diferente rango estén pendientes de renovación desde entonces. Y previsiblemente no podrán ser renovados como mínimo hasta final de año o a principios del que viene si hay que celebrar elecciones por tercera vez. También están pendientes decisiones que tienen que ver con asuntos económicos como concursos en el extranjero, subvenciones o cualquier otra que afecte a presupuestos.

Hace meses La Moncloa tomó la decisión de que cada una de las resoluciones adoptadas fueran acompañadas de informes específicos de la Abogacía del Estado sobre la capacidad del Gobierno en funciones para seguir adelante. Se trataba de evitar futuros recursos de perjudicados por cada una de ellas.

Una de las conclusiones es que los ministerios han tomado diferentes caminos y, además, los abogados del Estado han actuado con criterios restrictivos para evitar futuros problemas legales. La ley del Gobierno es muy ambigua sobre la capacidad del ejecutivo en funciones y se limita a asegurar que “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. Es decir, la salvedad es un concepto indeterminado e interpretable y ese es, precisamente, uno de los problemas surgidos.

Por ejemplo, en estos momentos hay pendientes de decisión del Gobierno una treintena de puestos relevantes de fiscales. El Ministerio de Justicia entendió inicialmente que era posible proceder a esos nombramientos puesto que solo es ratificar la decisión que procede de la Fiscalía y el Consejo Fiscal, pero finalmente ha preferido esperar.

En teoría ese parón no afecta al funcionamiento ordinario porque se trata de proceder a la renovación de sus titulares y, por tanto, siguen desempeñando sus funciones o, en otros casos, las competencias son asumidas por los siguientes en la institución. Afectan, por ejemplo, a jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, porque su titular Javier Zaragoza está pendiente de renovación; cinco fiscales superiores, entre ellos el del País Vasco, Juan Ramón Calparsoro; ocho fiscales jefes de diferentes provincias; los fiscales de medio ambiente, cooperación internacional, criminalidad informática, extranjería y antidroga, entre otros.

También quedará vacante la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, porque su titular Antonio Salinas se jubila en los próximos meses. Será sustituido provisionalmente por el número dos de la fiscalía anticorrupción, hasta que haya Gobierno y pueda tomar una decisión definitiva.

En esa institución, un efecto colateral es que la actual fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, cumplirá en diciembre dos años en el cargo y ya no podrá ser prorrogada si el siguiente Gobierno quisiera hacerlo.

En otros ministerios hay una situación similar en cuanto a nombramientos. Por ejemplo, los de embajadores. En la Junta de la Carrera Diplomática del mes de enero (máximo órgano decisorio en materia de personal en la carrera diplomática) el subsecretario de Exteriores explicó que el criterio del Ministerio de la Presidencia y de la Abogacía del Estado es que un Gobierno en funciones no puede nombrar embajadores. Según consta en el acta de esa reunión, el subsecretario explicó que “el criterio, tanto del Ministerio de la Presidencia como de la Abogacía del Estado, es que, al ser los embajadores altos cargos, su nombramiento no tendría el carácter de asunto corriente, por lo que no se puede realizar. El proceso se reactivará cuando haya un nuevo ministro”. Entonces había 170 peticiones para 44 embajadas.

Con ese criterio, el mismo que el Justicia para la Fiscalía, Exteriores ha mantenido en el puesto a los que se han jubilado y ha dejado en manos del ministro consejero (número 2) la jefatura de aquellas representaciones diplomáticas que han quedado vacantes por dimisión o fallecimiento.

En Defensa, sin embargo, se ha seguido nombrando altos cargos pese a encontrarse en funciones. Como informó EL PAÍS, desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, el Gobierno ha designado, a propuesta del titular de Defensa, Pedro Morenés, a seis altos cargos, todos ellos militares.

En la lista de asuntos pendientes se incluye trasposiciones de directivas europeas y otras pendientes de decisión estrictamente política. Por ejemplo, la aprobación del decreto para actualizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios una vez que se prorroguen los Presupuestos.

Respecto a los nombramientos, el Gobierno ha constatado que la casualidad ha hecho que no haya renovar instituciones constitucionales hasta el mes de enero. La primera será la de cuatro miembros del Tribunal Constitucional y le corresponderá al Senado a partir del 29 de diciembre. Los que salen son el presidente, Francisco Pérez de los Cobos; la vicepresidenta, Adela Asúa; y el magistrado Ricardo Enríquez, que fue nombrado en sustitución de Francisco Hernando. De esta terna era también Luis Ortega, cuya plaza está vacante desde su fallecimiento.