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El Ejecutivo en funciones tendrá que tomar decisiones contra reloj

El equipo de Rajoy deberá renovar cargos de la administración, elegir la hoja de ruta de la economía o la política exterior de España

Ana Pastor, entre Alicia Sánchez Camacho (d) y Rosa Romero.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy tomará en las próximas semanas múltiples decisiones de calado mientras está en funciones. La ley de gobierno limita su capacidad de acción en esas circunstancias. Sin embargo, tras elegir a los representantes de España en el Banco Mundial o el FMI, el PP decidirá si usa los decretos ley para renovar cargos clave de la administración, recaudar 6.000 millones más con el impuesto de sociedades o prorrogar ayudas y subvenciones.

Frente a la falta de jurisprudencia, los expertos critican la falta de un criterio común en las decisiones del Ejecutivo de Rajoy y el PSOE le anima a que resuelva con decretos ley las cuestiones más urgentes, como la renovación de la presidencia y la vicepresidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debe producirse antes del 6 de octubre.

 “Si el Ministerio de Economía dice que no puede nombrar al presidente de la CNMV, ¿por qué puede elegir al representante de España en el directorio del Banco Mundial?”, se pregunta Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, sobre el polémico nombramiento de José Manuel Soria para este organismo internacional —el exministro renunció ayer al cargo—. “Es una contradicción que pone de manifiesto que estamos en un ámbito límite”, añade este especialista favorable a una interpretación restrictiva de la capacidad de acción que fija la ley de gobierno para los gobiernos en funciones. ¿Cuántas decisiones de este tipo tendrá que tomar el Gobierno en las próximas semanas? “No lo hemos estudiado”, admitió una fuente del Ejecutivo.

Estas son las materias sobre las que tendrá que decidir.

Administración. Cargos de la máxima importancia en la Administración van a quedar vacantes en las próximas semanas: por ejemplo, la presidencia y la vicepresidencia de la CNMV, que no podrán seguir en funciones salvo que el Ejecutivo introduzca esa posibilidad a través de un decreto ley; o el número dos del Banco de España. Además, tres consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia llevan en funciones desde septiembre de 2015, cuando era previsible que las elecciones de diciembre permitieran la formación de un Gobierno que decidiera su futuro. Los expertos consultados aseguran que la falta de transparencia hace imposible saber cuántos puestos internacionales están pendientes de renovar, o incluso si el Ejecutivo ha promocionado ya a candidatos para instituciones como la Comisión de Derecho Internacional, dependiente de la ONU, que renueva sus cargos en noviembre.

Fiscalidad. El Ejecutivo aprobará próximamente un decreto para cambiar el impuesto de sociedades y recaudar 6.000 millones más. Además, el equipo de Mariano Rajoy tiene que decidir antes del 30 de noviembre si quiere revisar las declaraciones de la amnistía fiscal a las que se acogieron los defraudadores en 2012 y así reclamarles más dinero para lograr nuevos ingresos.

Legislación. El Gobierno ha dejado de trasponer al menos 19 directivas comunitarias porque está en funciones, aunque tiene la opción de usar decretos ley para aplicar aquellos aspectos que no conllevan cambios de la ley. También se enfrenta a la posibilidad de renovar o no iniciativas como el plan de vivienda que diseñó para el periodo 2013-2016. El Gobierno reconoce que hay “resquicios legales” para prolongar estas medidas, como demuestra que haya extendido a través de un decreto ley la aplicación del Plan Prepara, que beneficia a parados de larga duración con cargas familiares.

Reto independentista. Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, se enfrenta a una cuestión de confianza el 28. La CUP, de cuyos votos depende su Gobierno, exige la celebración de un referéndum de independencia unilateral para 2017. Si esta convocatoria se produjera, el Gobierno en funciones tendrá que decidir si recurre al Tribunal Constitucional o si aplica o no el artículo 155 de la Constitución, que permite al Estado intervenir para obligar a las autoridades de una Comunidad a cumplir las leyes cuando se han agotado todas las vías de control. La ley especifica que el Ejecutivo en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos (...) salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general”.

Política exterior. Una vez que participe en la cumbre de los Veintisiete que hay convocada el próximo 16 de septiembre en Bratislava (Eslovaquia), el presidente en funciones deberá decidir sobre una intensa agenda internacional. Rajoy ya ha anunciado que no acudirá este viernes a la reunión de los mandatarios de los países del sur de Europa, en Atenas. Por delante tiene la posibilidad de viajar a Nueva York para intervenir en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, donde España cierra en diciembre su etapa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. La cumbre de la UE y la iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, ambas en octubre, parecen ineludibles. Mientras tanto, el Ejecutivo en funciones sigue sin renovar a los embajadores que ha cesado, y que han sido sustituidos por sus números dos.

Economía. El Gobierno tiene como límite el 15 de octubre para enviar a Bruselas los Presupuestos de 2017. Prorrogará los de 2016. Sin embargo, aún tiene la posibilidad de aprobar el techo de gasto que establece la financiación de las Administraciones Públicas. El PSOE pide que presente un decreto ley, y Ciudadanos está dispuesto a negociarlo. El Ejecutivo estudia si emplea la misma vía para actualizar las pensiones y subir el sueldo de los funcionarios en 2017.

Ciudadanos pide actuar para que la amnistía fiscal no caduque

Ciudadanos presentará hoy en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para pedir al Gobierno en funciones que ordene a la Agencia Tributaria que envíe ya los requerimientos de información a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.

La formación de Albert Rivera pretende que el fisco pueda cobrar la diferencia entre lo que pagaron (un 3% sobre los bienes aflorados) y lo que tenían que pagar realmente (10%). Este es uno de los puntos del acuerdo entre el PP y Ciudadanos que quedó congelado tras fracasar la investidura de Rajoy.

Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos, recuerda que el 30 de noviembre vence el plazo para que Hacienda pueda revisar estas declaraciones. A partir de entonces estarán prescritas.

El partido de Rivera pedirá que se suprima la instrucción de la Agencia Tributaria que excluía la revisión automática de los que se sumaron a la amnistía.

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