Un balance del pacto “claramente insatisfactorio”

El balance que el PSOE realiza de las reformas propuestas en el pacto entre PP y Ciudadanos es “claramente insatisfactorio”, según un estudio interno de su equipo de analistas al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Este acuerdo al PP no le supone asumir ningún compromiso de calado en la reforma de nuestras instituciones democráticas ni en la lucha contra la corrupción”, es la conclusión a la que llegan los autores del informe.

El documento destaca que no se recoge la supresión de las Diputaciones, “lo que era una línea roja de Ciudadanos hasta la semana pasada”. Tampoco se plantea una nueva Ley de Libertad Religiosa “que suponga la revisión” de los acuerdos con la Santa Sede. Y la reforma electoral que se propone “nada dice de las listas desbloqueadas, de la obligación de celebrar debates electorales ni de las listas cremallera”. También se “consolida la represión” del derecho a la huelga. Y no se plantea la derogación de la Ley de Reforma Local, “que puede suponer la desaparición de numerosos servicios sociales” prestados por los Ayuntamientos.

La elección directa de alcalde “no es una medida demandada por la ciudadanía”. El planteamiento que hace el PP está basado, según el PSOE, en la aplicación del sistema mayoritario “que favorece el presidencialismo y el bipartidismo perjudicando a los partidos pequeños”. “Cuando el PP plantea elegir al alcalde a través de la lista más votada se está devaluando el sistema electoral democrático (…) No es entendible que Ciudadanos pueda apoyar esta medida porque dejarían de tener presencia política en muchos ayuntamientos”, es la apreciación socialista.

Otra medida ausente y que sí estaba en el pacto de Ciudadanos con el PSOE son las primarias. “Desaparece una bandera de Ciudadanos. La única referencia que se hace al respecto es una genérica apelación a una mayor democracia interna de los partidos”, recoge el informe. La transformación del Senado en cámara territorial también exige una reforma constitucional que el documento suscrito entre los equipos negociadores de PP y Ciudadanos “no compromete”.

Tampoco se dice nada sobre la obligación de los diputados y senadores de tener una dedicación exclusiva, como hacía el acuerdo de febrero. Para Ferraz, es “una clara concesión a los diputados del PP que siguen con estas prácticas”. Lo mismo sucede con el procedimiento reglado de elección de los miembros de órganos constitucionales y organismos reguladores. Para el PSOE “garantizaba la excelencia y el mérito” de los designados por el Parlamento, con convocatoria pública, asesoramiento externo y publicidad de los informes, entre otros.

El PSOE entiende que se suaviza la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. “Sin embargo, los propios firmantes han reducido la relevancia de este compromiso al manifestar que a estos efectos sólo consideran delitos de corrupción los que supongan enriquecimiento personal o financiación ilegal de partidos políticos”, se resalta en el informe. El acuerdo de hace seis meses recogía “cesar a los altos cargos y pedir el acta a los cargos electos que, a partir de la fecha de este acuerdo, pasen a situación de investigados mantenida por el Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción”, sin matización alguna.

Las críticas al acuerdo también se detienen en la eliminación de los aforamientos. “Esta requiere una reforma constitucional que el documento sólo se compromete a estudiar”. Tampoco llegó a lo previsto en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos el compromiso de no conceder indultos a personas condenadas por delitos de corrupción. Pedro Sánchez y Albert Rivera pretendían “tal y como ha venido promoviendo el PSOE desde 2013, que se reforme la ley para que ningún Gobierno pueda hacerlo”.

Para los socialistas, la propuesta de PP y Ciudadanos de un mayor control de las puertas giratorias no tiene credibilidad porque no “concreta nada”. En el acuerdo con el PSOE “se especificaba la prohibición de cinco años para incorporarse ex novo” a empresas sobre las que se hubiera regulado desde la Administración. Sobre la objetividad de RTVE, “no contemplan la necesidad de una mayoría reforzada” en la elección del presidente. El PSOE reivindica el modelo implantado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, “que es lo que verdaderamente garantiza dicha objetividad”.

En cuanto a la creación de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP, se trata de una medida que “ya va a votarse en el Parlamento” a iniciativa del PSOE. El PP no la puede impedir con sus solos votos, “por lo que su inclusión en el acuerdo carece de relevancia”. El nombramiento del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por mayoría de tres quintos del Congreso “exigía una mayoría más reforzada (dos tercios)” en el acuerdo del PSOE.

La reforma del reglamento del Congreso “se despacha en dos medidas”, según el informe interno del PSOE: una genérica referida a la participación ciudadana en los procedimientos parlamentarios y otra sobre cambio de la mayoría necesaria para aprobar una comisión de investigación. En su acuerdo con Ciudadanos “se dedicaban cuatro páginas con más de 30 medidas”.