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PP y Ciudadanos pactan reformar el Poder Judicial

Ambos partidos acuerdan que 12 de los 20 miembros del órgano judicial sean elegidos por jueces, limitar las puertas giratorias y reducir el número de contratos

El PP y Ciudadanos tienen previsto firmar este domingo su pacto de investidura. Ambos partidos han acordado cambiar la elección del Poder Judicial para que 12 de sus 20 miembros sean elegidos por jueces y el resto por las Cortes, así como limitaciones temporales para evitar puertas giratorias entre política y judicatura. Ciudadanos renuncia al contrato único, pero el PP acepta reducir los tipos de contrato. Siguen las Diputaciones, pero con un plan de ahorro en las Administraciones.

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, este viernes.

El PP y Ciudadanos tienen previsto firmar el acuerdo de investidura en el Congreso este domingo, según fuentes de la dirección del PP. Ambos líderes han “monitoreado” las conversaciones, en palabras de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y este viernes, quinto día de negociaciones, el pacto estaba casi cerrado, aunque ambos equipos seguirán negociando este sábado.

Ambos partidos han cerrado prácticamente, según fuentes del equipo negociador del PP, una reforma del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, para que 12 de sus 20 miembros sean elegidos por jueces y magistrados y el resto por el Congreso y el Senado. En el sistema actual, los 20 vocales son elegidos por el Parlamento por una mayoría cualificada de tres quintos: la Cámara baja elige a 6 vocales entre jueces y magistrados y a otros cuatro entre juristas “de reconocida competencia” y la Cámara alta repite el mismo sistema. El presidente es elegido por el pleno del Consejo General del Poder Judicial.

En su último programa electoral, los populares incluían la propuesta, sin mayor concreción, de promover “un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros”. En su programa de 2011, sí llevaban la promesa —luego incumplida— de que 12 de los 20 miembros del CGPJ fueran elegidos por los jueces.

Ciudadanos proponía en su programa para el 26-J una modificación de la ley orgánica para que doce vocales sean elegidos directamente por los jueces, aunque como medida transitoria hasta que se abriera una reforma constitucional. En esa reforma, abogaban por un consejo reducido y “con poderes limitados”. El partido de Albert Rivera, no obstante, empezó proponiendo, como en el caso del Senado o las Diputaciones, la supresión del órgano de gobierno de los jueces, para sustituirlo por un órgano unipersonal encabezado por el presidente del Tribunal Supremo y del poder judicial, asistido por dos adjuntos, y elegido para mandatos de seis años sin posibilidad de reelección en el Congreso.

En su pacto con Pedro Sánchez del pasado febrero acordaron otro sistema de elección del CGPJ: una convocatoria pública de las vacantes a cubrir, un sistema de evaluación de la competencia de los candidatos por un comité asesor de composición profesional variable designado por insaculación [sorteo] entre los propuestos por los grupos. Esto es, un cambio que afectaba a todos los vocales y no solo a una parte, aunque a medio camino entre la propuesta de Ciudadanos y la del PSOE.

El nuevo acuerdo entre el PP y Ciudadanos establece también limitaciones temporales para evitar las puertas giratorias de la política a la judicatura y viceversa. Por ejemplo, para que la juez Victoria Rosell, que fue cabeza de lista de Podemos por Las Palmas, no pudiera volver a su puesto como ha hecho recientemente, sino que tuviera que esperar un plazo de dos a cinco años.

Además, el PP y Ciudadanos han pactado reducir el número de contratos después de que el partido de Albert Rivera —como ya hizo en febrero en su pacto con Pedro Sánchez—renunciara al contrato único.

Finalmente no se tocarán las Diputaciones. Suprimirlas era una de las propuestas estrella del programa de Ciudadanos, y Mariano Rajoy —que presidió la de Pontevedra— dedicó varios días de la pasada campaña a defenderlas con ímpetu. Sí han acordado el PP y Ciudadanos reducir los gastos en la Administración. En el pacto con los socialistas, el partido de Albert Rivera logró que constara que se suprimían aunque se sustituían por los “Consejos provinciales de alcaldes” para municipios de menos de 20.000 habitantes. Tampoco se tocará el Senado, pese a que en su programa Ciudadanos quería sustituirlo por un consejo de presidentes de comunidades autónomas.

En cuanto a las primarias, como avanzó este periódico, el PP no acepta que le sean impuestas aunque sí están dispuestos a “promover” dentro de la ley de partidos, reformas que garanticen mayor participación de los militantes “respetando siempre la autonomía” de cada formación.

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