El Gobierno no descarta reducir la campaña
La reforma de la ley electoral presentada por el PSOE evitaría los comicios el 25 de diciembre
Ningún partido quiere aparecer como culpable de las terceras elecciones, por eso ninguno quiere anticipar si quiera la posibilidad de que haya que volver a las urnas o asumir el coste político de que esa hipotética cita sea el día de Navidad. Por esas tres circunstancias, el Gobierno del PP no excluye apoyar la reforma de ley electoral propuesta por el PSOE para reducir la campaña electoral y evitar los comicios el 25 de diciembre, aunque no quieren anunciarlo aún. Fuentes de La Moncloa admiten que han estudiado jurídicamente esa posibilidad.
Ni el Gobierno ni el PP quieren anticipar su plan b antes de que —como está previsto por las posiciones adelantadas de cada grupo — Mariano Rajoy fracase en el debate de investidura como parece que ocurrirá la próxima semana. Pero fuentes de La Moncloa sí admiten que su equipo jurídico estudia todas las propuestas y escenarios, incluido el de una reforma de la ley electoral para acortar la campaña a una semana y que una eventual tercera convocatoria de elecciones generales fuera el 18 de diciembre y no el día de Navidad.
Esa reforma tiene previsto presentarla el PSOE después del debate y otros partidos como Podemos y Ciudadanos han anticipado que la apoyarán. Si, además, el PP estuviera a favor sería posible aprobarla antes de una hipotética disolución automática de las Cortes el 31 de octubre.
Las normas que marcan los plazos
Artículo 99 de la Constitución: “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso”.
Artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General: “Los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria”.
Artículo 51 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General: “La campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria. Dura quince días. Termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación”.
Fuentes del Ejecutivo también recuerdan que en el Gobierno siempre han estado “a favor” de acortar las campañas electorales. Expresamente así lo dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, antes de las últimas elecciones generales: “Sería una buena noticia para no atormentar a los ciudadanos con dos semanas de mítines”.
Investidura frustrada
Pero a tres días del debate de investidura, el Ejecutivo en funciones se cuida mucho de anticipar el fracaso de su líder en el debate. Todo su esfuerzo se centra en cerrar el pacto con Ciudadanos y Coalición Canaria para presionar al PSOE con la idea de que si hay terceras elecciones será porque ha negado su abstención a Rajoy y a los 170 escaños que le apoyan.
“La mejor manera de solucionar la fecha de terceras elecciones es que no las tengamos. No se ha celebrado la primera investidura y ya estamos pensando en qué hacemos para cambiar la fecha de las terceras elecciones”, contestó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando se le preguntó por la propuesta del PSOE de reformar la ley electoral para acortar las campañas a una semana.
“Unas terceras elecciones en un año serían inexplicables y harían daño al sistema. Los partidos no podemos pasarle la papeleta otra vez a los ciudadanos”, añadió la número dos del Gobierno, haciendo también de portavoz del PP desde la mesa del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta insistió en que el Ejecutivo no es responsable de que la convocatoria de terceras elecciones, si no hay acuerdo, coincida con el día de Navidad, y recordó que Rajoy había intentado pactar la fecha del debate con Pedro Sánchez pero este no había querido ponerse al teléfono.
Los estudios legales del Gobierno ya descartaron en la pasada legislatura opciones como poner en marcha los dos meses para la convocatoria de elecciones sin esperar a la investidura fallida. O acortar los plazos para volver a las urnas para evitar que se prolongue la interinidad institucional. Fuentes del Gobierno explican que no han encontrado problemas legales a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para acortar la campaña. Los únicos problemas son políticos para evitar que trascienda la imagen de que las elecciones son irremediables.
Por parte del PSOE, su iniciativa de reforma legal busca situar en el terreno del PP la repetición de elecciones. Es decir, que cale la impresión de que si finalmente hubiera terceras elecciones el día de Navidad la culpa es solo del PP por no haber permitido esta sencilla reforma legal.
Los socialistas coinciden con el Gobierno y el PP, no obstante, en posponer la concreción y tramitación de la proposición de ley hasta después de la primera investidura fallida de Rajoy. Solo Óscar López, portavoz del PSOE en el Senado, ha confirmado oficial y públicamente la iniciativa de los socialistas en el Congreso.
La reforma podría aprobarse en 15 días
La aprobación de la reforma legal que permitiría evitar las elecciones el día de Navidad en el caso de que no haya acuerdo para la investidura del presidente depende solo de los plazos parlamentarios, una vez que parece tener el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. Con consenso, es decir, con la aceptación por parte del PP, en 15 días puede ser tramitada y aprobada definitivamente en el Senado cuando sea presentada, según fuentes parlamentarias.
La proposición de ley se presentaría tras la investidura fallida de Mariano Rajoy y el plazo máximo para la aprobación es el 31 de octubre, fecha en la que quedarán disueltas las Cortes si no hay Gobierno.
La referencia puede ser la reforma del artículo 135 de la Constitución justo hace cinco años y que llevó solo 12 días. Obviamente, hay diferencias, como que aquello fue una reforma constitucional y ahora sería una reforma mínima de ley orgánica, que requiere menos votos; además, ahora se haría con un Gobierno en funciones. Pero esos plazos sirven como referencia, porque si fueron posibles para una reforma constitucional pueden serlo para una norma de menor rango.
Aquella proposición se presentó en el registro del Congreso el 26 de agosto de 2011; el 30 se tomó en consideración en el pleno del Congreso; se presentaron 24 enmiendas durante dos días; el 2 de septiembre salió del Congreso, y el Senado lo aprobó definitivamente el 7 de septiembre. El PSOE y el PP se encargaron de agilizar los trámites para que se aprobara antes de la disolución de las Cortes. Ahora, la Mesa tendría que calificar la proposición y esperar a que el Gobierno en funciones no agote el mes que tiene de plazo para informar el texto. En la pasada legislatura, el Ejecutivo informó una decena de proposiciones, lo que demuestra que puede hacerlo estando en funciones y disipa esa duda legal. Ninguna de ellas fue aprobada porque ninguna se tramitó por procedimiento de urgencia.
La Ley del Gobierno solo impide al Ejecutivo en funciones presentar iniciativas legislativas, es decir, proyectos de ley, pero los grupos sí pueden hacerlo. Debería pedirse que la proposición se apruebe en lectura única (sin pasar por comisión y solo en pleno) y por trámite de urgencia. Lo primero lo decide el pleno por mayoría al admitirlo a trámite y lo segundo es “a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados (70)”, según el reglamento. Con esa declaración de urgencia se reducen los plazos y, por ejemplo, el paso por el Senado sería de un máximo de 20 días, que podrían ser aún menos si el PP, que tiene mayoría absoluta, así lo que quiere.
Si en el Senado se rechaza o se introducen enmiendas volvería al Congreso para ser aprobado por mayoría absoluta. En caso contrario, el trámite acabaría en el Senado y entraría en vigor.
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