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Gobierno y PSOE se enfrentan por aprobar el techo de gasto

Si no se fija el límite de gasto, se puede dejar a comunidades y Ayuntamientos sin las alzas de ingresos tributarios que les corresponden

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, el viernes en La Moncloa. Ampliar foto
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, el viernes en La Moncloa. REUTERS

El Gobierno y el PSOE discrepan sobre la posibilidad de aprobar el techo de gasto y las metas de déficit, el primer paso para elaborar los Presupuestos que exige Bruselas. En otras cosas, si no se fija se puede dejar a las comunidades y a los Ayuntamientos sin las alzas de ingresos que les corresponden. Hacienda insiste en que estando en funciones no puede iniciar el proceso, y el PP juega con ello para pedir cuanto antes el respaldo a la investidura. Sin embargo, el PSOE sostiene que el Ejecutivo puede tomar la decisión incluso en la situación actual.

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy presiona a la oposición para que le permita lograr la investidura. Y el arma que esgrime es la aprobación de los Presupuestos, del techo de gasto y de la nueva senda de objetivos de déficit. De acuerdo con la versión que blande el gabinete de Rajoy, a menos que se consiga formar pronto un Ejecutivo no se podrá aprobar las cuentas y, a continuación, ocurrirán una serie de calamidades a cada cual peor: los Presupuestos se tendrían que prorrogar; las comunidades y Ayuntamientos no podrían contar con los aumentos de la recaudación que les corresponden y tampoco podrían empezar a elaborar sus cuentas; Bruselas impondría una multa de hasta 6.000 millones por no tomar medidas y los salarios y pensiones no se podrían actualizar.

O, al menos, esa es la versión con la que amenaza el PP. Sin embargo, ese panorama plagado de desastres dista de ser así, según un informe jurídico del grupo parlamentario socialista. Aunque el artículo 21 de la Ley 50/1997 de 27 de septiembre establece que un Gobierno en funciones solo puede gestionar el despacho ordinario, los socialistas alegan que este mismo artículo recoge una salvedad muy clara: “Salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”. De modo que el Gobierno tan solo tendría que acogerse a ese punto para acordar el techo de gasto y los objetivos de déficit en Consejo de Ministros y, luego, remitirlos a las Cortes, las cuales no están en funciones, recuerdan los socialistas. Este acuerdo ministerial “no se encuentra entre los instrumentos o iniciativas normativas cuya aprobación está en todo caso prohibida a un Gobierno en funciones”, dice la nota del grupo socialista.

De ahí que el documento concluya: “Si se considera que en la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda, o del límite de gasto no financiero del Estado concurre un supuesto de urgencia o existen razones de interés general, entendemos que el Gobierno sí podría aprobar este acuerdo”. Es decir, a juicio de los socialistas, el Gobierno podría sacar ya adelante el techo de gasto y la senda de consolidación fiscal, dando el disparo de salida para los Presupuestos de 2017. Una vez aprobado este techo de gasto, todos los departamentos, las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrían empezar a confeccionar sus propias cuentas. “Lo hemos examinado en profundidad y nada en la legislación impide que se apruebe el techo de gasto y la senda de déficit”, asegura Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE.

Al haber aprobado el techo de gasto, se desbloquearía el primer obstáculo y se brindaría un poco más de tiempo para poder aprobar el Presupuesto de 2017. Es más, varias fuentes consultadas incluso aducen que su prórroga no tiene por qué ser un desastre: “En España la no aprobación del Presupuesto no tiene las consecuencias de Estados Unidos, donde enseguida se cierra el grifo y se deja de pagar. Aquí se prorroga automáticamente el del ejercicio anterior, se sigue pagando todo con las mismas partidas que el año previo y Hacienda tendrá que ir aprobando en cada caso particular modificaciones de crédito para ir ajustando. Es decir, tendrán más trabajo, pero nada que no se pueda hacer”, explica un ex alto cargo de la Administración.

La ventaja de ahorrar

Esa misma fuente añade: “La prórroga incluso podría tener la ventaja de ahorrar mucho si se congelan los gastos y los salarios públicos mientras crecen los ingresos y el PIB. El problema más bien reside en que las modificaciones hay que pasarlas por el Parlamento, y ahí es donde surgen las dificultades serias para Rajoy, al no tener una mayoría suficiente. Pero los Presupuestos no son desde luego el problema. El país no tiene por qué paralizarse”.

Por el contrario, otros expertos apuntan que la aprobación de las cuentas públicas sí que resulta esencial: “Es verdad que se pueden prorrogar. Pero también es cierto que los actuales no son la herramienta más adecuada para trabajar porque no incluyen el ajuste exigido por Bruselas”, señala el catedrático de Derecho Administrativo de la Pompeu Fabra, Andrés Betancor. España se ha comprometido a disminuir el déficit hasta el 3,1% a cierre de 2017, frente al 4,6% que se debería alcanzar al término de 2016. De esos 15.000 millones que hay que bajar, aproximadamente la mitad se puede reducir simplemente con la mejora de la economía, según coinciden los expertos. Pero el resto tendría que contemplarse en un Presupuesto o tomando medidas. Sea cual sea la vía, el Gobierno tendrá que construir las mayorías parlamentarías.

 

La multa de Bruselas dista de ser inminente

El Gobierno aduce la amenaza de una multa inminente de Bruselas, esta vez por importe de 6.000 millones de euros, si no se aprueban pronto los Presupuestos. Sin embargo, una lectura rápida de la legislación basta para explicar que aún nos encontramos lejos de ese supuesto. Para empezar, la Comisión Europea tendría que volver a certificar el incumplimiento. Acto seguido, según establece el artículo 126.11 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el Consejo Europeo de líderes dispondría de hasta cuatro meses para imponer una nueva sanción que en el supuesto de España podría ascender a los 6.000 millones. Es decir, que el 15 de octubre no se castigaría a España, tal y como confirman fuentes de Bruselas. La sanción tardaría bastante más, igual que ocurrió con el procedimiento de la anterior multa, que trajo cola durante muchos meses.

En cambio, la perspectiva de una congelación de 1.200 millones en fondos europeos se antoja más próxima, pues ya se han adoptado los pasos necesarios. Además, ha comenzado otra vez la llegada periódica de los hombres de negro para inspeccionar el cumplimiento de los objetivos. O lo que es lo mismo, España vuelve a estar semiintervenida. “Todo lo que ocurre es el resultado de que el Gobierno vendiese que se podían bajar impuestos y alcanzar la meta de déficit del 4,2% en 2015. Al final, se situó en el 5,1%, y ahora la misma Autoridad Fiscal (Airef) pone en duda que se pueda llegar al 4,6% en 2016 cuando en los Presupuestos se preveía un 2,8%. Se trata de un engaño. Se dijo a los españoles que les podían recortar los impuestos a la vez que se cumplía con Europa”, comenta Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE.

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