El juez confirma el procesamiento de Zarrías y Álvarez por el ‘caso ERE’
La Guardia Civil implica también a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar
El juez Álvaro Martín, designado como refuerzo para la instrucción del caso de los ERE (fraude con ayudas públicas a trabajadores y empresas en crisis), ha confirmado el procesamiento de los exconsejeros de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías así como el de otros dos ex altos cargos. Además, la Guardia Civil ha implicado en el caso por ayudas concedidas en Huelva a dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar: la ex secretaria general de Empleo Carmen de Miguel y a la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova.
Estos responsables de la Junta, fueron procesados el pasado 31 de mayo junto otros 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández. Tanto Chaves como Griñán también recurrieron su procesamiento.
El auto de Álvaro Martín, fechado el 26 de julio y adelantado por Europa Press, rechaza los recursos de reforma presentados por las defensas de los exconsejeros de la Junta y los del exviceconsejero Gonzalo Suárez y por la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina.
La decisión coincide con la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a los recursos presentados al entender que "existen suficientes indicios racionales" contra todos ellos y que el auto recurrido "contiene un relato de hechos con relevancia penal suficiente y claro, exponiendo igualmente la participación" de los ex altos cargos dentro de los mismos, "habida cuenta que engloban un periodo de más de diez años".
En este mismo sentido, el juez argumenta que "el relato de hechos imputados" y la calificación jurídica de los mismos cuentan "con suficiencia narrativa y argumentativa". Advierte el magistrado que, no obstante, la fase de instrucción es un "momento de valoración indiciaria" y "no una prueba plena o una determinación absoluta", que se determinará en el jucio.
Sobre el recurso de Gaspar Zarrías, el juez resalta que se le imputa "no sólo votar a favor de determinadas resoluciones del Consejo de Gobierno, sino el saber el alcance de las mismas, sus deficiencias, los defectos de su expediente y todo ello en relación al impulso e implantación del procedimiento específico, de modo que es esta finalidad la que dota su proceder de notable trascendencia penal".
Sobre Álvarez, el juez atribuye el recurso a "un mero intento de descargo, por lo que no ha sido acogido".
Investigación de la Guardia Civil en Huelva
Por otra parte, un atestado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva entregado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga el caso de los ERE, ha ampliado al Gobierno central la implicación en el supuesto fraude. Según esta investigación, de las 325 ayudas sociolaborales que otorgó el Ministerio de Trabajo a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, en 51 de ellas no se cumplían los requisitos establecidos.
Según los agentes, la decisión de conceder ayudas públicas a individuos que no les correspondía se hizo con conocimiento de las administraciones porque se podría "romper nuevamente la paz social" y para "evitar la presión social de los sindicatos".
El acuerdo de colaboración para la crisis de la Faja Pirítica se firmó el 27 de febrero del 2002 entre el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado (exalcalde de Granada), y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera. En septiembre del mismo año se firmó el acuerdo marco que daba solución de los mineros afectados y en 2003 suscribió el acuerdo con los sindicatos el sucesor de Torres Hurtado al frente de la Delegación del Gobierno, Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla.
La Guardia Civil señala a 267 personas, entre ellas 18 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, intermediarios de las pólizas y sindicalistas así como a otras nueve personas que habían sido imputadas con anterioridad, lo que eleva los presuntos implicados en el caso de los ERE por encima de las 500 personas.
Entre los presuntos implicados se incluyen los exconsejeros andaluces José Antonio Viera y Antonio Fernández; tres ex directores generales de Trabajo; el ex secretario general de UGT en Andalucía Manuel Pastrana y el actual secretario general de CC OO en la región, Francisco Carbonero, como vicepresidente de la asociación Faja Pirítica.
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