La juez de los ERE investiga 39 ayudas a Ayuntamientos y empresas

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La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, no está dispuesta a que siga creciendo la lista de posibles irregularidades prescritas en el caso de los ERE, el fraude con fondos públicos para empresas en crisis. Para agilizar la instrucción, Núñez ha decidido abrir 40 nuevas investigaciones y agruparlas en 11 piezas sobre ayudas a 36 empresas y a tres Ayuntamientos, así como por una póliza de la que supuestamente se benefició la madre de Juan Trujillo, el exchófer de Javier Guerrero, ex director general de Trabajo que figura como principal implicado.

Transcurridos más de 10 años desde la concesión de ayudas investigadas en el caso de los ERE y ante la ausencia de actuaciones judiciales, una veintena de implicados se han visto beneficiados por la prescripción de los supuestos delitos.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta de Andalucía alertaron más de una decena de veces a la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya, de este peligro. Su sucesora, María Núñez, ha actuado en consecuencia a las advertencias del ministerio público, al reconocer en un auto que “procede comenzar con aquellas sobre las que, por referirse a ayudas directas, existe riesgo de prescripción".

Los tres Gobiernos municipales afectados son San Nicolás del Puerto, Los Palacios y Alcolea del Río, todos de Sevilla. Esta provincia, en especial la comarca de la Sierra Norte, fue la principal beneficiada de supuestas ayudas irregulares.

Por subvenciones a empresas y municipios de Sevilla está siendo investigados el exconsejero y exdiputado socialista José Antonio Viera, el ex director general de Trabajo y el "conseguidor" Juan Lanzas. Esta pieza de los ERE se denomina Rosendo-Sayago, el nombre de dos antiguos concejales socialistas que figuraban en la instrucción como supuestos beneficiarios de hasta 34 millones de euros en ayudas. De la Sierra Norte se van a investigar las subvenciones a 26 empresas.

Una de las investigaciones también se centra en cuatro empresas participadas por Juan Trujillo Blanco y la póliza de la que se benefició su madre, Estrella Blanco García. Juan Trujillo era el conductor de Guerrero y llegó a declarar ante la anterior instructora, Mercedes Alaya, que, con el dinero de las subvenciones que recibía en sus empresas, llegó a gastar 20.000 o 25.000 euros mensuales en la compra de cocaína para consumo propio y el de su jefe.

Otras entidades investigadas y agrupadas en las 11 piezas en las que ha distribuido Núñez la macrocausa son Río Grande, Calderinox, Cydeplas, Cydeplast PET, Nazapet y Faja Pirítica de Huelva.

En el auto, la juez ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO), la Policía Judicial de la Guardia Civil, para que realice una lista completa de las ayudas directas sobre las que se ha realizado y prestado atestado, así como de las que están pendientes, indicando cuantía y fecha de pago.