El TSJA urge a reforzar los juzgados que instruyen causas complejas

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha urgido una vez más al Gobierno andaluz a que refuerce aquellos juzgados que instruyen casos complejos ante la necesidad de acortar plazos en sus instrucciones penales. Durante la presentación del informe anual del alto tribunal, Del Río ha hecho referencia a casos como el de los ERE y los cursos de formación, en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, a diversas piezas separadas del caso Malaya o el caso Astapa (que investiga delitos de cohecho, malversación, fraude y blanqueo, entre otros, en el Ayuntamiento de Estepona). Y así, hasta otra treintena de investigaciones. Entre otros datos, la memoria también detalla que los juzgados andaluces recibieron 1,79 millones de asuntos en 2015, un 4% menos que el año anterior.

En dicha presentación, Lorenzo del Río ha vuelto a pedir a la Consejería de Justicia una "implicación urgente" para contar con funcionarios de refuerzo en estos juzgados. Según la memoria, la celeridad en la tramitación debería ser "lo normal" y es "especialmente necesaria" en casos que investigan supuestos actos de corrupción con representantes o cargos públicos implicados. Por este motivo, el TSJA apuesta por agilizar la justicia más allá de la simple fijación legal de plazos o límites temporales a la instrucción. "Debe ir acompañado de más medios humanos y materiales, agilidad en informes, digitalización y reordenación de los recursos procesales", precisa. "Aparte de la lógica preocupación, sonroja la posibilidad de prórrogas de plazos procesales para instrucciones cuando ya llevan transcurridos siete u ocho años", mantiene el alto tribunal, antes de advertir de posibles prescripciones.

Entre las propuestas organizativas que plantea la memoria del TSJA, destacan la plena digitalización, el principio de colegiación, la comarcalización, especialización y transformación de ciertos juzgados, así como el plan de choque con medidas de apoyo en algunas sedes y jurisdicciones sobrecargadas. "Los jueces estamos haciendo un trabajo serio y responsable en una época muy complicada, de crisis económica, institucional, de convulsión (...) Necesitamos mayor implicación del resto del poderes del Estado en ese marco de consenso absolutamente necesario", ha indicado Del Río.

Sobre los datos ofrecidos por el alto tribunal, la litigiosidad bajó el año pasado un 4% en Andalucía, que sigue a la cabeza en España. Los órganos judiciales recibieron 1,79 millones de asuntos recuperando la tendencia a la baja de los últimos años tras el repunte del pasado. Estas cifras arrojan un porcentaje superior al 21% de la litigiosidad nacional y una tasa de 209,4 asuntos por cada millar de habitantes. Estas cifras reflejan, según el alto tribunal andaluz, que el porcentaje de ingresos es "demasiado elevado", lo que impidió dar una respuesta de calidad y en tiempo razonable con los actuales recursos.

En el número global de asuntos, se mantuvo el dato estadístico repetido año tras año sobre los procedimientos penales, que supusieron el 74%, casi tres cuartas partes de los asuntos registrados, lo que pone de manifiesto la necesidad de reformar esta jurisdicción. En el otro extremo, se situó la jurisdicción social (4%) y la contencioso administrativa (3%), mientras que la jurisdicción civil supuso un 19%.

Por su parte, los órganos judiciales resolvieron el año pasado 1.834.595 asuntos y quedaron en trámite 514.636 asuntos, lo que significó una reducción del 5% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2014. Se trata de un "dato positivo" que muestra, en general, un aumento de la productividad de los jueces y que sitúa a los órganos judiciales andaluces en un buen nivel de laboriosidad, ya que se han resuelto más asuntos de los ingresados.