La Guardia Civil implica a excargos del PP en los ERE fraudulentos

La Guardia Civil ha implicado por primera vez al Gobierno central en el caso de los ERE fraudulentos. Los investigadores achacan al Ministerio de Trabajo pagos ilegales en 2003 a prejubilados cuando dio 34 millones al ERE de la minería de Huelva. El ministro entonces era Eduardo Zaplana. El giro es llamativo porque hasta ahora solo responsables de la Junta de Andalucía y de pequeños Ayuntamientos habían sido señalados por las ayudas de 855 millones entre 2001 y 2010.Los agentes subrayan el “reproche penal” que afrontan excargos del PP.

Si prospera la tesis de la Guardia Civil de esta “nueva línea de investigación”, puesta por escrito el 4 de septiembre, los responsables políticos imputados en el caso ERE incluirán también a excargos del PP y no solo del PSOE, como hasta ahora ha ocurrido, a excepción de algún concejal popular de pequeños municipios.

El expediente más caro del fondo de los ERE ascendió a 172 millones y benefició a 802 mineros de la Faja Pirítica onubense en 2003. La Junta andaluza abonó 138 millones y el ministerio 34 millones destinados a las pólizas de 332 extrabajadores. La pasada primavera los investigadores analizaron cada póliza pagada por el Ejecutivo autónomo y pidieron a la juez que imputara al exconsejero y diputado socialista en el Congreso José Antonio Viera, dos ex directores generales, siete sindicalistas de UGT y CC OO, un abogado y un empresario.

Ahora los agentes examinan las pólizas que pagó el Gobierno central y ha encontrado irregularidades en 39 trabajadores con menos de 55 años, la edad mínima para acogerse al ERE. En su informe la Guardia Civil ha detectado “cómo la Administración central presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa”. Es decir, el ministerio eludió comprobar que algunos mineros propuestos por los sindicatos incumplían los requisitos legales para prejubilarse. La Guardia Civil ha constatado que esos listados de trabajadores eran “erróneos al alza” y que la delegación en Huelva de la Seguridad Social debía haber concretado en 2003 los beneficiarios reales para prejubilarse.

¿Utilizaron los responsables de Trabajo entre 2003 y 2004 los cálculos de la Seguridad Social para confirmar quién debía prejubilarse en dicho ERE? Para responder a este interrogante, el 19 de agosto los investigadores se dirigieron a la sede de la Seguridad Social en Huelva. Y la respuesta fue una negativa, según los agentes. “No tiene intención de contestar al requerimiento”, detallan los agentes sobre la Administración. Ante esto, la magistrada Nuñez ha emitido una providencia para obligar a los responsables a que entreguen “en mano en el menor plazo posible” la documentación requerida por los agentes y que estos depuren responsabilidades por malversación y prevaricación entre los excargos que intervinieron en la tramitación del asunto hace 12 años. Rosario Delgado, responsable de la delegación onubense de la Seguridad Social, asegura que ni ella ni su sustituto han hablado con los agentes y que desconoce quién pudo dar esa respuesta a los investigadores de manera oficial. "La Seguridad Social no tiene nada que ocultar. Nada. Se está recabando la información para entregarla", confirma.

Sin embargo, antes de obtener la información de la jefa de la Seguridad Social en Huelva, los agentes adelantan que solo caben dos hipótesis, “ambas con posible reproche penal” para antiguos cargos del Gobierno del PP: La primera, que desde el ministerio no se pidieron los coeficientes sobre la edad de los mineros para evitar “nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos”, al saber Trabajo que había “importantes desfases y su inclusión iba a producir una rebaja de los beneficiarios”. Y la segunda tesis es que los listados se pidieron “y, al comprobar caso por caso que había numerosos desfases, se decidió no incluirlos para evitar” las protestas de los sindicatos. En cualquier caso, los responsables del Ministerio de Trabajo eludieron sus funciones de vigilancia para determinar los trabajadores que conforme a la ley debían ser beneficiarios de las pólizas, según la Guardia Civil.

A pesar de las irregularidades halladas ahora, en un atestado de abril pasado la Guardia Civil defendió el papel del Ejecutivo central, representado en 2003 por el exdelegado del Gobierno y expresidente del PP andaluz Juan Ignacio Zoido, que siguió “el procedimiento administrativo reglado” tras firmar con la Junta el acuerdo marco en 2002. Zaplana declaró en 2012 ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz: “El Gobierno en las pólizas no tiene nada que ver. Es una misión de técnicos”.

Por su parte, esta mañana el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha evitado entrar al fondo del asunto mientras defendía la transparencia del Ejecutivo central: “El Gobierno no tiene nada que ocultar” y proporcionará a la Justicia toda la documentación que le requiera.