El juez procesa a 65 personas por la trama que saqueó El Ejido
La instrucción del 'caso Poniente’ constata el desvío de dinero a través de subcontratas
El Juzgado de Instrucción 2 de Almería ha procesado a 65 personas por la presunta trama de corrupción política y empresarial destapada en el Ayuntamiento de El Ejido (85.961 habitantes, Almería) en el conocido como caso Poniente, abierto hace siete años tras una denuncia de la fiscalía. Entre las personas contra las que el magistrado ordena continuar la causa se encuentran el exalcalde Juan Enciso, detenido en octubre de 2009 por estos hechos y personaje más mediático de la red, y el exinterventor municipal José Alemán.
Buena parte del presunto desvío de fondos públicos se canalizó a través de la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido (Elsur), con adjudicaciones a un entramado de subcontratas que facturaba precios “inflados” y “desorbitados” para obtener más dinero del Ayuntamiento. Esa sobrefacturación, según el magistrado, se llevó a cabo con la “connivencia y participación” tanto de los representantes municipales como del socio privado de Elsur, participada en un 70% por una sociedad del grupo Abengoa. En el caso de esta multinacional, los servicios “inexistentes” girados a la empresa mixta se han cifrado en 16,54 millones de euros.
Entre los beneficiarios habría un cuñado del exalcalde y la esposa del expolítico, Francisca Aguilera, arrestada también cuando estalló el caso. Enciso fue alcalde de El Ejido durante dos décadas (entre 1991 y 2011) y un peso pesado del PP provincial hasta que dejó esta formación en 2005. Después creó el Partido de Almería (PAL), en el que militaba cuando fue arrestado por el caso Poniente en 2009. Pasó ocho meses en prisión provisional antes de quedar libre bajo fianza.
El auto del juez Jesús Miguel Hernández achaca un total de siete delitos a los implicados en la trama: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación y contra la Hacienda Pública. Además de en Enciso y en Alemán, la instrucción se ha centrado en los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán, junto a varios miembros de sus respectivas familias, por beneficiarse de ese supuesto desvío de dinero público.
Enciso habría recibido prestaciones “en especie” por parte de Elsur. Entre otras, según precisa el auto, operarios de la empresa mixta construyeron un cortijo y una bodega en la localidad de Laroles (Granada), trabajos valorados en 122.658 euros que no habrían supuesto coste alguno para el expolítico. Los obreros municipales también habrían realizado obras en la sede del PAL. Además, Elsur presuntamente contrató a varios familiares del exalcalde (una hija, un primo, una sobrina y un ahijado, entre otros) y se habría hecho cargo de una factura de hotel por importe de 1.874 euros con motivo de su asistencia a una boda.
La mercantil Enciso y Aguilera, participada por el exalcalde y su esposa, también asalariada de la misma, facturó cerca de 500.000 euros tanto a sociedades vinculadas al Ayuntamiento como a mercantiles de otros imputados, que a su vez recibían fondos públicos por sus negocios con Elsur. El cuñado de Enciso, Francisco Javier Aguilera, habría facturado al Consistorio 607.421 euros y a la empresa mixta 4,9 millones entre 2002 y 2009, periodo en el que se ha centrado la investigación del caso Poniente.
En la trama de 30 sociedades que el juez cita como supuestas responsables del saqueo de fondos públicos, ocuparía un lugar destacado Sistemas de Dirección S.L., una empresa “fantasma” controlada por el exinterventor municipal y con una “estrecha colaboración” con el resto de mercantiles que subcontrataban con el Ayuntamiento y con Elsur. El juez cifra en 7,23 millones de euros el dinero que habría recibido de estas empresas por supuestos asesoramientos que en realidad no existieron, sino que eran “el cobro de comisiones ilegales” por la adjudicación de contratos municipales.
El juez resalta que Alemán realizó pagos en este periodo por 4,48 millones de euros, gasto materializado principalmente en la compra de inmuebles, viajes, coches, joyas, mobiliario y espectáculos taurinos. Es decir, no está relacionado “en absoluto con la supuesta actividad de asesoramiento, ni con ninguna otra actividad económica”, destaca el magistrado.
En el caso Poniente hay imputados funcionarios del Ayuntamiento. El magistrado destaca los beneficios que obtuvieron los empresarios Amate y Galán, además de varios familiares, por la sobrefacturación a Elsur, que habría sido de 24,6 y 15,6 millones de euros, respectivamente. Se hizo, presuntamente, por los contratos que les habría facilitado el exinterventor. El auto judicial, que se puede recurrir, ha decretado el archivo respecto a 13 personas, cuatro de ellas por fallecimiento.
La causa continúa para Enciso por cinco delitos (cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo y prevaricación) y para Alemán, por seis.
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