El fiscal investiga si la causa que analiza las firmas de Amat sufre retrasos

La Fiscalía Superior ha emitido un decreto para investigar si la Fiscalía de Almería ha incurrido en retrasos en la investigación que rastrea una red de más de 100 sociedades vinculada al alcalde de Roquetas de Mar y presidente provincial del PP en Almería, Gabriel Amat. El fiscal superior, Jesús García Calderón, ha abierto diligencias de investigación penal para “aclarar” las actuaciones de su departamento en Almería y así “descartar cualquier forma de responsabilidad” sobre los supuestos retrasos en un caso que nació en enero de 2012 y aún sigue instruyéndose.

Tras una denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), la Fiscalía Superior ha ordenado al fiscal Juan Ignacio Fernández-Amigo que tramite las diligencias penales para emitir un informe-propuesta o un decreto, en función de las explicaciones que ofrezca el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez, sobre los supuestos retrasos de una causa en la que han intervenido cuatro fiscales. Uno de ellos disfrutó de un permiso por paternidad y otra de ellas está de baja por maternidad, según fuentes de la Fiscalía de Almería. “La denuncia es ridícula y somos un colectivo. Los fiscales han redactado sus informes en un tiempo más que prudencial”, defienden dichas fuentes.

La denuncia de AMAyT censuraba “una dejadez flagrante en la instrucción de causas judicializadas en las que se encuentran involucrados directamente cargos públicos representativos o instituciones”. Los denunciantes destacaban retrasos como que un informe tardara tres meses en redactarse, y consideraban que el caso arrastra dilaciones “torticeramente manipuladas y exprofeso para conseguir demorar las actuaciones encaminadas y solicitadas por el ministerio fiscal, al esclarecimiento de los hechos”. Ahora la Fiscalía Superior concluirá si han existido retrasos injustificados y en tal caso a qué han sido debidos, tras el informe del fiscal jefe de Almería, un expediente del que está al tanto asimismo la Fiscalía General del Estado.

A priori, el decreto descarta estos retrasos denunciados a pesar de que procederá a investigar los hechos. “No existe dato alguno que avale la situación padecida como una actuación dolosa, buscada a propósito y destinada a favorecer la impunidad de las personas investigadas”. Sin embargo, el escrito sí hace hincapié sobre “un funcionamiento lento o inadecuado del sistema de justicia penal por diversas causas”, cuya competencia el fiscal achaca en principio al propio juzgado o al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o al Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

El atasco en este juzgado, cuya titular Tamara Martínez abandonó recientemente tras solicitar un traslado, no es casual y obedece a causas muy claras. La causa que implica a Amat y otras que tramita este órgano sufrirán un retraso añadido dado que ahora la nueva titular del juzgado deberá ponerse al día en todas las instrucciones.

El problema de fondo atañe a los juzgados de Roquetas, pero también a los de El Ejido y Vera, al frente de los cuales están jueces y no magistrados, por la categoría que tienen dichos órganos. Cuando los jueces ascienden a magistrados tras tres años, estos piden por sistema un traslado a otros juzgados con mayor remuneración salarial y menor carga de trabajo, lo que supone una gran merma para las investigaciones, que cada cierto tiempo son dirigidas por un juez diferente. Es decir, los casos judiciales de calado que afectan a la costa almeriense sufren con esta movilidad un problema que pueden atajar el Ministerio de Justicia y el CGPJ. En su última memoria el TSJA destaca la “notoria sobrecarga de trabajo” de los juzgados de Roquetas, El Ejido y Vera.