El fiscal se opone a una investigación sobre presunta corrupción policial

La Fiscalía de Madrid se ha opuesto, mediante un escrito al Juzgado de Instrucción 2 de la capital, a la petición de la comisión judicial de la Policía Nacional que instruye el llamado caso Nicolay de citar como investigados a un total de 14 personas acusadas de revelación de secretos, encubrimiento y otros delitos contra la Administración de Justicia. Entre ellos figura el comisario José Manuel Villarejo Pérez (al que se acusa también de organización criminal), su actual pareja, Gemma Isabel Alcalá Garcés, y otros tres policías. El resto son periodistas de distintos medios de comunicación.

El fiscal Alfonso San Román, que ha ido recibiendo información puntual de los trabajos de la comisión judicial durante año y medio, se opone ahora a las diligencias de actuación propuestas por el investigador, que considera desproporcionadas con los hechos investigados. Mantiene la declaración como imputado del periodista de Información Sensible Carlos Mier Fernández. “Si aporta datos relevantes para la investigación, ésta podrá continuar”, dice el fiscal.

Las actuaciones solicitadas se refieren a registros en domicilios y oficinas, toma de declaración en calidad de investigados y, en algunos casos, la detención e incomunicación durante la práctica de diligencias. Los investigados en el caso Nicolay son el citado Carlos Mier, el comisario Villarejo y su actual pareja, los comisarios Eugenio Pino Sánchez, José Ángel Fuentes Gago y Enrique García Castaño; los periodistas Daniel Montero, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Manuel Rico; y los directivos de la productora Mandarina Pedro Antonio Revaldeira, Santiago Botello y Sandra María Fernández; además de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, El pequeño Nicolás.

La investigación corresponde a una pieza separada del procedimiento contra El pequeño Nicolás, acusado de estafa, falsificación documental y revelación de secretos. Según el sumario, que consta de cuatro tomos y más de 1.700 folios, el 20 de octubre de 2014 se produjo una grabación ilegal de una conversación entre tres policías y dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que luego fue manipulada, distribuida y divulgada con la clara intención de anular el procedimiento.

Aplicación dañina

El informe explica cómo la grabación se produjo a través de un canal telefónico, mediante la instalación en el móvil del por entonces comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, de una aplicación dañina que permite utilizar las funciones del teléfono en remoto sin que lo perciba el usuario. Presuntamente, fue el periodista Carlos Mier el que activó la aplicación y grabó la conversación, mediante una llamada al móvil de Martín Blas.

Según los rastreos, esa llamada se produjo desde el municipio madrileño de Boadilla del Monte (allí tiene su domicilio el comisario Villarejo). En las diligencias previas, se intenta demostrar que Mier, Villarejo y su pareja actuaron de forma coordinada y utilizaron el periódico digital Información Sensible para divulgar un cúmulo de informaciones destinadas a boicotear el procedimiento.

El fiscal pone en duda la vinculación societaria entre Información Sensible y Gemma Alcalá, pese a que en el sumario se detalla el entramado de sociedades de Villarejo y Alcalá. EL PAÍS documentó en 2015 toda la trama de empresas del comisario: un total de 40 sociedades en los últimos 30 años, de las que al menos 12 siguen activas con un capital superior a los 16 millones de euros.

La comisión judicial solicita también la declaración de los otros periodistas citados y de los ejecutivos de Mandarina, a los que se acusa de haber participado en la estrategia para revelación de secretos, respecto a la cinta grabada de forma ilegal. El fiscal lo considera improcedente, porque “su actuación se podría haber visto amparada por el derecho a la información”.

Respecto a los tres comisarios acusados, el informe detalla varias reuniones celebradas en el despacho del DAO en las que participó el propio Villarejo, a sabiendas de que estaba siendo investigado y en las que pidieron explicaciones a los policías que ayudaban en la instrucción.

Connivencia

El informe señala que “en el transcurso de la investigación se ha podido constatar, al acreditar una actuación coordinada, que tenían un objetivo claro, acabar con la instrucción del procedimiento, obstaculizando así su correcto funcionamiento”. Añade que ha habido “intromisión del DAO en la investigación, así como dificultades y obstáculos”.

Se detalla una operativa presuntamente corrupta y se afirma que “existe una connivencia entre la Dirección Adjunta Operativa y el comisario Villarejo Pérez, con el único interés de proteger a este comisario policial dándole cobertura institucional en sus actuaciones, varias de ellas ilícitas e irregulares”. El fiscal considera que ello “desborda el ámbito de investigación de esta causa judicial”.

El informe se refiere a innumerables llamadas de los periodistas a los cuatro policías en los momentos álgidos de la distribución de la grabación ilegal y alguna reunión en las oficinas de las empresas de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid.