El comisario Villarejo elude ir como acusado a ruedas de reconocimiento
El juez solicita su presencia por estar investigado por amenazas, coacciones y lesiones contra una dermatóloga
El comisario de policía José Villarejo ha eludido dos veces (los días 16 de julio y 3 de septiembre) su presencia en una rueda de reconocimiento, por un procedimiento en el que está investigado por amenazas, coacciones y lesiones contra la médica dermatóloga María Elisa Pinto. El juzgado de instrucción número 39 de Madrid ha declarado el secreto del sumario, por lo que no es posible conocer las alegaciones presentadas por el policía a la fiscalía.
El Ministerio del Interior sigue apoyando al comisario Villarejo, que niega haber amenazado o agredido a la demandante. El policía reconoció en su día a EL PAÍS que Javier López Madrid, alto directivo del grupo constructor Villar Mir, denunciado por acoso y amenazas por la dermatóloga, acudió a pedirle asesoramiento a un despacho de abogados de su propiedad, Stuart and Mckenzie Spain SL (negocio que compagina con su trabajo de policía), y que él se limitó a ponerle en contacto con un letrado de la firma.
Sin embargo, la médica denunciante reconoce a Villarejo entre varias personas, "con toda seguridad y sin ningún género de dudas", como la persona que acompañó al empresario demandado a su consulta en la Clínica San Camilo de Madrid, así como autor de las lesiones por apuñalamiento por arma blanca que sufrió el 10 de abril de 2014, en presencia de su hijo.
Placa, pistola y negocios particulares
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró en su día que se realizó una investigación para determinar si los negocios privados del comisario Villarejo eran compatibles con su actividad policial y que concluyó en que no había incompatibilidad.
La Ley de Incompatibilidad del Personal al Servicio de la Administración Pública establece la obligación de una autorización expresa y registrada en el Ministerio de la Presidencia y en las Cortes para cualquier actividad privada de los funcionarios. Al informar sobre la investigación, Interior no aclaró si el comisario contaba con esa autorización expresa.
Entre las 46 sociedades que manejó Villarejo en los últimos 30 años, al menos 12 siguen operativas, y varias están relacionadas con la asesoría jurídica o de situaciones de crisis. Precisamente a Stuart and Mckenzie Spain S. L., despacho de abogados de su propiedad, acudió López Madrid a pedir asesoramiento en sus pleitos con Elisa Pinto.
La investigación contra el comisario surge tras más de una docena de denuncias de María Elisa Pinto Romero contra Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir, por acoso y amenazas, a las que este respondió con demandas similares. Es un caso escabroso en el que han intervenido tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y que acabó en juzgado de instrucción número 39 de Madrid.
La médica acusa al policía de haberla coaccionado en una visita que realizó en compañía de López Madrid a su consulta en la clínica San Camilo de Madrid, en diciembre de 2013, y haberla agredido posteriormente tras recibir continuas amenazas, en persona y por teléfono, para que retirara las demandas contra el empresario. Según la denunciante, Villarejo le clavó un cuchillo en el estómago cuando estaba con su hijo de 10 años.
Esta denuncia se presentó el 10 de abril de 2014 en la comisaría de Chamartín, en la que Pinto aportó datos de las características físicas del autor de la agresión (coincidentes con la del comisario), que le advirtió tras el pinchazo: "López Madrid quiere que cierres la boca". La cuchillada, hecha por el "sistema chileno", que consiste en agarrar la navaja por el final de la hoja, de forma que el corte sea mínimo y no cause un verdadero daño, sino solo un susto. Este es un sistema que suelen usar los carteristas como distracción para un robo.
Orden de alejamiento
Ante la falta de respuesta policial, la dermatóloga desistió de sus denuncias, hasta el 27 de febrero de 2015, en que la comisaría de Chamartín tuvo conocimiento de la existencia de una orden de alejamiento dictada por el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid el 12 de noviembre de 2014 a favor de Elisa Pinto y contra López Madrid, que estuvo traspapelada durante más de tres meses por razones que no se explican.
Una grabación sospechosa
La denuncia interpuesta por dos abogados contra el comisario Jaime Barrado incluía una grabación que intentaba demostrar que el policía les maltrató en comisaría y que buscaba involucrar al comisario Villarejo en varios asuntos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras estudiar el recurso de Barrado y escuchar toda la grabación, decidió levantar las medidas cautelares contra él, afirmando en un auto de 21 de octubre de 2015 que "la versión de los demandantes se encuentra seriamente comprometida, sin descartar que la reunión obedeciera a un plan con el propósito de denunciar a don Jaime Barrado con fines ilícitos".
El comisario jefe de Chamartín, Jaime Barrado, tomó entonces declaración a Pinto, que se ratificó en la docena de denuncias anteriores y reconoció fotográficamente al comisario Villarejo como la persona que la apuñaló el año anterior en presencia de su hijo.
Tras esta declaración, el comisario Barrado dio cuenta a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, por un escrito el 4 de marzo de 2015 y un oficio posterior el 9 de abril. En este oficio se solicita que se aclare el papel de Villarejo en el asunto, así como que se abra una investigación sobre el extravío durante cuatro meses de la orden de alejamiento contra López Madrid. Posteriormente, una vez concluidas todas las diligencias, envía toda la documentación al juzgado de instrucción número 39 de Madrid el 20 de mayo.
Cese forzoso
Tan solo un día después, el comisario Barrado recibió la notificación de cese forzoso en la comisaría de Chamartín y su traslado a la de Carabanchel, sin explicación alguna hasta el 16 de junio en que le fue comunicado que le había sido incoado un expediente disciplinario por "hiperactividad policial". Fuentes policiales interpretan este expediente como una protección de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía al comisario Villarejo, al que se le ha permitido, además, no presentarse por dos veces a las ruedas de reconocimiento convocadas por el juzgado en julio y septiembre pasados.
El comisario Barrado fue posteriormente suspendido de empleo y sueldo durante seis meses por una denuncia interpuesta por el Colegio de Abogados de Madrid que acusaba al policía de haber maltratado a dos abogados: Óscar Jiménez Rubia (investigado por el caso Varma) y David Macías González (colaborador de Villarejo en varios de sus negocios). Barrado recurrió la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a favor del policía, levantando las medidas cautelares impuestas por el Ministerio de Interior, sin haber escuchado al policía, según fuentes cercanas a Barrado.
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