El Tribunal Constitucional admite el recurso del Congreso contra el Gobierno

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencias del Congreso de los Diputados contra el Gobierno en funciones por negarse a someterse al control del Parlamento.

A partir de este momento se abre un plazo de un mes para que el Gobierno de Mariano Rajoy presente sus alegaciones y dos para que haya sentencia. Dado que ya se han convocado las elecciones repetidas, la sentencia tendrá un valor simbólico y real para casos similares que puedan producirse en el futuro. Por ejemplo, si tras las elecciones del 26 de junio se prolongarán las negociaciones para formar Gobierno y la interinidad institucional volviera a exigir una interpretación legal.

De hecho, la sentencia puede servir también para aclarar qué puede hacer un Gobierno en funciones, ya que se ha demostrado que la ley es ambigua. El Constitucional aún no se ha pronunciado nunca sobre esa situación y sí hay varias sentencias de la sala tercera del Tribunal Supremo, con interpretaciones diversas también.

La admisión a trámite la adoptó el pleno del tribunal el pasado día 9, pero no ha entrado en el registro del Congreso hasta ayer lunes.

Durante la breve y frustrada legislatura iniciada el 20 de diciembre, todos los partidos quisieron someter a control al Gobierno de Mariano Rajoy, pero La Moncloa se negó reiteradamente con insólitos plantones incluidos de miembros del Gobierno. Los grupos, salvo el popular, tomaron la decisión de acudir al Constitucional y los letrados del Congreso redactaron un duro escrito la pasada semana.

Sin legitimidad

El Gobierno en funciones ha mantenido siempre que el Congreso que le invistió en 2011 no es el que intenta ahora controlarle y, por ello, no está legitimado para exigirle responsabilidades políticas, ni obligarle a comparecer en el Parlamento. Fuentes del Ejecutivo aseguran que su respuesta al Constitucional en el escrito de alegaciones irá en ese mismo sentido, reiterado cada vez que el Congreso aprobaba la comparecencia de algún miembro del Gobierno y del propio presidente.

Nunca antes se había producido un conflicto institucional similar y solo en una ocasión se plateó un conflicto de atribuciones entre legislativo y ejecutivo, pero en sentido contrario.

A partir de este momento se abre un plazo de un mes para que el Gobierno de Mariano Rajoy presente sus alegaciones y dos para que haya sentencia. Dado que ya se han convocado las elecciones, la sentencia tendrá un valor simbólico y real para casos similares que puedan producirse en el futuro. Por ejemplo, si tras las elecciones del 26 de junio se prolongarán las negociaciones para formar Gobierno y la interinidad institucional.

Puede servir también para aclarar qué puede hacer un Gobierno en funciones, ya que se ha demostrado que la ley es ambigua.

La admisión a trámite la adoptó el pleno del tribunal el pasado día 9, pero no ha entrado en el registro del Congreso hasta este lunes.

Durante la breve y frustrada legislatura iniciada el 20 de diciembre, todos los partidos quisieron someter a control al Gobierno, pero La Moncloa se negó reiteradamente con insólitos plantones incluidos de miembros del Gobierno. Los grupos, salvo el popular, tomaron la decisión de acudir al Constitucional y los letrados del Congreso redactaron un duro escrito la pasada semana.