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La Infanta vuelve al banquillo en la recta final del juicio del ‘caso Nóos’

La vista oral contra Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin se cerrará este mes tras las conclusiones definitivas

El juicio del caso Nóos sobre el supuesto desvío de 4,5 millones de euros de fondos públicos a las empresas de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón, encara su recta final. A partir de este viernes las acusaciones y las defensas presentarán sus conclusiones definitivas, una exposición oral, normalmente breve, en la que valorarán las pruebas practicadas desde que se inició el juicio el pasado 11 de enero con las cuestiones previas y plantearán su calificación jurídica de los hechos, con las correspondientes peticiones de condena o absolución.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, a su llegada al juicio en febrero. Ampliar foto
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, a su llegada al juicio en febrero.

En este trámite es obligatorio que estén presentes los acusados, por lo que la hermana y el cuñado de Felipe VI, así como los otros 15 encausados, volverán a sentarse en el banquillo. El tribunal presidido por la juez Samantha Romero les había permitido ausentarse de la vista oral tras la fase inicial de declaraciones de los acusados, que cerró la Infanta el pasado 3 de marzo.

En su calificación definitiva, las partes pueden modificar las conclusiones provisionales previas a la apertura del juicio oral o mantenerlas inalteradas. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach prevé, según fuentes jurídicas, hacer apenas unos retoques a asuntos colaterales y de poco calado a su escrito inicial, en el que pedía 19 años de prisión para Iñaki Urdangarin y 16 años y medio a su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres.

La acusación pública considera que ambos tejieron una trama para desviar a sus sociedades parte del dinero público que el Instituto Nóos percibió para organizar eventos relacionados con el deporte y el turismo entre 2004 y 2007. En concreto, se trata de los dos Illes Balears Forum por los que percibió 2,3 millones del Gobierno de Baleares presidido entonces por Jaume Matas, también acusado; tres ediciones de los Valencia Summit y los Juegos Europeos (más de 3 millones) de la Comunidad Valenciana; y un contrato anual de 120.000 euros para la fallida candidatura olímpica Madrid 2016.

El fiscal Horrach no ha actuado contra la infanta Cristina en el caso Nóos. La única acusación contra la hija de Juan Carlos I la plantea el sindicato Manos Limpias, cuyo líder, Miguel Bernad, fue encarcelado el pasado 15 de enero junto a presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en la Operación Nelson sobre supuestas extorsiones a cambio de la retirada de acciones judiciales. Una de las incógnitas de la jornada de este viernes radica en saber si la abogada que representa al sindicato eleva a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que pedía ocho años de prisión para la infanta como supuesta cooperadora en dos delitos fiscales que se atribuyen a su esposo en 2007 y 2008 a través de la sociedad Aizoon, compartida al 50% por ambos cónyuges.

En la Operación Nelson se puso de manifiesto que Manos Limpias y Ausbanc supuestamente reclamaron tres millones de euros a la defensa de la Infanta a cambio de retirar la acusación contra ella en el caso Nóos, lo que supondría su absolución inmediata. El fiscal Horrach ha tratado que este chantaje, que se investiga en la Audiencia Nacional, unido a otras causas contra Manos Limpias como la apropiación indebida de 103.500 euros recaudados entre un millar de afectados de Forum y Afinsa sirva para expulsar al sindicato de Bernad del juicio de Nóos por fraude procesal, aunque el tribunal presidido por Samantha Romero, de momento, no ha tomado una decisión sobre ello.

Tras las conclusiones definitivas —el viernes las exponen las acusaciones y el próximo martes 14, las defensas— llega el trámite de informes finales de las partes. Empezando por el fiscal, detallan, ya en profundidad, los hechos que consideren probados en el juicio, su calificación legal y, sobre todo, la participación que haya tenido cada uno de los acusados. Una vez expuesto este alegato amplio, en el que los acusados también pueden ausentarse si lo desean, llega el trámite que cierra el proceso: la última palabra. En él los encausados tienen el derecho a formular una declaración o alegato final antes de que el juicio quede visto para sentencia. En sus cálculos iniciales, el tribunal había fijado el 30 de junio para este acto, pero todo parece indicar que será bastantes días antes.

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