Ciudadanos abre el debate para acelerar la formación de Gobierno

Albert Rivera propuso la semana pasada que se reforme la Constitución para que la convocatoria de nuevas elecciones no dependa de que un candidato se someta al debate de investidura para ser presidente. En la actualidad, solo es obligatorio convocar nuevos comicios si sigue sin haber Gobierno dos meses después de que esa primera votación fracase. Eso permite que las negociaciones por La Moncloa se eternicen sin límite de tiempo si un candidato no se presta a ese primer intento de investidura como presidente, que es cuando echa a andar el plazo. Estas son las fórmulas que proponen los expertos para acortar esos tiempos y así acelerar las negociaciones.

“Los sistemas que se utilizan (en otros países) son sobre certezas. En vez de poner dos meses a partir de la primera votación de investidura, tres meses a partir de la constitución de la Cámara”, ejemplifica Isabel Álvarez Vélez, catedrática de derecho constitucional de la Universidad de Comillas ICAI-ICADE, que propone elegir como referencia hitos del calendario que no dependen de la voluntad de los partidos, para que así estos negocien sabiendo que hay un límite concreto de tiempo. “Fechas fijas, fechas ciertas”, subraya. “Otra posibilidad es desde la fecha de las elecciones”, añade. Álvarez Vélez, finalmente, apunta al papel del rey en el caso de que se mantenga como referencia el primer debate de investidura: “En otros sistemas, el presidente de la República tiene que proponer un candidato a la presidencia en el plazo de quince días desde la constitución de la Cámara. Es una opción para el rey. Y ahí surge el debate: ¿Limitamos su actuación? Se le obliga a sancionar las leyes en el plazo de 15 días, por el artículo 91, así que podría ser una opción”.

La Constitución tampoco establece en qué plazo tiene que convocar el presidente del Congreso el debate de investidura a partir del momento en el que un candidato acepta someterse a la votación, punto que los expertos también recomiendan retocar. El sistema actual abre la posibilidad teórica de que los candidatos negocien entre ellos eternamente, años y años, hasta que alguno dé el paso de someterse a la primera votación de investidura. Es lo que Pedro Sánchez, candidato socialista, definió como “poner en marcha el reloj de la democracia” cuando aceptó el encargo de Felipe VI después de que Mariano Rajoy (PP) lo declinara tras el 20-D. Un problema potencial que los partidos parecen dispuestos a afrontar.

“En nuestro partido ya hemos tenido un debate sobre reformar la Constitución porque no hay un plazo fijado si no hay una investidura", opinó Rivera. "Deberíamos reformar la Constitución para solventar el vacío. El 'no' de Rajoy estuvo a punto de llevarnos a un bloqueo institucional. (Hay que hacer) una reforma para que cuando haya una fecha electoral se sepa el plazo de la siguiente convocatoria”.

Todos los sondeos proyectan que el resultado de la repetición electoral será similar al de diciembre de 2015, con un Congreso fragmentado y sin mayorías sólidas. Una reforma constitucional requiere de mayorías reforzadas y años de tramitación. En esas circunstancias, tras el 26-J sería necesario que las distintas formaciones alcanzaran un acuerdo de caballeros para acortar los plazos de negociación, similar al que no lograron para rebajar los costes electorales.

“En la elaboración de la Constitución se discutió mucho el plazo (que debe transcurrir antes de la primera votación de investidura). Se planteó que si es excesivamente corto se produce una reproducción de los resultados (electorales). Por eso se fue a un plazo intermedio, para que hubiera un cierto cambio”, recuerda Federico de Montalvo, profesor de derecho constitucional. “En Alemania, el presidente de la República, para evitar un desgaste innecesario, aparece, propone, y si quien propone él no es admitido la responsabilidad recae en la Cámara”, sigue. “Entonces cobra un papel muy activo el presidente del Bundestag. Es lo que habría que plantearse en España. Que el Rey tenga un papel muy activo hasta un determinado momento y que la Cámara resuelva el problema”, argumenta. “El papel del presidente del Congreso tiene que ser activo, porque es el que tiene una interlocución más directa con los grupos, o bien que haya un tercer hombre que actúe como hombre de consenso”, dice en referencia a los mediadores de otros países europeos, dedicados a tender puentes durante las negociaciones entre los partidos.