El juez amplía la investigación por cohecho en contratos de Defensa

El titular del Juzgado Togado Militar Central 2, que instruye el caso por supuestos delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios en contratos del Ministerio de Defensa, ha ampliado la investigación. En un auto dictado en marzo pasado, el juez ha decidido procesar a E. R. G., administrador único de Tecnove, adjudicataria habitual de servicios y suministros para las tropas españolas destinadas en misiones en el exterior.

De los correos electrónicos incorporados a la causa y de la declaración del propio empresario, el juez deduce la existencia de un pacto con otra compañía también imputada para “que no existiese controversia” entre ambas y “al final del ejercicio se igualase la adjudicación de los contratos” que recibían de Defensa, en perjuicio de otros licitantes. “Os ruego que para evitar malentendidos me contestéis a la siguiente cuestión: ¿A quién le adjudico el contrato?”, se lee en el correo dirigido a un empresario por uno de los dos tenientes coroneles procesados.

En el domicilio de uno de dichos mandos militares se incautó un reloj marca Hublot adquirido por Tecnove en la joyería Durán de Madrid por 2.870 euros. El juez no da credibilidad a la versión del empresario según la cual, en el curso de una comida con dicho teniente coronel, este último se mostró interesado en su reloj y ambos acordaron intercambiárselos, recibiendo el primero un deportivo marca Maurice Lacroix, cuyo precio no concreta el auto. El juez cree que este gesto fue un pago al teniente coronel “por los servicios prestados para facilitar a su empresa la adjudicación de contratos de Defensa”.

Aunque procesa al directivo de Tecnove por un presunto delito de cohecho, el juez exonera a la mercantil en sí. También desimputa a la compañía Clece; en este caso, porque la conversación que se produjo entre un responsable de la misma y uno de los mandos militares procesados se produjo tras la apertura de las ofertas económicas de un concurso de limpieza en instalaciones de Defensa en toda España, por lo que la información facilitada por el teniente coronel no pudo influir en la adjudicación.

En enero pasado el mismo juez acordó el procesamiento de tres militares —dos tenientes coroneles de Intendencia, destinados en el Área de Estrategias de Compras del Ministerio de Defensa y en la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, respectivamente; y un teniente— así como dos directivos de Ucalsa y Proman Servicios Generales.

También acordó entonces desimputar a una decena de empresas, mientras ordenaba continuar investigando a Tecnove y Clece porque hasta ese momento solo pesaban sobre ellas “simples sospechas”.