Un tribunal insta a seguir investigando al líder del PP en Almería

Las prebendas se habrían sustanciado en adjudicaciones, contratos y licencias urbanísticas. Entre los agraciados por las decisiones municipales figuraría el propio alcalde, que llegó a darse contratos a sí mismo, según reveló EL PAÍS. Amat preside el PP provincial, la Diputación de Almería y el Comité Electoral de su formación en Andalucía, donde se proponen los candidatos al Senado.

El tribunal respalda ahora la idea de reforzar una investigación que arrancó en 2012. Una tesis que también sostienen la fiscalía y la acusación que ejerce la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT), que sitúa a Amat en el epicentro de un supuesto clan que saqueó de las arcas municipales más de 100 millones de euros en dos décadas. La Audiencia recuerda en un auto notificado este martes que la causa apunta a la existencia de un “entramado social” vinculado a Amat que habría obtenido “cuantiosos beneficios” gracias a “decisiones urbanísticas cuestionables”

Amat se opuso a que el Juzgado de instrucción número 1 de Roquetas de Mar preguntara a Hacienda si la maraña societaria eludió impuestos. No quería tampoco que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que preside desde 1995, informara al juzgado sobre las relaciones jurídicas de las 103 compañías bajo sospecha. Y tampoco estaba dispuesto a que se analizaran sus declaraciones de incompatibilidad. La acusación había solicitado escrutar este documento al entender que, cuando Amat accedió a la Diputación de Almería, en julio de 2011, su declaración solo recogía intereses agrarios y de automoción (el político preside una empresa que gestiona concesionarios de Volkswagen). Y pasaba por alto que tuviera acciones en las firmas inmobiliarias Complejos Apocalipsis (100 %), Industrias Químicas del Beiro (25 %) y Vallparis (10 %).

La Audiencia de Almería justifica la decisión de reforzar la investigación aludiendo al contenido de un informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), que apuntó en 2015 a la existencia de “posibles delitos continuados de estafa, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”. Y señalaba que la telaraña societaria podría extenderse a más de 300 firmas a través de nexos comerciales. La policía indicó también un posible trato de favor y uso de información privilegiada.

Las pesquisas indagan maniobras como las realizadas para favorecer presuntamente al primo del político, Andrés López —al que la policía atribuye relación con 28 sociedades— y que es el familiar más privilegiado por la gestión del hombre fuerte del PP almeriense. El Ayuntamiento presidido por Amat concedió a Marinas de Roquetas, una firma sin empleados, una licencia para construir 30 viviendas. En febrero de 2006, otra de las compañías con las que los investigadores conectan al familiar del político, Agrupaejido, recibió un permiso para construir otras 10.