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Un juez considera a la Junta andaluza responsable del “despilfarro” en los cursos de formación

El magistrado detalla "facturas irreales" por miles de euros en especias y colorantes

Un juez considera a la Junta de Andalucía responsable "por acción u omisión del despilfarro" de fondos públicos en el fraude de los cursos de formación. El instructor ha criticado con dureza las facturas "totalmente irreales" que ciertos empresarios emitieron para justificar los cursos de formación en Huelva pagados por el Gobierno andaluz: "facturas de miles de euros por especias como colorante alimenticio, orégano, nóminas de profesores o tutores que los alumnos no conocían, paquetes de folios a 50 euros". Son ejemplos sonrojantes incluidos en un auto del magistrado Javier Romero, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, en el que censura la "absoluta falta de control en todas las fases" por parte del Ejecutivo autónomo, al que recrimina que permitiera la picaresca de estos empresarios, que inflaban sus facturas con los conceptos más disparatados.

El juez utiliza una prosa incisiva que recuerda a la de Mercedes Alaya, el mayor dolor de cabeza judicial de la Junta andaluza los últimos años. Romero carga contra la Junta por su pasividad en la vigilancia: "sin cumplir con los requisitos mínimos, en su concesión, en su fiscalización, ni en su supervisión, despreocupándose totalmente si el dinero invertido cumplía o no el objetivo para el que estaba destinado".

El juez resalta que "cuando se dilapida el dinero público para fines distintos o sin respetar los procedimientos establecidos", los perjudicados son los ciudadanos que pagaron sus impuestos y no la Junta, que debe responder frente a ello. Un argumento que utilizó la Audiencia de Palma en el caso Noos a partir del eslógan Hacienda somos todos, recuerda el instructor.

El magistrado instruye una de las 18 causas repartidas por Andalucía en la que tanto la policía como la Guardia Civil analizan un fraude masivo a las subvenciones concedidas en la última década. Esta de Huelva tiene un volumen considerable, ya que los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) han interrogado a casi mil alumnos para verificar la realización de los cursos o falsedad de los mismos.

En su crítica ácida a la Junta, el juez revela que el Ejecutivo concedió subvenciones a empresas con "deficiencias evidentes": firmas de personas que sustituían a otras, compañías que incumplían los requisitos legales porque tenían deudas con la Seguridad Social, firmas de personas en sustitución de otras, así como deficiencias evidentes de algunas instalaciones donde se impartían cursos, "sobre todo en aquellos en que los alumnos eran discapacitados y no se cumplían con las condiciones mínimas exigibles para la impartición del curso", denuncia el instructor.

En su censura al Gobierno andaluz, el magistrado reprueba que este congelara los cursos desde 2011 ante las investigaciones judiciales en marcha y las sospechas policiales: "Si no se utilizaban fondos europeos sino tan solo fondos propios de la Junta de Andalucía, ¿qué inconveniente ha existido para que no se hayan seguido desarrollando este tipo de cursos durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, coincidiendo con la suspensión de las ayudas europeas destinadas a dichas subvenciones?".

Los alumnos en paro que accedieron a estos cursos de formación son los verdaderos perjudicados por el fraude, subraya el juez. "Sin embargo, veían como no se cumplían dichas expectativas, con una formación insuficiente y un flagrante incumplimiento de los compromisos de contratación".

Sobre los cursos para discapacitados, el juez incide en que la Junta "ha hecho caso omiso" a las becas solicitadas por los alumnos, y solo cuando este magistrado preguntó al Ejecutivo, este comenzó a pagar dichas ayudas.

El auto responde a una petición de la Junta para figurar en el procedimiento como perjudicada en vez de como responsable civil subsidiaria. Pero ante el papel deficiente desempeñado como vigilante de la Junta, el juez le deniega dicha pretensión y la mantiene como responsable civil. En esta causa figuran como investigados la cúpula del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta en Huelva.

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