El PP construye un comparador contra las malas prácticas extremistas

El PP ha rescatado de la nevera política su comparador de programas electorales, que puso en marcha para la pasada campaña del 20-D, y lo ha actualizado y reconvertido en un nuevo comparador de "Malas prácticas de gobiernos extremistas y buenas prácticas de gobiernos populares". El propio líder popular y candidato, Mariano Rajoy, clausurará este jueves nada casualmente en Palma unas jornadas específicas del PP con ese mismo cometido: poner en evidencia que los gobiernos de "extremistas y radicales" ya experimentados en distintas autonomías y ayuntamientos desde las elecciones de mayo del año pasado son muy peligrosos y atentan según su criterio contra la unidad de España, el control y la bajada de los impuestos, aumentan la burocracia, atacan la educación concertada, la inversión privada y amparan el nepotismo y el enchufismo. En el análisis del comparador popular los gobiernos locales del PP lo hacen todo bien.

La idea es tan simple como parece. Pero el PP le quiere otorgar todo el autobombo y la complacencia que sea necesaria. El candidato a la presidencia del Gobierno de España, Mariano Rajoy, avalará este jueves en Palma el argumentario oficial construido por el área de Política Autonómica y Local, dirigida por el vicesecretario nacional Javier Arenas.

Las jornadas persiguen poner en evidencia, denunciar y explicar de la manera más sencilla posible que los denominados gobiernos extremistas formados en determinadas autonomías y consistorios tras las elecciones locales de mayo de 2015 han puesto ya en marcha suficientes políticas y reformas para meter miedo con ellas a los electores más conservadores y movilizar ese voto.

La convención se desarrolla este jueves en Palma porque el PP quería escoger una comunidad en la que colaboraran en el ejecutivo tanto Podemos como el PSOE, además de otros partidos, para advertir sobre lo que puede pasar en España si ambas formaciones suman los escaños suficientes y llegan a un pacto tras las elecciones del 26-J.

El comparador está planteado de manera tan esquemática que no permite muchos matices. Se seleccionan las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Navarra, Andalucía, Cataluña, Cantabria y hasta Canarias y se contraponen todas sus actuaciones de manera muy sintética a la que se considera buena labor de gestión de los gobiernos autónomos de Madrid, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Galicia. Se mezclan, por tanto, regiones donde no hubo elecciones hace un año y sí están previstas ahora, como Galicia, y otras donde el PSOE gobierna gracias a Podemos pero también otras donde sigue en el ejecutivo por el apoyo de Ciudadanos, como Andalucía, que sin embargo respalda presidentes autonómicos del PP en Madrid, La Rioja y Murcia.

El supuesto cuadro comparativo se subdivide en el caso de las malas prácticas extremistas en cinco apartados: Ataques a la unidad y a los símbolos constitucionales y a las instituciones; subida de impuestos, incremento de la burocracia, de los altos cargos y del gasto corriente; nepotismo y enchufismo; ataques a la educación concertada; demonización de las iniciativas empresariales y de inversión productiva; y abandono de las políticas sociales. En esos capítulos se destaca que Aragón es la comunidad que más ha subido los impuestos a los ciudadanos, que no se han cumplido todas las promesas electorales de reducción de cargos públicos, se subraya en varias regiones que se han puesto en marcha políticas contra o de reducción de los presupuestos de los colegios concertados y se aprovecha para cuestionar que esos ejecutivos teóricamente progresistas hayan logrado implantar mejores y más amplias políticas sociales.

El esquema es muy similar para el resto de las autonomías gobernadas gracias al PSOE y Podemos, especificando en algunos casos aspectos con el apoyo prestado a dirigentes radicales vascos como Arnaldo Otegi, los impuestos al turismo, la colocación con nombres y apellidos de algunos familiares de altos cargos o los problemas de determinadas regiones para pagar ahora a sus proveedores. No se refleja en el caso de esos ejecutivos extremistas ninguna política o iniciativa positiva o que haya dado buenos resultados.

El comparador se detiene en el apartado de las buenas prácticas en la gestión de los gobiernos del PP en que defienden la Constitución y los estatutos; tienen una política presupuestaria de control de las cuentas públicas y de bajada de impuestos; manejan programas de empleo y de formación; ponen en marcha programas de apoyo a las familias; y defienden medidas de regeneración institucional.