El juez no ve pruebas y archiva el caso de las monjas retenidas en Santiago

El juez Andrés Lago Louro, el mismo que libró de su imputación a un obispo y que ha cerrado la instrucción del caso Alvia sin más imputados que el maquinista, ha archivado la investigación contra las Mercedarias de Santiago porque considera que no queda probado el delito. El pasado mes de enero, una comitiva judicial con otra magistrada al frente entró en el convento de clausura para liberar con la policía nacional a tres religiosas de nacionalidad india supuestamente retenidas intramuros por sus superioras españolas. Todo partía de una denuncia presentada en Madrid a raíz del testimonio de una compañera de las religiosas, también nacida en India, que había logrado zafarse de la orden y trabajaba en el servicio doméstico de una casa en la capital de España.

Pero el caso dejó enseguida de estar en manos del juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, de Ana López Suevos, que aquellos primeros días estaba de guardia y se hizo cargo de las primeras declaraciones y la supuesta liberación de las mujeres que quisieron salir. Una vez que entró en el turno de reparto, asumió la investigación el juzgado número 3, el de Lago Louro, y esta tarde se ha sabido que el juez ha archivado la causa apenas tres meses después de llamar a declarar en calidad de investigada a la superiora y a otras dos monjas como testigos. Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el auto, que todavía no se ha hecho público, concluye que no hay pruebas del delito que se investigaba, la presunta retención, bajo la supuesta amenaza de que iban a ser expulsadas de España, de las mujeres de 30 años dentro del convento desde que fueron captadas por la orden en su país con solo 15.

Fue una monja que había pertenecido a la congregación la que se presentó en dependencias policiales de Madrid el pasado 7 de enero para denunciar que "varias de sus compañeras querían abandonar" el convento de las Mercedarias de Santiago y que "hasta el momento no lo habían conseguido". Los agentes iniciaron entonces una investigación que culminó con la juez personándose en el convento con un auto que le permitió acceder a cinco monjas de clausura procedentes de la India, de las que tres mostraron su voluntad de salir del convento. En ese momento, la comitiva judicial facilitó su salida y tuvo que requerir a la congregación los pasaportes de las mujeres, que guardaba la orden. Se activó entonces un protocolo semejante al de los casos de violencia doméstica, y las mujeres fueron acogidas en un piso protegido.

El Arzobispado de Santiago se puso de inmediato de parte de las superioras de la orden y defendió que aquellas mujeres no estaban retenidas bajo coacción, sino que habían iniciado un largo "proceso de discernimiento" por el que podrían terminar dejando los hábitos como habían manifestado que era su voluntad. No obstante, aquellos días de los hechos, casualmente o no, el papa Francisco alertó en público contra el peligro de la "inseminación artificial" de los conventos a costa de la voluntad de jóvenes como estas.

El juez Andrés Lago Louro, que ha puesto fin a la instrucción del accidente de tren de Santiago exculpando a Adif y Renfe,  también libró del banquillo en 2015 a tres curas, entre ellos un exobispo de la diócesis de Tui-Vigo. La decisión, que ha sido recurrida, corresponde a la instrucción del caso Retablo, sobre presunto amaño de contratos de restauración de arte sacro. Louro puso en duda la legalidad de los pinchazos telefónicos de la policía que implicaban a los religiosos en una trama de supuesto cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas en la adjudicación a dos empresas por parte de la Administración pública de trabajos de restauración de arte sacro.