El juez da el paso para imputar a un diputado regional del PP en Púnica

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 entiende que la conducta del aforado Daniel Ortiz constituye delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones y cohecho. En 74 folios, el magistrado incluye todos los indicios recabados a lo largo de la instrucción, entre ellos numerosa documentación, escuchas telefónicas, correos electrónicos y declaraciones policiales y judiciales.

El juez explica que en esta pieza del caso Púnica, la sexta, se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos entre ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la multinacional Cofely, filial del gigante energético francés Suez.

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El contrato de eficiencia energética de Móstoles, valorado en 73,1 millones de euros y con una vigencia de 12 años fue adjudicado en enero de 2014 y constituye el mayor de los pelotazos investigados en el caso Púnica. Velasco señala que durante el mandato de Ortiz (2013-2014) “se han detectado presuntos actos de corrupción” en beneficio de Cofely “con un ánimo de lucro personal como contrapartida” en el que fue en su día regidor mostoleño. En la operación participaron también supuestamente su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla Palombi, y el hermano de este, Mario, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva. Los hermanos "se erigieron como intermediarios-representantes de todos ellos en las negociaciones del cobro de dádivas”, sostiene el magistrado.

Por parte de Cofely actuaron “activamente” responsables del Departamento Comercial, principalmente su director, Constantino Álvarez, el responsable de Mercado Público, Pedro García Pérez, así como personal del Departamento de Operaciones y el director general de la compañía en España, Maurice Didier.

En la operación fraudulenta participó, según su propia confesión, David Marjaliza, el supuesto cerebro de la trama Púnica y amigo del ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Marjaliza actuó en diversos campos. Ejerció como asesor comercial externo de la empresa y como conseguidor del contrato. Intermedió con los cargos municipales para obtener informaciones reservadas para que Cofely preparara sus ofertas. También representó a la compañía energética en la negociación de los supuestos sobornos e incluso financió estos adelantando el dinero.

La exposición razonada detalla todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 años.

Presionar al concejal

Daniel Ortiz, según el juez, se sirvió de su posición de alcalde para recabar información sobre los contratos energéticos y presiónó continuamente a al concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey. El regidor llegó incluso a pedir al edil que interrumpiera el procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.

Según Velasco, durante la tramitación del procedimiento puso en marcha “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (…) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor”.

Dicha actuación se hizo, continúa el juez, al objeto de que los cuadros técnicos de esa multinacional realizaran “como efectivamente realizaron, un contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces”, con el fin de ayudar a esa empresa –Cofely España- “facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella”.

El escrito del juez señala que las irregularidades se hicieron a cambio de cantidades entre 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros “como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato”, dinero que salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al Ayuntamiento mediante conceptos como una simulada auditoría por importe del 2 por ciento del presupuesto de adjudicación en 12 anualidades.

También a cambio de “una serie de reformados que no eran más que una ficción de gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario para abonar las dádivas prometidas que, en perjuicio del servicio, la competencia y el erario público repartió con otras autoridades municipales y que llevó a que finalmente se le adjudicara el contrato a la empresa indicada”.