Anticorrupción denuncia un fraude de subvenciones de 2,4 millones en Extremadura

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes una denuncia en los juzgados de Badajoz sobre un supuesto fraude de subvenciones en cursos de formación en Extremadura. Según un comunicado enviado por la fiscalía, la patronal Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) no ha justificado subvenciones por valor de 1,7 millones de euros; el sindicato UGT, 400.133 euros; y CC OO, 311.897 euros. En total 2,4 millones de euros no han sido debidamente justificados. La causa, por delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental, afecta a más de 600 cursos, con 10.000 alumnos y 500 docentes.

Según la nota, se han detectado “irregularidades diversas”. En términos generales se habla de “discrepancias y distorsiones” entre los gastos justificados documentalmente por las organizaciones ante la Administración para cobrar las subvenciones y el dinero gastado de forma efectiva en los cursos de formación. En la investigación preliminar de la fiscalía han participado la Intervención General de la Junta de Extremadura, la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Fiscalía inició sus investigaciones a raíz de un informe del director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, dependiente de la Junta. Este informe “meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva”, según el fiscal, relataba supuestas “irregularidades” en el proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas.

Las subvenciones derivan de la Orden de 1 de junio de 2011 de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura. En esa fecha, el socialista Guillermo Fernández Vara gobernaba en funciones tras la victoria del popular José Antonio Monago. La convocatoria iba destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en Extremadura.

El Partido Popular extremeño emitió este lunes un comunicado en el que defiende su decisión de poner las supuestas irregularidades en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. “Se demuestra que, con las sospechas que surgieron de la auditoría externa, el Gobierno de José Antonio Monago hizo bien en denunciar el caso al evidenciar irregularidades en la gestión de las subvenciones para los cursos de formación de ocupados”, afirma la nota de los populares.

El PP recordó que al denunciar los hechos pidió respeto a la Justicia y defendió la actuación responsable del Ejecutivo regional al fiscalizar el dinero público. “Los que entonces hablaron de bajeza moral y electoralismo deberían hoy mismo pedir disculpas por la ligereza con la que lanzaron esas afirmaciones, ya que es la Fiscalía Anticorrupción y no alguien que se presenta a las elecciones quien ha visto indicios de delito en la gestión de esas subvenciones”, afirma.

El Ejecutivo de Monago intentó evitar con su denuncia, según el PP, que en Extremadura ocurriera “un presunto fraude a gran escala como sí ha ocurrido en la comunidad vecina de Andalucía y su fondo de reptiles”.