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Un diputado de Podemos, a juicio por interrumpir un informativo de RTVE

La fiscalía solicita multas por un importe total de 171.000 euros al parlamentario y otras 18 personas

Miembros del Campamento interrumpen el informativo regional de RTVE, en 2014.
Miembros del Campamento interrumpen el informativo regional de RTVE, en 2014.

Eugenio Romero, diputado de Podemos en el Parlamento extremeño, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 16 de junio, junto a otras 18 personas, por interrumpir un informativo regional de TVE para protestar por el impago de la Renta Básica de Inserción y solicitar la aprobación de una norma que la regulara. La Fiscalía les acusa de delitos de desórdenes públicos y coacciones, por los que solicita la imposición de multas de entre 9.000 y 11.520 euros a cada uno.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura juzgará a los acusados, entre los que se encuentra también Manuel Cañada, excoordinador regional de IU. Este órgano se hizo cargo de la causa después de que el Juzgado de Instrucción rechazara la petición de Romero de renunciar a su aforamiento.

Más información
El Campamento Dignidad interrumpe el informativo de TVE en Extremadura

La Fiscalía mantiene en su escrito de conclusiones provisionales que los 19 acusados, que formaban parte del colectivo Campamento Dignidad, "irrumpieron abruptamente y en tropel" en el plató donde se emitía en directo el informativo territorial del 11 de febrero de 2014. Además, atribuye a uno de los procesados una falta de maltrato de obra por un golpe propinado al director del centro territorial.

El Ministerio Público recalca que los imputados se dirigieron hasta el centro regional de RTVE "con ánimo de alterar el funcionamiento de las instalaciones e impedir la correcta emisión del informativo". Los acusados se colocaron detrás de la presentadora, frente a las cámaras, y desplegaron una pancarta y reclamaron 'a gritos' la creación de una renta básica, "provocando el corte de la emisión". La presentadora sufrió un ataque de nervios y el informativo quedó suspendido 20 minutos hasta que los participantes en la reivindicación fueron detenidos.

"Algo está fallando cuando el Estado considera delictiva la actuación de unas personas que simplemente hicieron un ejercicio de pacífica desobediencia civil", ha subrayado Endika Zulueta, uno de los abogados de los procesados, que ha añadido: "Reclamaban al Estado que cumpliera con aquello a lo que está obligado: materializar los derechos sociales, especialmente los de la ciudadanía que se encuentra económicamente más necesitada".

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