Los cobros por los cursos de Ausbanc dividen a los jueces

Los magistrados advierten que si no se elige bien la entidad con la que se colabora se puede dañar la percepción de imparcialidad de la carrera

El presidente del Parlamento canario, Antonio Castro,el 30 de octubre de 2014 inaugura las jornadas de Ausbanc.
El presidente del Parlamento canario, Antonio Castro,el 30 de octubre de 2014 inaugura las jornadas de Ausbanc.Parlamento de Canarias

La presencia de jueces como ponentes en jornadas jurídicas organizadas por la asociación Ausbanc, cuyo presidente, Luis Pineda, está en prisión por extorsión, ha causado estupor en un sector de la carrera judicial y fiscal. Magistrados consultados sostienen que pese a ser legal que se cobre por participar en este tipo de cursos, si no se elige bien la entidad con la que se colabora se puede dañar la percepción de imparcialidad de los integrantes de la carrera. El Consejo General del Poder Judicial defendió este jueves que los jueces acudan a estos foros porque no lo prohíbe su régimen de incompatibilidades.

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Después de que EL PAÍS publicara este jueves que jueces y fiscales de toda España participaron desde 2010 en el Foro de la Justicia, organizado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), y percibieron entre 800 y 1.500 euros por sus conferencias, la estupefacción se instaló en parte de la judicatura, especialmente entre jueces y fiscales de base. Las charlas principales de estos congresos estaban presididas por Luis Pineda, encarcelado el pasado lunes por extorsionar a bancos a cambio de no publicar informaciones negativas y que supuestamente se alió con Miguel Bernad, líder de Manos Limpias, para chantajear a personas y entidades contra las que se habían querellado.

Ausbanc, una entidad cuya actividad era objeto de controversia pública antes incluso de la Operación Sansón en la que Pineda y Bernad fueron detenidos, invitó a varios profesionales del sector de la Justicia a sus foros.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se apresuró este jueves a aprobar una declaración en la que recordaba que el cargo de juez o magistrado es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”.

El órgano de gobierno de los jueces subrayó que la presencia de miembros de la carrera en “foros, cursos o jornadas públicos junto a otros actores del sector de la Justicia contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad”.

El Reglamento de la Carrera Judicial, que recoge el régimen de incompatibilidades de los magistrados —el más severo entre los empleados públicos junto, quizá, los miembros de las Fuerzas Armadas— defiende el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica como “una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos”.

Las asociaciones judiciales se alinearon, aunque con notables matices, con la declaración del Consejo. Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), manifestó: “La participación en este tipo de jornadas y cursos jurídicos está contemplada y amparada en la normativa orgánica y el Reglamento de la Carrera Judicial. Son actividades de colaboración que se vienen desarrollando con transparencia absoluta”. Sin embargo, a renglón seguido añadió: “Naturalmente, lo que evidencian estos casos puntuales es que por un principio elemental de prudencia debemos seleccionar con un criterio de rigor aquellas instutuciones o entidades con las que podamos desarrollar colaboraciones en el ámbito docente”.

Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, también fue un paso más allá que el Consejo. “Partimos de la base de que la actuación de los jueces que asistieron a estos foros no hicieron nada ilegal ni inmoral: acudieron sin conocer la información que se ha destapado ahora”. Y añade: “Sin embargo, se debe analizar si la participación en este tipo de actividades formativas pueden afectar al principio de imparcialidad, porque surjan dudas de que el juez pueda beneficiar a quien le está pagando”.

Por su parte, Foro Judicial Independiente defendió igualmente la posibilidad de que los jueces puedan impartir cursos y conferencias de manera retribuida en consonancia con el prestigio profesional que cada magistrado pueda obtener con su trayectoria profesional. Ahora bien, añaden, esto debe hacerse "de manera prudente y evitando que se puedan producir casos en los que se pueda afectar negativamente a la imagen de imparcialidad del Poder Judicial".

Aunque algunos de los jueces y fiscales consultados apoyan la participación remunerada de sus compañeros en actos de Ausbanc, casi todos admiten que en el caso de instituciones privadas, como lo es la asociación de consumidores investigada, hay que ser especialmente escrupulosos antes de aceptar cobrar por colaborar con ellos. “Yo no iría porque podría llegar un día en que tengas litigios con ellos y surja el problema”, afirma el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.

“Se hace un daño a todos tremendo, por quince magistrados se extiende la imagen de que los jueces confraternizamos con los corruptos”, sostiene otro magistrado de lo penal que declinó hace dos años la invitación de Ausbanc para asistir a sus jornadas. “En el ambiente flotaba que eran unos piratas que cobraban por hacer buena publicidad, pero no tuve constancia de ello más allá de lo ambiental”, señala.

Un código ético

El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, comparte las reticencias a cobrar de organismos privados, pero va más allá. “Hace falta un código ético”, asegura. En su opinión, este código debería prohibir cobros como los efectuados por Ausbanc o, por ejemplo, que jueces o fiscales acudan invitados a palcos de estadios de fútbol o plazas de toros. “Si vas te vinculas a los presentes en ese palco y algún día te puedes encontrar con ellos en un caso”, avisa.

Su asociación ha reclamado esta regulación a la Fiscalía General del Estado que, por ahora, no la ha abordado. La elaboración de un código ético para jueces y fiscales se ha reclamado también en el Consejo de Europa.

Pero no todos los fiscales comparten esta máxima de Viada. Emilio Frías, portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, no ve inconveniente en cobrar de una institución privada. “Es legal y no está mal visto. Además, hay que tener en cuenta que es de las pocas actividades que nos están permitidas a jueces y fiscales para aumentar los ingresos”, afirma.

En la misma línea se pronuncia Raimundo Prado, el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria. “Quizá habría que preguntarse por qué los jueces da clases, preparan a opositores, imparten conferencias. A lo mejor es que no están bien retribuidos de acuerdo a su preparación y responsabilidad”.

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