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El Congreso aprueba llevar al Gobierno ante el Constitucional

Dos tercios de la Cámara acusan al Ejecutivo de Rajoy de despreciar al Parlamento

Carolina Bescansa conversa con el presidente del Congreso Patxi López.
Carolina Bescansa conversa con el presidente del Congreso Patxi López.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una iniciativa insólita en democracia para llevar al Gobierno en funciones ante el Tribunal Constitucional por negarse a someterse al control del Parlamento. Dos tercios de la Cámara, todos los grupos salvo el PP, han aprobado en el pleno promover un conflicto de atribuciones, aunque no es seguro que llegue siquiera al Tribunal por cumplimiento de los plazos para cumplimentarlo y su futuro es incierto.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy sostiene que, al estar en funciones, no puede someterse al control parlamentario, ya que este Congreso no es el que le eligió en 2011. Por eso, varios ministros y altos cargos han dado plantón ya al Parlamento y no han acudido a comisiones a las que habían sido citados.

El conflicto de atribuciones no se resolverá en el Tribunal Constitucional antes de que el 2 de mayo se disuelvan las Cámaras si no hay acuerdo para la investidura. Incluso, es posible que no llegue al tribunal antes de esa fecha. Es un gesto político y simbólico que si llega al Tribunal serviría, según los promotores, para fijar normas si se llega a una situación similar en el futuro.

El articulo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fija unos plazos imposibles de cumplir antes de esa disolución. De hecho, el Gobierno agotará el plazo de un mes que tiene ahora para hacer alegaciones y decir si se ratifica o no en su posición y, de esa forma, esperar a la disolución automática de las Cortes. La diputación permanente tendría que seguir el procedimiento, pero habría acabado el objeto de conflicto porque ya no sería posible el control al Gobierno.

Si hubiera acuerdo para formar Gobierno antes del 2 de mayo la respuesta sería de otro Ejecutivo, probablemente, de otro signo político y, por tanto, aceptaría el control y ya no habría conflicto.

Todos los grupos, con excepción del popular, han acusado en el pleno al Gobierno de "desprecio" al Congreso, de no respetar la democracia y de continuar con la actuación de la anterior legislatura en la que el presidente y los ministros eludieron en multitud de ocasiones comparecer ante el Congreso.

El portavoz de PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha hablado de la "rebeldía declarada" del Gobierno del PP. Para Íñigo Errejón (Podemos), la iniciativa tiene que ver con el mandato de los ciudadanos que quieren transparencia y control del Poder Ejecutivo.

El portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, se ha defendido tachando de electoralismo la pretensión de hacer comparecer al Gobierno en funciones. Bermúdez ha invocado precedentes como Andalucía y Cataluña, donde no hubo actividad parlamentaria sin investidura.

La coincidencia de todos, salvo el PP, en este punto contrasta con la crispación y enfrentamiento previo entre todos del debate anterior, el de cumbre europea. Solo tuvo en común las referencias críticas de la oposición contra Mariano Rajoy por haber acudido a la fuerza al Congreso.

Hoy se vivirá un nuevo episodio de enfrentamiento cuando la cúpula de Interior, con el ministro Jorge Fernández a la cabeza, no acuda a la Comisión del Congreso a la que han sido citados.

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