PSOE y Podemos harán que el Congreso revise las leyes del PP

PSOE y Podemos quieren que el Congreso de los Diputados revise las principales leyes aprobadas en solitario por el PP en la pasada legislatura, incluso, aunque no se haya producido la investidura de presidente del Gobierno. Los dos partidos han presentado proposiciones no de ley para que sean debatidas en la Cámara para pedir la derogación de la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, la ley de educación (Lomce), la prisión permanente revisable, la reforma laboral y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras.

La actividad del Congreso, al margen del debate de investidura, arrancará el martes con el primer pleno que se celebra en la Cámara baja con un Gobierno en funciones en la historia constitucional. Se iniciará pero con el freno de mano porque el pleno durará solo una tarde y porque solo se debatirán y votarán proposiciones no de ley.

La aprobación final de proposiciones de ley antes de que haya nuevo Gobierno o se celebren nuevas elecciones es prácticamente imposible

Su aprobación tiene un valor simbólico y político, pero en sí mismas no derogan ni modifican leyes. Lo que sí hacen es forzar un pronunciamiento del Parlamento o instar al Gobierno a hacer algo y, dado que el actual está en funciones, se dirigirán hacia el futuro Ejecutivo. Servirán también para marcar estrategias en el momento en el que se negocian pactos para investidura.

Que se aprueben unas u otros depende del cupo que tiene cada grupo y de la celebración de los plenos que empezará a ser regular después de Semana Santa. Por el momento, ya han pasado el trámite de calificación de la mesa las iniciativas de PSOE y Podemos, presentadas por separado, pero coincidentes en la petición de derogación de esas iniciativas.

Sobre la unidad de España

El pleno se abrirá el martes con el debate de una proposición no de ley del PP para defender la unidad de España. Los populares pretendían cuando la presentaron generar contradicciones entre grupos que podrán estar negociando y, por eso, excluye expresamente la consulta de autodeterminación en Cataluña. “El respeto a la soberanía nacional, que reside en el conjunto de los españoles, que es incompatible con cualquier tipo de referéndum o consulta ciudadana sobre lo que es y debe ser España, en la que una parte de los españoles decidan por todos los demás”, asegura el texto. Y concluye pidiendo que se siga actuando “con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España”.

La actividad del Congreso arranca el martes con el primer pleno que se celebra en la Cámara baja con un Gobierno en funciones

El resto de grupos no han fijado aún su posición.

Ciudadanos presentó la suya sobre este asunto, que será la primera de este grupo, y que se verá también el martes. Pide que el Congreso se reafirme en “que ejercerá una activa defensa de la Constitución Española, de la igualdad, de la solidaridad y de la unión entre todos los españoles y de la integridad de la soberanía nacional. A tal fin pondrá en marcha todas las iniciativas que el Estado de Derecho permita para frenar cualquier acción de cualquier gobierno autonómico u otras instituciones del Estado que pretendan subvertir el orden constitucional”.

“De igual forma, el Congreso de los Diputados recientemente elegido, emanante de la soberanía de todos los españoles, insta al Gobierno en funciones a que vele por el respeto íntegro de nuestro ordenamiento democrático y a tal fin compromete su apoyo al ejecutivo en funciones en cumplimiento de los valores constitucionales”, concluye.

Los dos grupos tienen previsto negociar para fundir el texto en uno y el resto de partidos puede presentar enmiendas.

Corrupción

Sí es casi seguro que saldrá adelante la creación de una comisión sobre corrupción que piden por separado el PSOE y Podemos y con diferentes funciones, que tendría carácter permanente y que puede ser uno de los focos de la legislatura si termina de arrancar, porque tendrá capacidad para forzar comparecencias. El modelo son las dos creadas en la Asamblea de Madrid a propuesta de Podemos y Ciudadanos y en la que compareció Esperanza Aguirre.

La primera iniciativa de Podemos en su historia que se debatirá en Pleno será una “trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos”, que pide la ratificación de un tratado de la OIT.

No se debaten proposiciones de ley, porque antes deben cumplir un trámite que mantiene paradas las presentadas por los grupos. En concreto, la ley obliga a que el Gobierno informe en un plazo de un mes cada una de ellas y el Ejecutivo ha decidido tomarse ese tiempo completo antes de que se sometan a debate las que han sido calificadas por la Mesa.

Sin tiempo para llevarlo a cabo

En todo caso la aprobación final de proposiciones de ley antes de que haya nuevo Gobierno o se celebren nuevas elecciones es prácticamente imposible. Es decir, puede iniciarse el proceso, pero es imposible terminar el procedimiento legislativo en Congreso y Senado antes del 2 de mayo, fecha de la disolución automática de las Cortes si no hay investidura. No es posible, por tanto, derogar las leyes polémicas del PP sin que haya Gobierno.

Hasta ahora, en todas las legislaturas, ese plazo de 30 días se estimaba que se iniciaba en el momento en que se formaba Gobierno. Sin embargo, los letrados del Congreso hicieron un informe en enero en el que admitían que la especial situación que se vive lleva a pensar que el Ejecutivo en funciones no puede dejar de ejercer esa competencia de opinar sobre los proyectos de ley presentados.

Ese informe legal aseguraba que no hay pega alguna sobre las proposiciones no de ley, con la única salvedad de que las que tienen por objeto instar al Gobierno a hacer algo deben entenderse como dirigidas al que se forme tras la investidura. Todas las iniciativas que estén en trámite en el momento de disolución de las Cortes si es que se produce el 2 de mayo decaerán.

La ley 25 y otras propuestas pendientes

Entre las que están pendientes del trámite de calificación está la llamada ley 25 de Podemos que busca, por ejemplo, asegurar el suministro eléctrico a personas con problemas, entre otras medidas.

Ha superado el trámite calificación y está pendiente de la respuesta del Gobierno:

• Una proposición de ley de Podemos para modificar el artículo 315 que ahora penaliza las actuaciones de trabajadores durante la huelga y para castigar a empresarios que impidan el ejercicio de ese ejercicio.

• Una iniciativa del PSOE para derogar esa norma está también pendiente de la respuesta del Gobierno.

Los socialistas son los que más iniciativas han presentado, según el listado de las calificadas ya por la Mesa, según la web del Congreso.

Ciudadanos no incluye derogación de normas y la mayoría se refiere a medidas de regeneración, como un “plan de choque” contra la corrupción. También tiene una para crear una comisión que estudie la reforma de la ley electoral.