El juez pide más datos de la supuesta mordida por la basura de Toledo

El juzgado de Instrucción número de 3 de Toledo ha dado un nuevo paso en la investigación sobre la supuesta mordida que recibió, a cambio de adjudicaciones a dedo, el PP de María Dolores de Cospedal para financiar la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2007. El magistrado ha solicitado, a través de un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, más documentos al jefe de Información del Ayuntamiento de Toledo y al presidente de la Junta de contratación para aclarar las condiciones en las que se adjudicó ese año la concesión del servicio de recogidas de basuras a la compañía Sufi, una filial de la constructora Sacyr. Según declaró el extesorero del PP, Luis Bárcenas, la formación conservadora recibió 200.000 euros para conceder este contrato a dicha empresa.

Esta decisión del instructor se produce después de que, a principios de febrero, reactivase esta investigación y citase a declarar como testigo al economista del Consistorio de Toledo, además de solicitar a la Administración municipal “cuanta documentación se analizó o estudió” en la junta de Gobierno del 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones, para aprobar un protocolo entre el Ayuntamiento, Sufi y el comité del servicio de limpieza que permitió dar luz verde a esta adjudicación.

De hecho, el magistrado ha solicitado en este último auto, con fecha del 29 de febrero, que se informe si existe en el registro general un asiento donde conste la recepción de dicho protocolo bajo sospecha y, paralelamente, si la junta de contratación o algún organismo municipal emitió algún informe sobre la procedencia de aprobar dicho documento.

El actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado en diversas ocasiones convencido de que el PP regional se financió de forma irregular. Cospedal, por su parte, siempre ha negado estas acusaciones. La formación conservadora insiste en que “hay quien intenta que se hable una y otra vez de algo que no existe”.