El presidente de Porcelanosa y un alto cargo de Aragón, a juicio por el ‘caso Plaza’
La Audiencia juzgará un desvío de 147,3 millones en la construcción de Plataforma Logística de Zaragoza
El magistrado instructor del denominado caso Plaza, que investiga un fraude valorado en 147,3 millones de euros en las obras de la plataforma logística de Zaragoza (Plaza) —propiedad del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón—, ha dado por concluida la instrucción este viernes al notificar su auto de apertura de juicio oral. Entre los 25 procesados que finalmente se sentarán en el banquillo están el presidente de Porcelanosa, Manuel Colonques, y el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés, Carlos Escó (PSOE).
Los encausados responderán por delitos de prevaricación, fraude, malversación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales o alzamiento de bienes, entre otros.
El Ministerio Fiscal reclama para José Ricardo García Becerril, exgerente de la Plataforma Logística Plaza, 23 años de prisión; para José María Jordán Rando, ejecutivo de Acciona, más de 10 años; para Escó más de siete; y más de cinco años de prisión para Manuel Miguel Colonques. También está implicado en este caso Agapito Iglesias, anterior propietario del Real Zaragoza, para quien reclama otros cinco años.
El Abogado del Estado, por su parte, solicita para García Becerril una pena de cárcel de dos años por un delito contra la Hacienda Pública, así como la inhabilitación para el ejercicio de industria y comercio, una multa de 400.000 y la pérdida del derecho a poder obtener subvenciones o ayudas públicas, así como la del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
Responsabilidad civil
En cuanto a las medidas de situación personal, adoptadas durante la instrucción del caso, el magistrado las ha mantenido. Para garantizar el pago de las responsabilidades civiles, el instructor solicita a los acusados en su auto el ingreso de un total de 149.108.735,92 euros.
La denuncia por estas obras fue presentada en el Juzgado de Guardia de Zaragoza el 14 de agosto de 2013 por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, quien consideró que hubo un plan urdido en 2002 por los principales responsables para ejecutar las obras de esta plataforma logística, la mayor de Europa, y obtener beneficios.
