La juez envía a prisión al dueño de Vitaldent y a otros tres directivos

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Majadahonda ha enviado este miércoles a prisión incondicional sin fianza a los cuatro principales implicados en la red de fraude de la cadena de Vitaldent; entre ellos, a su propietario, Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conde, informa la agencia Efe. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado esta medida cautelar para Colman, Conde, Javier Artega y Nicolás Sisinni, que han sido los primeros de los 13 arrestados a los que la magistrada ha tomado declaración en el marco de la causa iniciada a raíz de la denuncia de varios de los franquiciados.

Representantes de Vitaldent han convocado la tarde de este miércoles a la prensa, en las oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid), para decir que garantizan el funcionamiento de las clínicas; no han aceptado preguntas de los periodistas.

Aunque el presunto fraude fiscal llevado a cabo por Colman y su equipo directivo con la cadena de clínicas dentales Vitaldent se estimó al principio en 10 millones de euros, todo indica que esa cantidad ascenderá a medida que se desarrolle la investigación. El juez que instruye el caso desde el juzgado número 2 de Majadahonda ha dejado este miércoles en libertad a tres de los detenidos en la llamada Operación Topolino por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a los franquiciados. Los otros 10 han empezado ya a declarar.

En los registros realizados en tres de los domicilios de los 13 detenidos el martes, la policía se ha incautado de 1.200.000 euros en efectivo y una colección de relojes de lujo. Parte de ese dinero se encontraba en la vivienda de Colman y procedería, según las investigaciones, de los pagos en negro que les exigía a los responsables de las 450 franquicias de la compañía. 

La Fiscalía Anticorrupción, que coordinó la operación, calificó a los arrestados de "organización criminal". El cabecilla era Colman, quien presuntamente planeaba fugarse con parte del dinero y dejar el negocio en manos de otros, puesto que ya se sentía vigilado.

Los registros continúan, por lo que todavía podría haber sorpresas, aparte de las ya conocidas el martes, como la flota de 36 vehículos y el avión privado, las más de 200 fincas —entre rústicas y urbanas, incluido un pueblo abandonado en el Valle de Arán— o las empresas de alquiler de aeronaves o de caballos purasangre, que supuestamente habría ido adquiriendo para blanquear el dinero negro que guardaba en cuentas suizas y luxemburguesas.

Entre las medidas adoptadas el martes por el juez, está el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas investigadas, repartidos en 25 entidades bancarias, así como los activos financieros de dos Sociedades de Inversión de Capital Variable (las Sicav) por importe de cinco millones de euros. Además de la prohibición de disponer de 124 fincas urbanas repartidas por toda España y de 103 rústicas, así como de los coches intervenidos, de una aeronave valorada en un millón de euros y caballos hallados en una finca en Villacastín (Segovia).

Un sistema de franquicias "salvaje"

El abogado de los franquiciados de las clínicas Vitaldent, Rafael Franco, ha afirmado este miércoles que sus clientes estaban sujetos a un sistema de franquicias "salvaje" en el que el 98% de las cláusulas de los contratos eran penales, es decir, "se castigaba todo sin ningún tipo de contraprestación".

"Al parecer, aplicaban sobrecostes de manera continuada y sostenida en el tiempo a los franquiciados; usaban de manera perversa el sistema informático donde se establecía la información y toda la facturación, así como cánones que no figuraban en el contrato de franquicias. También se practicaban auditorías internas que servían para doblegar el ánimo de los franquiciados", ha asegurado Franco a las puertas de los Juzgados de Majadahonda, donde declaraban algunos de los detenidos. "Esto se ha denunciado y ahora entramos en fase de instrucción, que será larga y compleja", ha afirmado.

De momento, solo hay personadas cinco franquicias de la firma, pero se prevé que se persone el resto de franquicias perjudicadas. Según el abogado, el caso comenzó a investigarse hace tres años y "fue creciendo". "Primero se pusieron las denuncias iniciales en el grupo de Canillas, en la Policía Nacional; después lo tomó Anticorrupción y aquí estamos".