El Supremo cita a una diputada del PP por la rama jerezana de Gürtel

La diputada del PP y exalcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García Pelayo, declarará el próximo 22 de febrero ante el Tribunal Supremo en calidad de investigada (antes imputada) por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. La exregidora —quien dejó este cargo tras las pasadas elecciones municipales— comparece en relación con determinados contratos administrativos adjudicados por el Ayuntamiento jerezano a las empresas de Francisco Correa para Fitur 2004, incluido en el sumario del caso Gürtel.

García Pelayo se suma a la lista de alcaldes de Jerez investigados por la justicia por actuaciones supuestamente irregulares. Todos sus antecesores en el cargo, tanto el andalucista Pedro Pacheco como la socialista Pilar Sánchez, cumplen condena en prisión por dos casos de enchufismo y por la concesión irregular de una subvención, respectivamente. En la actualidad gobierna la socialista María del Carmen Sánchez.

El Supremo abrió causa contra García Pelayo después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien instruye la trama de corrupción vinculada al PP, enviara el pasado junio una exposición razonada al alto tribunal para que se hiciera cargo de la investigación dada su condición de aforada, ya en la anterior legislatura era senadora. Esta pieza investiga tanto la contratación directa de las empresas de Correa para el stand en Fitur como la celebración de un espectáculo ecuestre y uno de flamenco con motivo de la feria turística. El importe de los contratos fue de 355.391 euros.

De la Mata relata en su auto la “grosera ilegalidad” que supuestamente cometió Jerez en la contratación de las empresas de Correa. El juez mantiene que los contratos se lanzaron sin concurso público y, en algunos casos, como contratos menores y sin publicidad. El juez atribuyó a la exalcaldesa la “consciente adopción” de resoluciones sobre la participación de Jerez en Fitur como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello. “Sería la propia imputada la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición algún”, según el auto. Después, presuntamente, dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.

La Sala de lo Penal del alto tribunal comparte “la trascendencia de los indicios” recogidos por De la Mata. El Supremo asumió solo la competencia sobre García Pelayo y no sobre el resto de personas incluidas en la exposición razonada, entre ellos, Correa y Pablo Crespo, los cabecillas de la trama Gürtel.