Rajoy echa el freno al Gobierno

La agenda de Mariano Rajoy está bastante más libre desde el 20-D, como descubrió la broma de su conversación telefónica con el imitador del presidente catalán, y se ha liberado aún más ahora para el próximo mes, donde su papel político se verá reducido al líder de un partido marginado en los próximos contactos para discutir la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno está en funciones desde la madrugada de la jornada electoral, con unas tareas más acotadas por la tradición que por la ley específica que regula su trabajo, y la prolongación ahora de esta situación, al menos varios meses, pone en cuestión varios proyectos de relevancia y, sobre todo, importantes promesas electorales y hasta el borrador de los próximos presupuestos.

Fuentes del Ejecutivo consultadas en distintos departamentos corroboran que será muy difícil por no decir imposible que un Gobierno en funciones ponga en marcha el tan trascendente como tantas veces prometido Corredor Mediterráneo para liberalizar las vías ferroviarias en ese tramo e introducir la competencia privada, pero también negociaciones políticas tan relevantes como el nuevo Sistema de Financiación Autonómica o la renovación del Pacto de Toledo para la revisión de las pensiones, que estaban programadas para abordar esta primavera.

Un Gabinete provisional, por ejemplo, tampoco cubre las vacantes que se producen (en este caso tres en las últimas semanas) y es más que discutible cómo tendría que encarar ante la Unión Europea la aprobación del techo de gasto presupuestario para 2017, que debe definir y aprobar en Consejo de Ministros entre abril y mayo de este año.

El socialista Pedro Sánchez ha pedido al presidente del Congreso un mes para negociar con otros grupos y presentarse a un pleno de investidura en las Cortes. Si tras esa sesión no resultase elegido tendría más opciones, pero el calendario para convocar otras elecciones empezaría a correr y llevaría la fecha de esos posibles comicios en torno al domingo 26 de junio, con la probabilidad cierta de no tener otro gobierno hasta julio o agosto. Es un plazo de tiempo mucho mayor del que el actual Ejecutivo había pensado para estar provisionalmente.

El artículo 20 de la ley del Gobierno fija las limitaciones jurídicas de un ejecutivo en esa situación pero la tradición establece muchos más impedimentos políticos. Por ejemplo: en este interregno no se suelen cubrir las vacantes de los altos cargos que cesan o dimiten.

En las últimas semanas, se han producido tres en diversos departamentos y alguna tan importante como la del subsecretario de Presidencia, el número tres de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que dejó su cargo afectado por el escándalo de Acuamed. Federico Ramos no ha sido todavía sustituido y eso que en su función ejercía también como secretario del Consejo de Ministros y de la comisión de subsecretarios que fija semanalmente la agenda de asuntos a abordar por el Gabinete. La ministra de Fomento, Ana Pastor, tampoco ha relevado ni piensa hacerlo al cesado director general de Vivienda, Juan Van-Halen Rodríguez, afectado por el escándalo del Ivima madrileño. Y tampoco ha sido relevado en el Ministerio de Economía el director general de Comercio Internacional e Inversiones, que ha dejado su puesto para ocupar otras funciones en Bruselas.

Economía, por ejemplo, debe resolver precisamente en estas fechas la renovación o prórroga de muchos cargos españoles en instituciones internacionales multilaterales o cuadrar sus vacantes en el extranjero de las oficinas comerciales.

La misma situación se produce ante las bajas, bastante numerosas, que se registran entre los equipos de asesores y colaboradores en los Gabinetes de los propios ministros, que tampoco son cubiertas en este periodo.

Los presupuestos de 2016 ya fueron aprobados, no sin polémica y a última hora, por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y eso facilita que ahora los ministerios puedan poner en marcha y ejecutar obras ya previstas, adjudicar lo programado y contratar el personal planificado. Pero no pueden ni deben abordar proyectos de mayor alcance.

El caso más sintomático, por su relevancia internacional, es la liberalización del Corredor Mediterráneo en la zona del levante español. La Unión Europea obliga a los Estados a abrir a la competencia privada las vías ferroviarias progresivamente hasta 2020 y Fomento decidió que arrancaría ese proceso de alquiler de las vías alternativo a los servicios tradicionales de Renfe esta primavera con el tramo previsto para el corredor del levante. El proyecto del concurso estaba listo y preparado al final de la anterior legislatura, pero se dejó para resolver en febrero o marzo de ese año por el nuevo Gobierno. Ahora está parado.

Hay otras grandes obras programadas por Fomento de presupuestos plurinacionales, sobre todo en la planificación de los AVE, que un Gobierno puede acelerar o frenar a su antojo o conveniencia y que ahora quedan en el aire si no están ya aprobadas, licitadas y adjudicadas.

El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro sigue al día la ejecución del presupuesto aprobado para 2016, aunque aún debe aprobar la liquidación y cierre del de 2015, y tramita por ejemplo las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para que no haya retrasos de pagos en las autonomías. Pero Hacienda debería estar ya estudiando la previsión de techo de gasto presupuestario para 2017, que debe enviar a Bruselas para su supervisión en abril o mayo y que, en caso de repetición de elecciones, entroncaría en plena campaña electoral.

El propio Rajoy prometió, en su campaña electoral, una serie de medidas y beneficios fiscales para familias numerosas, discapacitados, jubilados y distintos colectivos que, naturalmente, han quedado sepultadas en el apartado olvidado de su programa.