El Ayuntamiento de Madrid adjudicó 32 millones a empresas de la Púnica

El Ayuntamiento de Madrid otorgó contratos por valor de 32,4 millones de euros a empresas vinculadas a la trama Púnica, según concluye un informe interno elaborado por la Subdirección General de Auditoría de la Deuda, departamento dependiente del área municipal de Economía y Hacienda. El documento detalla hasta 48 expedientes adjudicados entre 2005 y 2014 a siete compañías y sociedades investigadas por la Audiencia Nacional, así como gastos adicionales derivados de modificaciones en obras e intereses de demora.

Este informe "preliminar", confeccionado a raíz de la aprobación en octubre de una moción presentada por el PSOE en el pleno, supone el primer paso en la investigación interna de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid a las empresas vinculadas a esta trama de corrupción ligada al PP y, según la Fiscalía, "infiltrada" en diversos consistorios y organismos autonómicos de Madrid, Murcia, León y Valencia. El objetivo ahora es someter estos contratos a "un análisis exhaustivo para comprobar la concurrencia o no de hechos que pudieran ser ilícitos", según explica el documento de la Subdirección de Auditoría de la Deuda, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El informe incluye un primer listado con 48 expedientes adjudicados a siete sociedades: Waiter Music; Cofely España; Elyo Ibérica Servicios Energéticos (que comparte datos fiscales con Cofely); Grupo Dico Obras y Construcciones; Super Cash de Alimentación; la UTE Cofely-Velasco; y Obrum, Urbanismo y Construcciones. Estos contratos suman un importe de 24,7 millones.

Aunque, los autores del documento recalcan que "esta cifra debe considerarse con cautela" y detallan que existen partidas adicionales a añadir: como una convalidación de gasto relacionada con el expediente del Programa de Aparcamiento para Residentes (PAR) de Cándido Mateos por valor de 3,3 millones; y modificaciones en la obra para la construcción de un aparcamiento en la ampliación de IFEMA que supusieron el pago de otros 2,9 millones de euros de "principal", así como 1,3 millones en intereses de demora. "De todo ello, resulta, en el ámbito de contratación municipal, un importe de 32,4 millones de euros en gastos asumidos con empresas relacionadas con la trama Púnica en el periodo contemplado", concluye la Subdirección.

"Este primer informe demuestra que existía una vinculación entre el Ayuntamiento y las empresas de la trama. Ahora toca investigar si existieron irregularidades", ha explicado este lunes Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Consistorio, a preguntas de EL PAÍS. El documento aborda las adjudicaciones otorgadas a las sociedades investigadas entre 2005 y 2014, cuando Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (2012-2015), ambos del PP, eran los alcaldes de la localidad.

Eso sí, los socialistas también acusan a Esperanza Aguirre, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidenta del partido en Madrid, de "tener una gran responsabilidad política". Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid hasta 2011 y su mano derecha cuando era presidenta en la Comunidad, es el único imputado del caso Púnica que permanece aún en prisión desde que estalló esta causa en octubre de 2014. Los investigadores consideran al exconsejero como una pieza clave de la trama.

En cambio, David Marjaliza, el presunto cerebro de la trama, abandonó la cárcel de Aranjuez (Madrid) el pasado diciembre, después de reunir la fianza de 100.000 euros exigida por Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional. Granados sigue en la prisión madrileña de Estremera que él mismo inauguró en su etapa como consejero de Justicia.

Comisiones de investigación

El Ayuntamiento estudiará ahora los expedientes recogidos en el informe de la Subdirección, fechado el 26 de enero de 2016. En caso de encontrar indicios sospechosos, se trasladarán las averiguaciones a los órganos judiciales. También, en ese momento, se abrirá una comisión de investigación política en el pleno. A esta fórmula, precisamente, ya ha recurrido la Asamblea de Madrid por las contrataciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), vinculada también al caso Púnica. Y, de hecho, la Mesa y Junta de Portavoces de esta comisión aprobaron hace dos semanas la comparecencia de Esperanza Aguirre. "Como responsable de la Comunidad tiene que venir y explicar qué sabía y que no sabía", incidió entonces la diputada Encarnación Moya (PSOE).

Para elaborar este informe, el Ayuntamiento de Madrid comenzó a investigar 91 contratos por valor de 50 millones de euros, según anunció en octubre la Concejalía de Hacienda, que dirige Carlos Sánchez Mato, que inició entonces un sondeo previo de las adjudicaciones vinculadas a la trama Púnica.