Detenidos al menos tres directivos de constructoras por sobornos a Acuamed

La redada anticorrupción que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha desplegado por un fraude millonario en la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, se ha saldado con la detención de al menos tres directivos de grandes constructoras españolas. Uno de ellos es Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción. La Guardia Civil también ha arrestado, por orden del magistrado, a Justo Vicente Pelegrini, director general del área de Construcción de Acciona Infraestructuras, y a Nicolás Steegmann, presidente y consejero delegado de Altyum.

La Operación Frontino investiga a varias constructoras más que obtuvieron licitaciones de obras públicas de Acuamed entre 2006 y 2012, como Befesa, Aqualia y Copisa. El fraude cometido en los contratos podría ascender a unos 25 millones de euros, según las fuentes jurídicas consultadas, solo en certificaciones falsas de remates de obras.

La operación lleva ya 20 registros y 13 detenciones, entre ellas, las de altos ejecutivos de seis empresas adjudicatarias. Steegmann fue directivo de Trasagua (sociedad estatal creada para ejecutar el fallido trasvase del Ebro), predecesora de Acuamed, la firma estatal protagonista del escándalo. La constructora de Steegmann, Altec Infraestructuras (actualmente llamada Altyum Proyectos y Obras), consiguió un contrato, vía actuación urgente, para desarrollar el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para Campello y Mutxamel (Alicante). La adjudicación se firmó el 11 de junio de 2014 por nueve millones de euros.

Otro de los grandes contratos bajo la lupa de Anticorrupción es la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona), adjudicada a FCC por 155 millones de euros en 2008. La empresa fue la encargada de retirar casi 300.000 toneladas de lodos tóxicos producidos (con presencia de mercurio, compuestos organoclorados y otros metales pesados) por la química Ercros que se estuvieron depositando en el lecho del río Ebro durante décadas.

La investigación se centra asimismo en la desaladora de Torrevieja, en Alicante, que fue adjudicada a una UTE liderada por Acciona Infraestructuras por 297 millones de euros en 2008. Infilco Española, Pridesa Proyectos y Servicios y Romymar también formaban parte de la unión temporal de empresas que consiguió el contrato para construir la planta, hacer la obra de toma y vertido y las conducciones necesarias para transportar el agua a los puntos de entrega. Se trata de la mayor fábrica de agua desalada de Europa. 

Denuncia de un exdirectivo

El exdirectivo de Acuamed que destapó con su denuncia el escándalo, Francisco Valiente, ha declarado este martes en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco y ha ratificado la denuncia que presentó hace más de un año. El directivo aseguró que era conocedor de los delitos que se estaban cometiendo y que no quería ser partícipe de ellos ni resultar involucrado. Tras su denuncia fue despedido del cargo.

La operación, que sigue abierta, afecta a una supuesta trama que desde Acuamed habría adjudicado de forma fraudulenta obras y falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias. La Operación Frontino ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Velasco.

La redada se ha saldado hasta el momento con 13 detenidos y 20 registros efectuados en domicilios de los implicados y en las sedes de esta firma pública en Madrid, Valencia y Murcia. Dentro de Acuamed, empresa pública que se dedica a gestionar obras hidrológicas en la costa mediterránea, los detenidos son  el director general, Arcadio Mateo del Puerto, y la responsable de Ingeniería de la firma, Gabriela Mañueco, además del delgado de la empresa en Alicante. Mateo y Mañueco han sido destituidos este martes.

El Ministerio de Agricultura, del que depende Acuamed, los destituyó por pérdida de confianza y la alarma social generada tras la operación policial.

El juez Velasco investiga en Frontino delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y cohecho; este último porque en las diligencias figuran dádivas pagadas por algunas de las adjudicatarias a exdirectivos y empleados de Acuamed a cambio de las millonarias certificaciones falsas y de las adjudicaciones amañadas de esos contratos.