Nóos acabó con el tabú de la Corona

El caso Nóos, que empieza a juzgarse el 11 de enero en Palma de Mallorca, es el principal obstáculo que ha tenido la Monarquía como institución en España desde su restauración en 1975. El escándalo de los supuestos negocios irregulares de Iñaki Urdangarin realizados a la sombra de la Corona, a través del Instituto Nóos, y la imputación definitiva de su esposa, la infanta Cristina, el 7 de enero de 2014 como supuesta cooperadora necesaria, han sacudido los cimientos de la Casa del Rey y han producido un desgarro en la familia real.

La sólida imagen de la Monarquía se fue torciendo desde que el caso estalló en noviembre de 2011, cuando se produjo el registro en la sede del instituto. Y fue empeorando a medida que Diego Torres, el exsocio de Urdangarin en Nóos, trataba de involucrar a La Zarzuela en el proceso judicial, bien en sus declaraciones ante el juez o mediante la oportuna filtración de correos electrónicos que apuntaban a la Casa del Rey. Torres ha situado a Cristina de Borbón en el centro de las actividades llevadas a cabo por esa entidad sin ánimo de lucro llamada Nóos, parte de cuyos beneficios, según las facturas presentadas por el exsocio, acabaron en la caja de la sociedad Aizoon, propiedad de los entonces Duques de Palma.

En una sociedad escandalizada por la corrupción y marcada por la crudeza de la peor crisis económica sufrida en la España democrática, la sospecha de que un miembro de la familia del Rey hubiese estado logrando adjudicaciones millonarias por trabajos ficticios, o sin contenido, bajo el paraguas de la Casa del Rey resultaba demoledora para la credibilidad de la institución. Siendo, además, estos supuestos negocios irregulares a costa de Administraciones que después han tenido que aplicar severos recortes sobre servicios básicos, como el Gobierno de Baleares, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. De ellas, Nóos recibió casi seis millones de euros, según la fiscalía.

“Ya veremos”

Ante esa situación, La Zarzuela se vio obligada a activar los cortafuegos. El 12 de diciembre de 2011, la Casa del Rey apartó a Urdangarin de las actividades oficiales de la familia real como consecuencia de la investigación a la que estaba siendo sometido. El entonces jefe de la Casa, Rafael Spottorno, lo justificó así: “[El de Urdangarin] No me parece un comportamiento ejemplar”. A la pregunta sobre si doña Cristina también sería excluida, Spottorno respondió: “Ya veremos”.

Muy poco después, el día 29, el yerno de Juan Carlos I fue imputado por malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental, prevaricación y evasión de impuestos. Tan solo cinco días antes, el Rey había deslizado en su mensaje navideño: “La justicia es igual para todos”.

Esas Navidades, Juan Carlos I envió a Fernando de Almansa, que había sido jefe de la Casa del Rey, a Aspen (Colorado), donde se encontraban esquiando Cristina y su marido. De Almansa, acompañado de un alto cargo de Telefónica (de la que Urdangarin era directivo), llevaba el encargo de plantear a la infanta que solo había dos modos de solucionar el problema: divorcio o renuncia a los derechos de sucesión. Cristina no aceptó ninguna de las opciones. Ni siquiera cuando más adelante se lo pidió su padre personalmente.

Los esfuerzos de la Casa del Rey por taponar la hemorragia se mostraban ineficaces: la confianza de los españoles en la Monarquía se derrumbó. La desafección se dispararía más aún con el error que cometió el Rey de irse a cazar elefantes a Botsuana en abril de 2012, justo en medio de la asfixiante incertidumbre que vivía España sobre una posible intervención por parte de la Unión Europea. A partir de ese momento, Nóos y Botsuana (donde también se encontraba la amiga del Rey Corinna Sayn-Wittgenstein), se amalgamaron como un poderoso disolvente.

Desde la Transición, la Corona no había tenido una percepción peor en España. A principios de 2014 los españoles suspendían a la institución con 3,72 puntos sobre 10. Lo que había sido un instrumento clave para rescatar a España del pasado e insertarla a en el futuro, ahora era percibido como una institución gravosa y de dudosa utilidad.

Ese debilitamiento dio alas al sentimiento republicano latente en España. No solo volvieron a casa muchos de los que no siendo monárquicos habían contemporizado con la institución bajo el eufemismo de juancarlistas, sino que, además, con la eclosión de las formaciones políticas surgidas contra el bipartidismo, el republicanismo rebrotaba no ya como una emoción romántica sino como un compromiso radical proactivo.

Frente a ese escenario se precipitó la abdicación, algo que no contemplaba el Rey, para abrir un nuevo escenario con el Príncipe Felipe que oxigenara la institución. “Sin el caso Nóos es difícil que Juan Carlos I hubiese abdicado”, se admite en el entorno del Rey emérito, con la convicción de que todo lo demás hubiese acabado olvidándose. Sin embargo, Nóos había derribado el tabú de la Monarquía que se había forjado en la Transición.

Con la proclamación de Felipe VI, Cristina dejó de formar parte de la familia real, alejando la presión de La Zarzuela. Con todo, el Rey ensanchó aún más el cortafuegos revocando a su hermana el título del Ducado de Palma, que le había concedido Juan Carlos I. La reacción desafiante de la infanta afloró la brecha abierta por un caso que ha fracturado la familia y ha hecho tambalearse a la institución.