Un juez pide detener a 17 militares salvadoreños por asesinar a jesuitas

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ratificado este martes la orden de detención de 17 militares salvadoreños, entre ellos un exministro de Defensa, para poder pedir su extradición a España. El magistrado investiga el asesinato de seis jesuitas —varios españoles— en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA). Velasco ha dado traslado a Interpol de las 17 órdenes.

El 16 de noviembre de 1989, fuerzas del Ejército salvadoreño también asesinaron en el campus de la universidad a otros cinco sacerdotes: a los españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y al salvadoreño Joaquín López y López. También fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

Entre los militares a los que el juez pide detener por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad destaca el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, cuya extradición fue solicitada por España a Estados Unidos, donde cumplía una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio.

El resto son el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vasquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.

Antecedentes

El magistrado ya había pedido, en agosto de 2011, la detención de 20 militares presuntamente implicados en la matanza, pero entonces la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance a la búsqueda y localización, negando la captura y posterior entrega a España. Sin embargo, en agosto de 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema reconoció "el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley".

A través de un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de otro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el juez Velasco tuvo conocimiento de la resolución de la Sala Constitucional en la que "se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de una guerra internacional".

La resolución dictaminaba así que el Estado "en cuyo territorio sucedieron los hechos" está obligado "a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden internacional de detención con fines de extradición emitida por el Estado Español". De este modo, el juez Velasco, a petición de las acusaciones en esta causa, ha decidido reiterar las órdenes de detención.

El pasado 6 de mayo, el Tribunal Supremo reconocía la jurisdicción de los tribunales españoles y, en concreto, de la Audiencia Nacional, para investigar la matanza, tras la reforma de la ley de justicia universal. El Supremo adoptó esta decisión al considerar que el país centroamericano no ha tenido voluntad real de investigar los hechos y, por esa razón, junto a la existencia de víctimas de nacionalidad española, reconoció la competencia de los tribunales españoles en este caso.