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Colegios y sindicatos de enfermería promueven una huelga a la japonesa

La Mesa de la Profesión ha enviado cartas a 247.000 sanitarios para que apliquen a rajatabla el decreto que les impide usar cualquier tratamiento sin que un médico lo avale

Una enfermera en la farmacia del hospital de Bellvitge (Barcelona)
Una enfermera en la farmacia del hospital de Bellvitge (Barcelona)massimiliano minocri

"No debemos aceptar órdenes verbales, y muy especialmente en lo relativo al uso de medicamentos sujetos a prescripción". Esta indicación que ha hecho llegar la Mesa de la Profesión Enfermera (los colegios y el sindicato SATSE) a los 247.000 profesionales de esta tarea sanitaria es la respuesta al real decreto aprobado el 23 de diciembre por el Ministerio de Sanidad en el que se restringía su capacidad de decidir por su cuenta qué fármacos o productos usar o recomendar a los pacientes. Es decir, se trata de una especie de huelga de celo o a la japonesa al seguir a rajatabla la nueva regulación.

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La carta pone como ejemplos de las tareas que ya realiza el personal de enfermería y que, según el real decreto, no van a poder hacer más si no hay una orden por escrito de un médico. Por ejemplo, no podrán "vacunar bajo un calendario o protocolo de vacunación, utilizar o indicar determinadas pomadas para la realización de curas de heridas o úlceras por presión (por ejemplo, las colagenasas)" y tampoco les estará permitida "la utilización de todo tipo de heparinas para el mantenimiento de vías periféricas o centrales". La carta añade que hay, además, "tantas y tantas actuaciones que en el día a día veníamos realizando de forma autónoma o en aplicación directa de protocolos, que a partir de hoy dejan de tener vigencia, en tanto en cuanto no cumplan con lo establecido en el artículo 6 del real decreto".

El objetivo de la Mesa es demostrar que, si no se regulariza una actividad que afirman que realizan desde siempre sin que estuviera regulada, el sistema de atención sanitaria se va a resentir, al sobrecargar de tareas burocráticas a los médicos. De esta manera, además, serán los facultativos —los que más se han opuesto a que se regule el uso y recomendación de medicamentos por los enfermeros— los primeros que sufran las consecuencias del real decreto.  

Precisamente el hecho de que lo que se pida sea aplicar estrictamente la normativa es lo que da tranquilidad legal a la Mesa de Enfermería para proponer esta medida de presión. La justificación oficial es que si no se les permite "realizar las actuaciones, hasta ahora habituales", que desarrollaban "en relación a dichos medicamentos [los que necesitan receta]", podrían "incurrir en intrusismo profesional con las graves consecuencias que ello puede tener". El primero de estos efectos es que "todas las actuaciones que puedan incluirse en lo descrito anteriormente, de realizarse de forma autónoma por la enfermera, estarán excluidas de la cobertura" de su seguro de responsabilidad civil.

En la misiva no se indica una fecha para empezar la huelga de celo. El real decreto establecía que entraba en vigor el día siguiente a la publicación de este en el BOE, lo que supone que rige desde el 24 de diciembre. Fuentes del sector de enfermería afirman que, de momento, se está "calentando motores", y que se hará una campaña después de Navidades.

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El conflicto entre ambos colectivos profesionales se remonta a 2009, cuando el Congreso aprobó una modificación de la Ley del Medicamento que permitía que los enfermeros dispensaran, usaran y recomendaran fármacos (lo que se denominó prescripción enfermera) por su cuenta, siempre que se ajustaran a protocolos ya establecidos en los que había participado un médico. Pero el desarrollo de esta idea, su concreción, no se ha plasmado en un real decreto hasta ahora.

Los enfermeros afirman que se ha hecho a traición. El texto que revisó el Consejo de Estado respondía a esa idea de autonomía limitada. Decía que estos profesionales "podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, mediante la correspondiente orden de dispensación". Pero el real decreto que se aprobó el Consejo de Ministros el 23 de octubre, y que se publicó dos meses después, llevaba un añadido: que el enfermero podría hacer todo eso "siempre que el correspondiente profesional prescriptor [el médico] haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir". Es decir, el personal de enfermería perdía toda capacidad de decidir por sí mismo.

Esto último es lo que, por el contrario, defienden los médicos, ya que a ellos corresponde, según la ley, la prescripción de medicamentos, y el seguimiento del proceso asistencial.

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