El campo de entrenamiento del Ejército del Aire, con permiso de Dios

Caminar por el parque natural de las Bardenas Reales, en el sur de Navarra, es como hacerlo por el escenario de un western. Sin embargo, en este territorio misterioso y sorprendente, conocido como el desierto del norte de España, el único que dispara es el Ejército. Los pilotos militares cuentan aquí desde hace seis décadas con el campo de tiro aire-suelo más grande de Europa occidental. Un lugar polémico (dos sucesos recientes han avivado el debate) y con unos propietarios muy singulares; entre ellos, un monasterio habitado ahora por 12 monjes.

“Es un asunto bastante delicado que nos desborda, hay que andar con pies de plomo y ser prudentes con lo que se dice. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a los aviones”, afirma nada más empezar a hablar el padre Daniel, prior de la Abadía cisterciense de la Oliva, que ingresó en el templo casi al mismo tiempo que abría el acuartelamiento. El paso atronador de los cazas invade a menudo los momentos de oración y descanso de los religiosos, aunque eso no fue obstáculo para que el representante del monasterio apoyara la continuidad del polígono en la última votación celebrada por los dueños, en 2008.

-¿Cómo conjuga el pacifismo de su vida monacal con el respaldo a una zona de entrenamiento del Ejército?

-“Somos hijos de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias”, justifica el fraile.

Además del monasterio, la peculiar lista de titulares de las Bardenas la completan 19 localidades limítrofes, que en su gran mayoría no llegan a 3.000 habitantes, y dos valles pirenaicos situados a casi 100 kilómetros, en la frontera francesa. Desde el siglo IX tienen derechos de uso sobre el terreno por ayudar a los reyes navarros y luego a los Austrias, entre otras cosas, en la Reconquista. Todos ellos forman un ente local que dirige y gestiona el parque natural (42.000 hectáreas) y que, desde 1951, alquila al Estado una parte (2.222 hectáreas) para la instalación militar a cambio de una cantidad de dinero que se ha multiplicado con el paso de los años. “Dentro de la categoría de agrupaciones atípicas, esta es muy particular por su composición, extensión y, sobre todo, por el gran presupuesto que maneja a cuenta del polígono”, apunta Juan Carlos Hernández, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra.

El canon del Estado a los dueños -19 poblaciones, dos valles situados a 100 kilómetros y un monasterio- supone el 10-15% del presupuesto para muchos de ellos

Exactamente, recibe del Estado siete millones al año (en 1951 eran 20.000 pesetas) y a partir de 2019 será el doble, según el acuerdo firmado en 2008 para las siguientes dos décadas (solo uno de los 22 propietarios votó en contra). Cada dueño ingresa 195.000 euros anuales, equivalentes nada menos que al 10-15% del presupuesto en muchas localidades y hasta al 30% en el valle del Roncal. “Sin este canon, no nos quedaría más remedio que aumentar la mensualidad que pagan los ancianos en la residencia y reducir la partida para planes de empleo”, detalla el alcalde de Fustiñana, Juan Antonio Sola (UPN). Calles, plazas, frontones, piscinas, servicios sociales y hasta una capilla interior en el monasterio… todo ello se ha ido pagando con estos fondos. “El dinero no le viene mal a nadie”, sentencia con mucho pragmatismo terrenal el padre Daniel.

Además de la motivación económica, los dueños explican las sucesivas renovaciones por el miedo a la expropiación, ya que un real decreto aprobado por el Gobierno de Aznar en 2000, en un momento de gran contestación, permite la intervención del Estado si este ente local se niega a firmar más prórrogas. Aquellos años de principios de siglo fueron los de mayor tensión por este asunto, con “amenazas” y “presiones” de la izquierda abertzale, como han relatado a este periódico varios representantes públicos. “A mí me metieron papeles por debajo de la puerta de casa y recibí llamadas con insultos”, recuerda el regidor de Fustiñana.

Dos accidentes ocurridos en 2015 con población civil afectada han avivado la polémica

El campo de tiro siempre ha generado, cuando menos, cierta incomodidad entre los políticos (también en la derecha) y, con más o menos intensidad, el debate en la calle y en las instituciones es recurrente. Nunca ha habido consecuencias graves para la población más allá del ruido (las cifras oficiales hablan de 13 muertos militares en 11 siniestros; los detractores triplican la cantidad de accidentes), pero dos sucesos recientes han avivado la polémica. En marzo, a una pareja que paseaba por los exteriores de la zona militar le cayó a solo 50 metros, según la Policía Foral, dos bombetas no explosivas, aunque el Ministerio de Pedro Morenés niega los hechos y ofrece una llamativa “hipótesis”: entró en la zona de blanco, movió un proyectil de sitio, y luego llamó al 112 y a la prensa para buscar notoriedad. Y en julio, esta vez sin dobles versiones, se produjo el primer herido civil: un hombre sufrió contusiones leves en un omoplato después de que una bala del mismo tipo disparada por un helicóptero Superpuma rebotara, saliera de los límites del polígono e impactara en su coche.

El Gobierno navarro de Uxue Barkos pidió el cierre nada más llegar al poder, pero con nulo éxito

El nuevo Gobierno navarro de Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, el primero abiertamente contrario, exigió el cierre por tierra, mar y aire (incluso al Rey), pero hasta ahí llegó su capacidad de oposición porque la Administración no es la propietaria del lugar. “Los dos últimos sucesos demuestran que las instalaciones se han quedado pequeñas y que hay mucho ocultismo en lo que se lanza”, advierte Milagros Rubio, una veterana activista que lleva 30 años al frente del movimiento antipolígono. En la idea del ocultismo también abunda Jesús Mari Mar Iturbide, alcalde durante ocho años de Rada, una población cercana al campo militar que, sin embargo, no recibe ni un euro por no ser uno de los 22 dueños: “Trabajé cinco años al lado del polígono y de lo que ocurre dentro la gente nos enteramos poco. En uno de los últimos accidentes, a los pocos minutos tenían todo acordonado y no te podías ni acercar. En un día y medio ya estaba todo limpio y nada más se supo de lo que había pasado”.

Una vez dentro del parque natural, ocho kilómetros de zigzagueo por una estrecha carretera conducen a la puerta de entrada. EL PAÍS ha solicitado varias veces asistir a una jornada de prácticas, pero Defensa ha rechazado la petición. El Ministerio asegura que es el campo de tiro aire-suelo más grande de Europa Occidental (solo algunos países del Este, Norteamérica y el norte de África tienen uno similar) y que, salvo una vez al año, los pilotos nunca bombardean con fuego real, sino con bombetas no explosivas (conocidas en el argot militar como ladrillos).

2008 parecía que iba a ser el momento del desmantelamiento. En la renovación de 2001, la Administración central se comprometió a encontrar en siete años una nueva ubicación; pero poco antes de expirar el plazo la ministra de Defensa de entonces, Carme Chacón, que cuatro años antes había reclamado junto a todo el PSOE el cierre, defendió que las instalaciones eran "imprescindibles". "No nos quedó más remedio que renovar; si no, nos expropiaban", explica el presidente de la Junta que agrupa a los propietarios, Julián Isla.

Alejado de toda polémica, a medio kilómetro del acuartelamiento se encuentra la cabaña del último ganadero que todavía vive en esta Reserva de la Biosfera (el polígono queda fuera de esta calificación), ya con apenas un centenar de ovejas a su cuidado. “A mí me molestan más los turistas y las motos que los aviones”, protesta este hombre de 84 años, un poco harto de periodistas preguntones.