El excalcalde de Arona, acusado de prevaricación y tráfico de influencias

Tras una instrucción de más de 10 años, este miércoles se ha celebrado la primera sesión del juicio por el denominado caso Arona. La causa sienta en el banquillo de los acusados al exalcalde de Arona José Alberto González Reverón (Coalición Canaria) y al que fuera concejal de Urbanismo Antonio Sosa, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Los hechos supuestamente se produjeron durante lo casi 10 años en los que González Reverón estuvo al frente de este Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La fiscalía pide tres años de prisión y 35 de inhabilitación para el exregidor. Esta es la primera pieza del caso de corrupción más importante de los acaecidos en Canarias, junto con el de la compraventa de la plaza de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos delictivos que se le imputan al exalcalde de Arona son: no paralizar la obra ilegal de un hotel, aun sabiendo que se estaba llevando acabo y por lo que después obtuvo varias prebendas, como ser alojado como cliente VIP; la concesión de más de 200 licencias de obras ilegales; contrataciones a dedo y cobrar dinero público de forma arbitraria. La magnitud de la trama de corrupción obligó al juez instructor, Nelson Díaz, a separar el caso en cuatro piezas. El próximo mes de enero se celebra el juicio por las causas restantes.

La fiscalía solicita tres años de prisión y 35 de inhabilitación, más una multa de 22.500 euros por prevaricación continuada, prevaricación urbanística continuada y tráfico de influencias continuado. En total, el Ministerio Público solicita penas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación para el exalcalde, para ocho concejales del Ayuntamiento de Arona, para tres funcionarios, para un guardia civil, para tres arquitectos y para un empresario.

La trama de corrupción se fraguó, presuntamente, durante el mandato de González Reverón desde el 2003 al 2007, aunque el edil permaneció en el puesto hasta que fue condenado en firme por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por contratar en el Ayuntamiento a dedo a dos personas de su entorno sin sacar las plazas a concurso público, en noviembre de 2013. La pena impuesta fue de cuatro años y medio de inhabilitación por la comisión de un delito de prevaricación, hecho que acabó con su carrera política.