El Supremo rechaza indemnizar a un fabricante de bombas de racimo

El Tribunal Supremo rechaza que el Gobierno deba indemnizar a la empresa española Instalaza por la prohibición de fabricar bombas de racimo decretada en 2008. El alto tribunal ha dado la razón al Estado en contra de la petición de la empresa, una de las grandes fabricantes mundiales de bombas de racimo, que reclamó una compensación económica por las pérdidas que le había ocasionado el veto a este armamento.

España fue uno de los más de 100 países que, en mayo de 2008, firmaron en Dublín un tratado para prohibir el uso de bombas de racimo. El Gobierno español, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó meses después una moratoria sobre el uso, producción, almacenamiento, compra o transferencia de este armamento y ordenó destruir las que ya estuvieran fabricadas. La empresa Instalaza, de la que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue consejero antes de entrar en el Gobierno, tenía en su catálogo el modelo de bombas de racimo MAT-120, que supuestamente empleó el Ejército libio de Muamar Gadafi contra la población civil de este país.

Instalaza reclamó al Gobierno 40 millones de indemnización en concepto de “daño emergente y lucro cesante”. En septiembre de 2011, el Consejo de Ministros rechazó la petición de la empresa y esta decidió llevar el asunto a los tribunales. La Audiencia Nacional, en octubre de 2013, volvió a dar la razón al Estado y sus argumentos han sido confirmados ahora por el Supremo. “El acuerdo del Consejo de Ministros no tiene por objeto una privación específica de derechos de la empresa y sí la modificación del régimen existente por otro más acorde con la protección de la vida humana y el derecho internacional humanitario”, señalan los jueces.