El Gobierno atribuye el éxito de operaciones al pacto antiyihadista
El 5 de diciembre entrará en vigor la reforma legal que permitirá interceptar mensajes por Internet para controlar el reclutamiento y adiestramiento de posibles terroristas
El pacto antiyihadista que firmaron PP y PSOE el pasado mes de febrero incluía la referencia concreta a la reforma de dos leyes para luchar contra este tipo de terrorismo: el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La primera entró en vigor el pasado 1 de julio y, según Justicia e Interior, ha servido para perseguir nuevas conductas terroristas y la segunda se aplicará el 5 de diciembre para poder interceptar comunicaciones en la lucha contra el yihadismo.
El pacto antiyihadista que firmaron el PP y el PSOE no solo hacía una declaración de intenciones frente al terrorismo, sino que daba a las fuerzas de seguridad y a la justicia instrumentos para actuar. Fuentes de Interior y de Justicia aseguran que esos instrumentos ya han servido para facilitar operaciones antiyihadistas y lo harán más aún cuando terminen de entrar en vigor en las próximas semanas. Por ejemplo, cuando culminen esas reformas será posible detectar a potenciales terroristas que son reclutados y adiestrados a través de Internet.
Así, el acuerdo hablaba en su punto tercero de “impulsar las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. En este sentido, las modificaciones a incorporar en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal han de permitir fortalecer las garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía y la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo”. Esa reforma legal entrará en vigor el próximo 5 de diciembre y servirá para que las fuerzas de seguridad, con autorización judicial, puedan intervenir comunicaciones de Internet o de otras nuevas tecnologías.
Medidas que parten del pacto
El Código Penal incluía el castigo por recibir adoctrinamiento militar con la finalidad de perpetrar actos de terrorismo.
Se penaliza la autocapacitación con fines terroristas mediante el acceso a páginas que sirven de adiestramiento.
Se tipifica el desplazamiento a un territorio extranjero controlado por una organización terrorista, con el fin de colaborar con ese grupo.
Se considera que terrorista es quien cometa un delito terrorista, pertenezca o no a una organización. Es decir, se desvinculaban los tipos de terrorismo del delito de terrorismo.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la interceptación de comunicaciones virtuales por orden judicial.
Se establece un plazo máximo de tres meses prorrogables por el juez para interceptar las comunicaciones.
Se regula la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización.
Se legisla sobre el registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo y el registro remoto de equipos informáticos.
Se permite el agente encubierto informático y el uso de troyanos (virus espías), con control judicial, para controlar el intercambio de archivos que puedan ser utilizados para el adiestramiento o captación de terroristas.
El Gobierno explica que, de esa forma, se podrá perseguir a quienes reciban adiestramiento terrorista a través de las redes. La norma, que fue aprobada definitivamente en septiembre, sustituye la anticuada regulación sobre comunicaciones que, por ejemplo, solo hablaba de teléfonos de línea tradicional y se aplicaba a móviles por analogía.
Agente encubierto
Esa norma, mencionada expresamente en el pacto, incluye novedades como el agente encubierto informático que puede rastrear redes de adiestramiento en Internet. La otra ley mencionada expresamente en el acuerdo era el Código Penal. La nueva regulación, pactada entre PP y PSOE, entró en vigor el 1 de julio y persigue la captación y adiestramiento de activistas, así como de aquellos que se desplazan a lugares donde se preparan estas actuaciones terroristas, por ejemplo, Siria y Libia. El pacto hablaba expresamente del “adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas”.
Esa reforma, según Interior, ya ha permitido detener a casi una veintena de posibles activistas. Ese acuerdo entre los dos partidos incluía la salvedad polémica de la aplicación de la prisión permanente revisable, asimilable a la cadena perpetua. El PSOE firmó el acuerdo pero rechazaba esa medida concreta, entre otras cosas, porque el aumento de las penas a terroristas dispuestos a inmolarse no es disuasorio.
La dirección del PSOE explica que sí ha servido para combatir el yihadismo el haber tipificado nuevas conductas que han permitido practicar detenciones en los últimos meses. La tesis de Podemos es, precisamente, que el Código Penal no sirve para combatir el terrorismo. Y Ciudadanos calificó el acuerdo en febrero de “propagandístico y partidista” y ahora han pedido firmarlo.
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