Junta y Ayuntamiento de Marbella buscan cómo salvar el urbanismo
Las dos Administraciones apuestan por una normativa “transitoria” hasta el nuevo plan
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella quieren transmitir unidad y celeridad en la crisis que han provocado las tres sentencias del Tribunal Supremo que anulan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, que llegan cuando varios sectores certifican la reactivación urbanística en el municipio. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se ha reunido este lunes con el alcalde marbellí, el socialista José Bernal, encuentro que ha servido para plasmar esa imagen de coordinación y constituir una comisión de seguimiento que evalúe la situación y fije cuáles son los próximos pasos.
Las actuaciones de las dos Administraciones trascienden el plano político con la creación de una mesa técnica que decidirá cuál es la herramienta “transitoria” más útil para evitar el bloqueo del urbanismo mientras se elabora un nuevo plan. El documento de referencia en el municipio vuelve a ser el PGOU de 1986, pero se busca una normativa de transición que garantice las inversiones y “el día a día” hasta que se redacte y apruebe un nuevo plan, ha dicho el alcalde tras la reunión. Este órgano estará coordinado por la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, y el secretario general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez.
Se desconoce, de momento, cuál será ese mecanismo, cuándo estará operativo y cuándo comenzará la redacción de un nuevo PGOU, aunque el asunto se abordará de inmediato. “Es una prioridad para la Consejería, porque no estamos hablando de un municipio más, sino de Marbella, la Costa del Sol y de algo que pueda ser un ejemplo”, ha destacado Fiscal.
El Ayuntamiento ha pedido este mismo lunes al Tribunal Supremo una aclaración de sentencia. Se estudia, además, interponer un incidente de ejecución para que se aclaren algunas cuestiones. Una de las dudas que existen es qué pasa con las órdenes judiciales de demolición que pesan sobre algunas edificaciones ilegales, regularizadas por el anulado PGOU de 2010 y el sistema de compensaciones que se estableció para la normalización de hasta 16.500 viviendas construidas durante la era GIL fuera de planeamiento.
Las resoluciones del Supremo han desconcertado a las Administraciones y preocupan a los promotores, motivo por el que Fiscal, Bernal y el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, se han reunido también este lunes con representantes del sector empresarial para explicarles la hoja de ruta que se ha diseñado sobre el asunto.
Según el consejero, no se descarta ni se da nada por hecho para intentar abordar la situación. Una de las posibilidades que ha citado es plantear una normativa con rango de ley que permita afrontar la situación de las 16.500 viviendas irregularidades que vuelven a quedar en el limbo tras la anulación del PGOU.
El Ayuntamiento de Marbella ha establecido una agenda de trabajo para los próximos días que incluye encuentros con colectivos empresariales, expertos en urbanismo, arquitectos y promotores, además de la apertura de una oficina de atención a los inversores.
Mientras la Junta y el Ayuntamiento han fijado las primeras líneas de actuación para hacer frente a la crisis que han abierto las sentencias del Supremo, el parlamentario andaluz del PP y concejal en Marbella, Félix Romero, ha pedido al Gobierno andaluz que impulse un instrumento legislativo que evite la ejecución de las sentencias de demolición que existen sobre algunas viviendas irregulares. El PP estaba en el gobierno local en 2010, cuando se aprobó el PGOU, y Romero ha justificado que no se respondiera a esas órdenes de ejecución de los tribunales porque existía un plan que amparaba los inmuebles. El edil ha reclamado “cobertura legal y jurídica” para los compradores de buena fe.
