Recrear España

Tres lustros después de haber culminado su descentralización administrativa, España suma derrota tras derrota en la guerra que libra contra sí misma. ¿No eran aires vencidos los que hacían flamear las banderas en el desfile militar del pasado 12 de octubre? Boicoteada por los Gobiernos nacionalistas catalán y vasco, reprobada abiertamente o desdeñada por buena parte de la izquierda radical, se diría que la fiesta nacional española ha batido este año su marca de ajenidad y desafección interior. Una mezcolanza de fracaso, irritación y malestar acampa desde hace tiempo en las estancias más conscientes del Estado y vaga por la geografía humana del país sin que la perspectiva de la recuperación económica consiga borrarla.

La amenaza catalana de secesión-amputación de España encuentra a un Estado resquebrajado en sus fundamentos, atacado por el déficit de legitimación, falto de la argamasa y el vigor constitucional necesarios para reagrupar las voluntades y mantener bajo el mismo techo a sus habitantes y territorios.

"La Constitución de 1978 no ha pasado la prueba de fuego. Ahora no es capaz de asegurar el equilibro entre los principios de unidad y autonomía. No ha logrado dar una respuesta a las ansias de autogobierno y tampoco ha podido resistir a la visión centralizada del Estado", constata el letrado de las Cortes de Aragón José Tudela, secretario general de la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. En 10 años, los constitucionalistas españoles han pasado de la complacencia al abatimiento, de la sensación de éxito a la de fracaso. "Forma parte de nuestra maldición histórica trocar los triunfos en derrotas, negar nuestros aciertos, sacarles brillo a nuestros errores y alimentar lecturas negativas sobre nosotros mismos. Así que esta es una historia muy española", constata con amargura el mismo José Tudela.

Hay un toque de alarma y mucha inquietud en las reflexiones y estudios para una reforma constitucional que vienen multiplicándose en los últimos tiempos. En conexión o no con los partidos, PSOE, Ciudadanos, Podemos, UPyD… decenas de especialistas están volcados en esta tarea, conscientes de que el tiempo apremia y que el margen de maniobra para una reforma integradora se estrecha más y más. Ha quedado atrás la época en la que las direcciones de los grandes partidos se asomaban recurrentemente al problema y tras ponderar los riesgos de "abrir el melón constitucional" desistían de toda intervención. "Las constituciones se actualizan periódicamente con reformas parciales para acomodarlas a la realidad o terminan siendo hijas de la catástrofe", apunta Juan José Solozabal, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Para no faltar a esa cita con la historia, es la catástrofe, en efecto, la que ha acabado llamando a la puerta de la reforma.

Inmovilismo letal

La desafección hacia el modelo de 1978 ha llegado a su punto crítico

Hace tres años, un nutrido grupo de constitucionalistas ya dio un serio aldabonazo, pero su aviso cayó en saco roto pese a que la idea de encauzar las dinámicas territoriales y regenerar la democracia contaba con el apoyo de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), Rosa Díez (UPyD) y Gabriel Elorriaga (PP), entre otros. En la España de la crisis económica y la corrupción, el inmovilismo ha resultado letal para los intereses generales de la cohesión social, política y territorial porque, en tan corto período, el nacionalismo catalán se ha hecho independentista y ha arrastrado a prácticamente la mitad de la población a un callejón sin salida. En esos pocos años, la desafección hacia el modelo surgido en la Transición y su clase política ha alcanzado el punto crítico que explica la eclosión en el seno de la sociedad española de partidos alternativos al bipartidismo.

"Una reforma a tiempo habría evitado el desastre catalán y nos habría ahorrado el choque directo que se avecina", se lamenta Francisco Rubio Llorente, expresidente del Consejo de Estado y exmagistrado del Tribunal Constitucional. Dice el insigne jurista que la reforma sigue siendo indispensable pero que, consumado el primer acto del desastre catalán, ha dejado ya de ser tan urgente. Lo que sí urge es que los partidos españoles transmitan a los desasistidos ciudadanos catalanes no independentistas el mensaje nítido de que están dispuestos a replantearse el sistema y a hacer un gran esfuerzo colectivo por integrar a la mayoría de su comunidad. "El precio a pagar por encontrar una salida razonable al problema de Cataluña será ahora mucho más alto de lo que podía haber sido. Se ha perdido la oportunidad de evitar un proceso doloroso y complicado y asusta ver que la pelota esté en el tejado de los políticos", abunda Thomas B. Stehling, director para España y Portugal de la Konrad-Adenauer-Stilftung, fundación alemana que lleva tiempo estimulando en nuestro país el debate sobre la reforma.

José Tudela opina que el Estado federal es la vacuna contra la secesión

Dice el socialista Diego López Garrido, exsecretario de Estado para la UE y vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que los españoles no entienden por qué casi la mitad de los catalanes quiere irse de España. Tampoco buena parte de la opinión pública y de la clase política ha llegado a asumir que el Estado de las autonomías conlleva el proyecto de Estado federal, pese a que los especialistas subrayan que la cultura federal es ahora la única opción. De acuerdo con la definición de Juan José Solozabal, "el federalismo consiste en la renuncia de las partes a la autodeterminación a cambio de autogobierno y la participación en las decisiones comunes. La federación frena el nacionalismo de Estado y asume el pluralismo en sus símbolos y su modelo de legitimación". También José Tudela cree que el sistema federal es la respuesta más coherente a la diversidad y la mejor vacuna contra la secesión. "Estamos ante una quiebra institucional y una quiebra del propio régimen político, pero la reforma es muy difícil porque el pueblo no la quiere", asevera Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y exeurodiputado de UPyD que colabora con Ciudadanos. Y es que el genérico apoyo popular a la reforma —superior al 60%, según algunas encuestas—, y el relativo consenso técnico alcanzado por grupos de constitucionalistas ideológicamente heterogéneos no resuelven por sí solos la disparidad o el antagonismo de perspectivas e intereses con que las fuerzas políticas enfocan la cuestión.

¿España será un sistema federal? ¿Se sustituirá la circunscripción electoral de la provincia por la de la comunidad autónoma? ¿Qué hacer para evitar la partitocracia? ¿Existe el derecho a la secesión? ¿Cataluña y Euskadi pueden llamarse naciones? ¿Habría que facilitar el referendo en Cataluña, regular el indulto y el uso y abuso del decreto ley, introducir la ordinalidad financiera —principio, según el cual, la disponibilidad de gasto público por habitante en una comunidad, tras la contribución a la solidaridad, no debe ser inferior al de otra comunidad con menores ingresos fiscales—, modificar el reglamento parlamentario, abordar la cuestión monarquía-república, incluir una disposición adicional que ponga de relieve la singularidad catalana? ¿Cómo evitar que el régimen foral vasco y navarro se convierta en privilegio?

Por mucha confianza que se ponga en la alquimia jurídica, parece claro que España tendrá que abordar la cuestión catalana de forma eminentemente política y convencer a la mayoría de ciudadanos de esa comunidad de las ventajas de permanecer juntos implica una revolución general de las mentalidades, asumir consecuentemente la pluralidad del Estado, sustituir la visión de la España radial centralizada por la reticular, implicar a las partes en la gobernación del todo, ver en la diversidad territorial, cultural y lingüística riqueza colectiva y motivo de orgullo, tal y como acaba de enunciar el Rey. A cambio, el sistema debe asegurar que la pluralidad sea igualmente defendida en las comunidades, que los nacionalismos respeten las reglas de juego y acepten que España, además de Estado, es también una nación, la "nación de naciones" que establece la Constitución cuando integra el término "nacionalidades".

El nacionalismo español

¿Sucumbirán los españoles a sus viejos demonios y permitirán que el proyecto que les ha dado casi cuatro décadas de progreso y democracia desemboque en un fracaso colectivo? ¿Su vieja tendencia a la autodestrucción y a las emociones fuertes acabará por hacer descarrilar esta gran empresa centenaria de la convivencia? El nacionalismo español debería ser consciente de que en el empeño por negar la realidad y cerrarse a otras formas de convivencia puede quedarse sin Estado español. Frente al pesimismo sustentado en los déficits culturales y políticos de profundas raíces históricas que arrastraría este país, se alza la evolución misma de la sociedad española, tolerante, solidaria, dinámica y tan extremadamente capaz que ha sabido reconvertirse, adaptarse y salir a flote de la brutal crisis económica que ha padecido.

El precio por encontrar una salida a Cataluña es ahora más alto

Dicen los juristas que la clave de la reforma es vincular la renovación general del sistema a una nueva manera de hacer política y convencerse y convencer de que, en los tiempos que corren, la unidad del Estado no tiene por qué ser un objetivo patriótico sustentado en ideologías periclitadas sino el marco más adecuado para sumar esfuerzos y obtener provecho y beneficio, el espacio que en el mundo contemporáneo garantiza mejor los derechos ciudadanos, la solidaridad y la competencia internacional. "El problema catalán es, en realidad, el problema español de la estructura territorial del Estado; es decir: el problema del reparto del poder. La cuestión es si debe quedar concentrado en el vértice de la pirámide, que es la capital del Estado, o ha de distribuirse en red por todo el territorio. Es una pelea entre las élites, no entre las gentes", sostiene el abogado catalán Juan-José López Burniol. Salvar la situación, recrear una nueva España, requerirá seguramente mucho más que trasladar el Senado a Barcelona, el Tribunal Constitucional a Sevilla y la estrategia industrial a Bilbao, por ejemplo.

¿Hay que refundar España como proponen algunos o esa es una palabra tan grande y pesada que puede aplastar los consensos posibles y hacer que el proyecto de reconstrucción constitucional se venga abajo? El expresidente de la Confederación Suiza y del Forum de Federaciones internacional Arnold Koller, advierte de ese peligro: "Cuando se acomete una reforma total el riesgo de fracaso es enorme". Los expertos se inclinan por un proceso escalonado de reformas que vaya de los consensos sencillos a los complejos. "No reformar sería un suicidio pero hay que hacer una intervención parcelada, tan prudente como valiente. Tenemos que pactar un mínimo común denominador", apunta Javier García Roca, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid que ha coordinado el informe Pautas para una reforma Constitucional, elaborado por una veintena de constitucionalistas. "Hay que acertar en el procedimiento y los contenidos pero sin dejarse atenazar por el miedo al fracaso", subraya Alberto López Basaguren, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.

A la hora del diagnóstico, es obligado preguntarse por qué los nacionalismos viran a la independencia tras haber conseguido un reconocimiento y autogobierno como nunca en su historia y por qué el sistema ha sido gangrenado por el ánimo partidista que ha colonizado las instituciones, empobrecido el debate político y alfombrado la corrupción y el clientelismo. "Hemos acumulado las no reformas y ahora la casa muestra un grado de deterioro muy preocupante. Resulta asombroso que las comunidades no hayan llegado siquiera a discutir un asunto como la anunciada declaración unilateral de independencia de Cataluña que les afecta tanto y tan directamente", señala Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional en la universidad de Barcelona. Es de los que piensan que las comunidades deberían desempeñar un papel protagonista en la reforma. Una de las grandes carencias de la Constitución es, precisamente, que no ha logrado crear la sala de estar en la que reunir a las autónomas. Transformar el Senado en una verdadera cámara territorial, conforme a un modelo federal avanzado, modificar el sistema de representación electoral —las listas cerradas y bloqueadas son una rareza en Europa—, despolitizar a los altos tribunales, estabilizar el sistema de financiación autonómica según los principios de equidad e igualdad y reformular y deslindar con claridad las responsabilidades del Estado y de las comunidades, son algunos de los objetivos potenciales de la reforma.

El PP es la pieza que falta en el tablero de la reforma aunque Mariano Rajoy está dispuesto a dar un primer paso tras las elecciones generales. Y falta, por supuesto, el concurso del secesionismo, enemigo natural del federalismo. ¿Qué ha sido de aquellos federalistas catalanes que pregonaban que en el resto España no había rastro de cultura federal? Muchos, bastantes, se han pasado al independentismo, pero ¿quedan los suficientes como para cubrir un tramo, al menos, de ese largo y complejo puente de entendimiento que necesita España?